Expulsan a residentes de moteles que anteriormente eran desamparados para hacer espacio para personas sin vivienda
El propietario era un motivado vendedor y el condado de Los Ángeles un comprador ansioso. El fideicomiso se cerró el martes en lo que habría sido la décima compra del Condado bajo un programa estatal para convertir hoteles y moteles que sufren el impacto debido a la pandemia de COVID-19 en viviendas para personas sin hogar.
Luego, la historia de las buenas noticias se volvió complicada cuando activistas, incluidos abogados que representan a algunos de los ocupantes del motel, llegaron al Condado el viernes con una queja impactante: la administración del motel Studio 6 en Commerce estaba bloqueando a los residentes que habían vivido allí durante meses o incluso años, forzando a algunos a quedarse sin hogar desprovistos de los beneficios de reubicación a los que tenían derecho según la ley estatal.
La situación se volvió polémica durante el fin de semana cuando los activistas se reunieron en la entrada en apoyo de una docena de residentes restantes y la administración instaló una cerca en el camino estrecho hacia el estacionamiento para mantenerlos fuera.
Esta semana, los activistas continuaron su vigilia fuera de la cerca, gritando apoyo a los residentes, que incluían una madre soltera con tres hijos y una familia de tres generaciones con una abuela discapacitada que dijo que pasó tres días en su auto después de haber sido bloqueada.
Cogido por sorpresa por la explosión, el Condado aplazó el cierre del depósito en garantía hasta el 17 de diciembre y envió a su asesor de reubicación de regreso al motel para determinar si algún ocupante había establecido un arrendamiento legal y fue desalojado ilegalmente y se le negaron los pagos de reubicación.
Los términos de la venta requieren que el propietario entregue el edificio sin ocupantes, y el Condado pagaría cualquier beneficio de reubicación adeudado, dijeron las autoridades.
Un empleado de la recepción que contestó el teléfono en el motel dijo que el gerente, identificado por los residentes como el Sr. Patel, no estaba disponible. Pero el trabajador, Harry Bacta, negó que los huéspedes hubieran vivido en el motel como residentes permanentes. Aseguró que todos fueron notificados cuando se registraron que el 3 de diciembre sería su último día.
“Algunos de ellos son como huéspedes habituales que se van y vuelven de vez en cuando”, expuso Bacta. “Ninguno de ellos es un huésped a largo plazo”.
Los funcionarios del Condado dijeron que trabajaron arduamente durante el fin de semana para estabilizar la situación, pero aún no han determinado cuántos de los ocupantes, si es que hay alguno, tienen derechos de inquilino.
“Actualmente estamos trabajando en colaboración con las organizaciones de defensa que se dieron cuenta de la situación para asegurarnos de que nadie sea desplazado del hotel a la falta de vivienda y para garantizar que cualquier persona que tenga la condición de inquilino reciba todos los derechos y beneficios a los que tienen derecho”, dijo Phil Ansell, director de la Iniciativa para Personas sin Hogar del Condado.
El consultor de reubicación de inquilinos, OPC, está entrevistando a los ocupantes del hotel y a otras personas que reclaman el alquiler.
El consultor de reubicación determinó en su evaluación inicial que solo el administrador del lugar calificaba para el arrendamiento. Durante las negociaciones del contrato, el propietario hizo creer al Condado que no había huéspedes que se hubieran quedado cerca de 30 días, dijo Ansell.
Varios residentes le dijeron al Times que habían estado pagando el alquiler con regularidad, ya sea con sus propios recursos o con la ayuda del gobierno.
Agregaron que el gerente no les proporcionaba los recibos y con frecuencia les imponía multas injustas.
La cuestión de quién califica como inquilino podría depender de un matiz de la ley estatal. Si una persona vive en algún lugar por más de 30 días, se le considera un inquilino con una letanía de derechos otorgados a través de la ley estatal y federal, incluidas las protecciones de desalojo, expuso Navneet Grewal, abogado de Disability Rights California que ha estado ayudando a algunas de las personas que se quedan en el Studio 6. A menudo, dijo, los moteles residenciales obligan a la gente a irse justo antes de cumplir los 30 días para que no califiquen para las protecciones.
Esto a veces se conoce como la “mezcla de 28 días” y está prohibido por la ley estatal, señaló.
