Familiares de prisioneros hospitalizados por COVID-19 afirman que nadie les notifica la situación, hasta que es demasiado tarde

Cuando Santos Ruiz tuvo noticias de la doctora de la prisión, en julio pasado, su padre ya llevaba dos semanas en el St. Francis Memorial Hospital, en San Francisco, con respiración asistida. “No creemos que lo supere”, le dijo la doctora.

Incluso, fue esa la primera vez que Ruiz escuchaba que su padre, un recluso de 61 años en la prisión estatal de San Quentin, tenía el virus. “Eso no estuvo bien”, aseguró. “Esperaron hasta un punto en el que una persona no puede hablar, no puede comunicarse con su familia que lo ama”.

Mientras que la pandemia ha devastado las cárceles de California, algunas familias afirman que no se les informó al momento que sus seres queridos fueron hospitalizados por el virus, y que recibían una llamada solo cuando podía ser demasiado tarde para despedirse, tomar decisiones o proporcionar un apoyo emocional crítico.

La ley estatal exige que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) use “todos los medios razonables” para notificar a los contactos designados de un preso en caso de muerte, enfermedad o lesión grave, aunque no dice exactamente cuándo la prisión debe alertar a las familias (el manual de operaciones del CDCR estipula “lo antes posible”) ni qué se considera una ‘enfermedad grave’.

En un comunicado, los funcionarios del sistema penitenciario destacaron su trabajo con los hospitales para facilitar las videollamadas entre los pacientes encarcelados y sus parientes, y señalaron que “comprenden el deseo de los amigos y la familia […], de ser informados sobre el estado de salud de un ser querido, particularmente durante la pandemia de COVID- 19”.

Cuando se les preguntó acerca de la supuesta falta de notificación inmediata a las familias sobre las hospitalizaciones, especialmente porque las relacionadas con el coronavirus deberían ser indicio de una ‘enfermedad grave’, el CDCR y la agencia de Servicios de Atención Médica Correccional de California apuntaron a la política de notificación del estado y respondieron que no podían comentar sobre información de casos específicos debido a las leyes de privacidad médica. “Sé que es difícil de entender, pero no tener noticias de la institución es bueno”, escribió un funcionario de la prisión en un correo electrónico a Jennifer Chacón de Corona, quien dijo que su esposo, recluso en la prisión estatal de Kern Valley, luchó contra el coronavirus en un hospital externo durante semanas sin que ella lo supiera.

Para los defensores de las prisiones, que durante mucho tiempo argumentaron que una hospitalización debería ser notificada de urgencia, el problema ocurrió regularmente durante la pandemia. También remarcan que el COVID-19 mató a más de medio millón de personas en todo el país. En todo California, perecieron 211 reclusos.

“Hay una cuestión de dignidad humana fundamental en permitir que alguien se comunique con sus seres queridos cuando se sabe que está muriendo”, afirmó Michael Bien, un abogado del Área de la Bahía experto en problemas de salud mental en las prisiones.

Los expertos en salud también indican que el contacto con los seres queridos puede ayudar a los pacientes. La Dra. Marwa Kilani, directora de cuidados paliativos del Providence Holy Cross Medical Center, en Mission Hills, expuso que los médicos no solo deben dar medicamentos a los enfermos y “esperar lo mejor”. “Escuchar la voz de alguien querido y saber que te apoya, que te anima, que te brinda esa energía positiva, quién sabe… Podría hacer la diferencia para no necesitar respiración asistida”, afirmó.

Decenas de prisioneros en la prisión estatal de San Quentin murieron el verano pasado después de un brote de COVID-19.

(Gary Coronado / Los Angeles Times)

Daniel Ruiz, padre de seis hijos en Sacramento, fue sentenciado en enero de 2020 a cuatro años de prisión por posesión de una sustancia controlada y posesión de un arma de fuego por un exdelincuente.

El 22 de junio, unos días después de dar positivo por el virus, Ruiz fue ingresado en un hospital externo por una falta de aire que empeoraba, según los registros médicos revisados por The Times.

Una semana más tarde, Ruiz aceptó que lo colocaran en un respirador, según los documentos. Al día siguiente de su intubación, el hospital llamó a la doctora de San Quentin, Shannon Garrigan, identificada en los registros como la encargada sustituta de tomar decisiones por Ruiz. Un miembro del personal escribió que hablaron con ella, dado que Ruiz estaba “grave, con falla multiorgánica”, para solicitar permiso de contacto a la familia.

Garrigan lo aprobó, pero el empleado pareció cuestionar si el personal necesitaba la autorización de los administradores del hospital, según muestran los registros. El 2 de julio, un médico de la prisión aprobó que a Ruiz le insertaran un catéter para diálisis.

