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El 40% de los reclusos en el sistema penitenciario de California fueron vacunados contra el COVID-19

La prisión estatal de San Quentin tuvo un brote grande y mortal de coronavirus durante el verano.
(Gary Coronado/Los Angeles Times)

Alrededor del 40% de las personas bajo la custodia del sistema penitenciario de California fueron vacunadas contra el COVID-19, una cifra elogiada por los defensores de las prisiones que dicen que solo se necesita una fracción de la vacuna del estado para proteger a una población que es una de las más vulnerables al virus.

Las vacunas comenzaron a aplicarse el 22 de diciembre en el Centro de Atención Médica de California en Stockton, según los Servicios de Atención Médica Correccional de California. Hasta el lunes, 37.588 individuos encarcelados y 24.959 miembros del personal la habían recibido. Actualmente hay más de 94.000 personas bajo la custodia del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés).

“Estamos complacidos con el ritmo al que han ido y hemos instado constantemente al gobernador a que continúe con ese ritmo”, remarcó Sara Norman, abogada gerente de Prison Law Office, con sede en Berkeley. “Las instalaciones correccionales han demostrado ser mortíferas. Al igual que los hogares de ancianos, se encuentran en la parte superior de la lista de los sitios más letales para estar en este país”.

En todo el estado, 211 prisioneros y 26 miembros del personal penitenciario fallecieron por complicaciones relacionadas con el COVID-19. El distanciamiento social es difícil en entornos abarrotados como las cárceles, y el virus tiene muchas posibilidades de ingresar a medida que el personal entra y sale.

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Durante la pandemia, la agencia penitenciaria estatal enfrentó acusaciones de no haber cumplido con los protocolos de seguridad entre el personal y los guardias. Un informe reciente de la Oficina del Inspector General de California detectó que los funcionarios penitenciarios habían ignorado las preocupaciones de los trabajadores de la salud y los presionaron, en mayo pasado, para que transfirieran a 189 presos potencialmente infectados de una prisión de hombres de Chino a la prisión estatal de San Quentin, lo cual provocó un brote mortal allí.

A fines de agosto, 2.237 reclusos y 277 miembros del personal habían sido infectados en San Quentin, según el informe. Perecieron 28 prisioneros y un empleado.

Al 8 de febrero, el 76% de todas las personas encarceladas dentro del CDCR habían recibido al menos una dosis de la vacuna o habían sido infectadas con el virus, según un documento presentado como parte de los procedimientos para el proceso de Plata vs. Newsom, una demanda de larga duración contra el estado de California relacionada con cuestiones de acceso a la atención médica en las cárceles.

Según la presentación judicial, las vacunas se ofrecieron a pacientes en las instalaciones de enfermería especializadas del CDCR o en las instituciones médicas de la prisión. Establece también que se priorizó la inmunización a pacientes de 65 años o más, seguidos de aquellos que cumplen con ciertos factores de riesgo, algunos pacientes psiquiátricos y que requieren un mayor nivel de atención, y presos con trabajo.

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Casi el 70% de las personas encarceladas a las que se les ofreció vacunarse lo han aceptado, según el expediente, que también remarca que los empleados que se vacunan deben seguir usando equipos de protección personal y practicar el distanciamiento social.

Sharon Dolovich, profesora de la facultad de derecho de UCLA que dirige el Proyecto de Datos de Encarcelamiento y COVID-19 (COVID-19 Behind Bars Data Project), que rastrea la pandemia en prisiones y cárceles en todo el país, remarcó que el número de prisioneros vacunados en California es “increíblemente alto”. “En términos generales, los sistemas penitenciarios demoraron en llevar la vacuna a las personas encarceladas”, señaló, y explicó que muchos estados solo están vacunando al personal penitenciario.

Dolovich agregó que se han identificado en una prisión de Michigan docenas de casos de la variante de coronavirus más transmisible de Reino Unido, conocida como B.1.1.7.

“Si hay un nivel acelerado de contagio en un ambiente carcelario, los efectos son devastadores”, dijo. “Estamos en una carrera contrarreloj. Ahora que la nueva variante está aquí, la situación es aún más urgente”.

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Vanessa Nelson-Sloane, directora y cofundadora del grupo de defensa de reclusos Life Support Alliance, también se mostró satisfecha con el alto número de vacunas, pero remarcó que el sistema penitenciario debería abordar mejor el escepticismo que algunos reclusos tienen. Su organización recibió cartas de presos que preguntan si la vacuna es segura y de otros que no saben si han dado positivo en la prueba del virus.

El CDCR declaró a The Times que a las personas se les notifica de un resultado positivo cuando se les pide que se muden a una vivienda temporal para aislamiento médico. Pero Nelson-Sloane y otros defensores señalan que los prisioneros no siempre reciben documentación que demuestre que han dado positivo, y por ello algunos se niegan a mudarse, ya que les preocupa estar en aislamiento médico con individuos infectados. Esto también significa que los presos ahora no sepan si deben vacunarse. “Cuando llega su turno, dicen: ‘No sé, ¿la necesito?’”, comentó. “Si tan solo se aseguraran de que estas personas tuvieran información [sobre los resultados de sus pruebas], creo que la tasa de aceptación de la vacuna sería mayor”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí


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