Las agencias de servicios sociales utilizan numerosos hoteles y moteles para albergar a algunos de los más pobres y vulnerables del Condado, varios de los cuales reciben vales para subsidiar su estadía. Las habitaciones son un salvavidas para muchos que de otro modo estarían en la calle.
Varios de los inquilinos dijeron que tenían una residencia bien establecida en el edificio.
“Me mudé aquí [en] agosto de 2019”, dijo Genevieve Marilyn Green. “Recibo correo aquí”.
Green comparte una unidad con tres bebés y niños pequeños con asistencia de alquiler a través del programa Family Solutions del condado de L.A.
Agregó que estaba trabajando con una agencia para personas sin hogar para encontrar una vivienda permanente, pero que tuvo que rechazar una nueva casa para ponerse en cuarentena después de contraer el coronavirus.
“Se suponía que íbamos a estar aquí dos o tres meses y que íbamos a estar alojados”, destacó Mikki Morris, de 65 años, que vive con dos hijos, uno de ellos gravemente discapacitado y se desplaza en un andador. “La pandemia lo hizo imposible. Estábamos atrapados aquí”.
Morris dijo que la gerencia manipuló e intimidó a muchas de las más de 30 familias que alguna vez vivieron allí para que se fueran.
“Nos mintieron, manipularon, engañaron, todo lo que puedas imaginar”, manifestó.
Hope Golden, de 55 años, que usa muletas, dijo que ella, su hija, su yerno y su hijo de 2 años no reciben asistencia para el alquiler y están al día con el pago de la renta.
Pero cuando regresó del banco el 30 de noviembre, la dejaron fuera de su habitación y sus pertenencias personales se habían ido.
Dijo que hizo un informe policial y durmió tres noches en su auto en el estacionamiento.
“No tengo ningún lugar a donde ir”, expuso su yerno, Amis Streeter, quien dijo que perdió su trabajo en Universal City debido a la pandemia. “Necesito mis cosas. Sacaron todas mis pertenencias. No sé dónde están”.
Lucía Veloz, de 40 años, había trabajado como ama de llaves en el motel desde 2018, pero fue despedida en octubre después de lesionarse la espalda. Recordó haber conocido a familias, algunas de las cuales habían vivido allí durante tres años, apiñadas en habitaciones pequeñas como último recurso. Todos los meses, la gerencia les decía que tenían que irse al menos un día. Fue entonces cuando Veloz limpió sus habitaciones.
“Muchas de estas familias no tienen a dónde ir. Es por eso que están allí para empezar”, dijo en español. “Me siento fatal porque perdieron su casa y yo perdí mi trabajo”.
Veloz ahora está luchando como estas familias: con la ayuda del gobierno y sin saber cómo pagará las facturas. Ella aún sigue sin empleo y recuperándose del COVID-19, que enfermó a varios miembros de su familia.
Heidi Marston, quien encabeza la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, dijo que este problema llegó al radar de su equipo el viernes por la noche cuando los funcionarios del Condado pidieron apoyo para encontrar lugares para quedarse para la gente desplazada. Les dijeron que dos personas y una familia se alojaban en el estacionamiento y necesitaban ayuda.
Pudieron llevar a la familia a un motel.
El condado de Los Ángeles está pagando $14.95 millones por el motel de cuatro pisos y 81 habitaciones. Se encuentra junto a una gasolinera en un ruidoso triángulo de tierra encajado entre la 5 Freeway y East Slauson Avenue, una ruta de camiones muy transitada.
Cuando se cierre la venta, será el décimo edificio comprado por el Condado bajo el Proyecto Homekey, un programa estatal que proporciona fondos para que las ciudades y los condados alberguen rápidamente a miles de personas sin hogar mediante la compra de moteles y hoteles que están debilitados financieramente por la pandemia.
La ciudad de Los Ángeles está comprando 10 hoteles adicionales bajo el mismo programa.
Actualmente, dos de los hoteles del Condado están alquilados a Project Roomkey, otro programa estatal para proporcionar alojamiento temporal a personas sin hogar durante la pandemia.
Studio 6, propiedad de una empresa llamada Anmol, no participaba en el Proyecto Roomkey.
“Es irónico que estén generando personas sin hogar al implementar este programa que se supone que sacará a la gente de las calles”, dijo Jasmine González, organizadora de East Yard Communities for Environmental Justice. Ella ha estado ayudando a algunas de las familias en el motel Commerce.
“Es una falta de comunicación. Es increíble que esto esté sucediendo”.
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