Cuando la familia del paciente fue informada de su estado, el 6 de ese mes -dos semanas después de su ingreso- quiso acompañarlo. Los parientes se unieron para hacer una videoconferencia con él. La primera vez, Ruiz estaba muy sedado, relató su hijo, Santos. La segunda, tenía los ojos abiertos y movía levemente el cuello. “Queríamos hacerle saber que estábamos allí”, agregó Patricia Caviness, de 37 años, una sobrina para quien Daniel Ruiz había sido una figura paterna desde que su propio padre había muerto, cuando ella apenas tenía tres años. “Todos le decían: ‘Daniel, pelea. ¡Lucha!’”.

Pero en la mañana del 11 de julio, Santos y su hermano Fernando condujeron de Sacramento a San Francisco para despedirse de su padre, que sería desconectado del respirador. Con la familia observando de forma remota, Santos Ruiz transmitió los mensajes de los parientes, esperando que su padre todavía pudiera escucharlo. También le recitó el Padre Nuestro.

Los hermanos estaban conduciendo de regreso a casa cuando se enteraron que su padre había muerto.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California y Dignity Health, la organización matriz del hospital, se negaron a comentar sobre el caso de Ruiz, citando las leyes de privacidad del paciente. El CDCR no quiso hacer comentarios sobre si alguna política impide que los sanatorios se comuniquen con las familias de los pacientes encarcelados.

Para Julia Sherwin, abogada de la familia, es “espantoso” que un sustituto médico de la prisión autorice procedimientos como la diálisis, y sostuvo que los registros médicos de Ruiz no indican que el hombre hubiera accedido a tener un sustituto de la prisión para la toma de decisiones. “Después de que él acordó que le colocaran el respirador automático”, dijo, “todas las decisiones médicas después de ese momento deberían haber sido tomadas por su familia”, que finalmente presentó una demanda contra el sistema penitenciario.

Según la Dra. Leah Rorvig, directora de educación para la salud en Append, una organización en UC San Francisco que se enfoca en los problemas de salud que afectan a los reclusos, que un profesional médico de la prisión actúe como sustituto de la toma de decisiones del interno es “muy, muy inusual”.

La ley federal concede a las personas encarceladas el derecho a una atención médica adecuada, lo cual, según Rorvig, significa contactar a la familia del paciente entre 24 y 48 horas después del ingreso en un hospital y permitir que el enfermo designe a quienes tomarán decisiones por él. “Es terrible, esto está por debajo de los estándares de atención”, comentó en referencia a que la familia de Ruiz no fue contactada durante dos semanas.

Algunos parientes se enteran que sus seres queridos han sido hospitalizados por medio de otros reclusos.

Sandra Calac, de Canoga Park, relató que el 31 de diciembre un preso la llamó para decirle que su esposo tenía problemas respiratorios. Gary Calac, de 65 años, fue condenado en 1996 a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por robo y hurto. Antes de la pandemia, su esposa conducía con regularidad al Centro Correccional Richard J. Donovan, en el condado de San Diego, para visitarlo.

Sandra Calac en el funeral de su esposo, Gary Calac, quien estaba preso en el Centro Correccional Richard J. Donovan, en el condado de San Diego.

(Irfan Khan / Los Angeles Times)

El día de Año Nuevo, otro preso le dijo que Calac había sido hospitalizado. Una doctora de la prisión la llamó el 7 de enero, cinco días después de que ella dejara un mensaje para los funcionarios, y le informó que su esposo tenía un coágulo de sangre en los pulmones. “Me dijo: ‘Probablemente estará más tiempo en el hospital’”, relató Sandra. “Por su tono, parecía que él estaba bien”.

Dos días más tarde, recibió otra llamada: su esposo había muerto por complicaciones de COVID-19. “La prisión debería haberme notificado, pero fueron sus amigos los que me llamaron y me dijeron que estaba en el hospital”, señaló. “No podía creer que todo hubiera pasado tan rápido”.

Sharp HealthCare, organización matriz del hospital donde murió Gary Calac, no quiso comentar sobre sus pacientes, pero remarcó que trabaja en conjunto con las autoridades penitenciarias para ver si puede cumplir el pedido de un paciente encarcelado de notificar a un contacto externo.

Según el CDCR, dar positivo por coronavirus no cumple con los criterios para notificar a las familias. Aunque, de acuerdo al departamento, los reclusos en aislamiento médico tienen acceso a teléfonos y correo, los activistas exponen que las llamadas a veces son más limitadas allí. “Cuando no han sabido nada de ellos durante dos semanas”, dijo Vanessa Nelson-Sloane, directora de Life Support Alliance, que aboga en nombre de los reclusos que cumplen cadenas perpetuas, “los familiares se preguntan: ‘¿Estarán vivos? ¿Habrán muerto?’”.

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