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Un juez ordena a la ciudad y al condado de Los Ángeles que ofrezcan refugio a todos los desamparados antes del otoño

Judge David O. Carter tours skid row with a police officer.
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, David O. Carter, recorre Skid Row con el oficial de la policía de Los Ángeles, Deon Joseph, el 3 de abril de 2020.
(Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Un juez federal que supervisa una demanda extensa sobre personas sin techo en Los Ángeles ordenó el martes a la ciudad y al condado que ofrecieran algún tipo de refugio a toda la población sin hogar de Skid Row para octubre.

El juez David O. Carter otorgó una orden judicial preliminar solicitada por los demandantes en el caso la semana pasada, y ahora le está diciendo a la ciudad y al condado que deben encontrar a las mujeres solteras y los niños no acompañados en Skid Row un lugar para quedarse dentro de 90 días, seguido de ayuda a las familias en un plazo de 120 días y, finalmente, para el 18 de octubre, ofrecer a todas las personas sin hogar en el vecindario viviendas o refugios.

“Los Ángeles ha perdido sus parques, playas, escuelas, aceras y sistemas de carreteras debido a la inacción de los funcionarios de la ciudad y el condado que han dejado a nuestros ciudadanos en situación de calle sin otro lugar a donde acudir”, escribió Carter en un informe de 110 páginas que incluye citas de Abraham Lincoln y una extensa historia de cómo se creó Skid Row.

“Toda la retórica, las promesas, los planes y los presupuestos no pueden ocultar la vergonzosa realidad de esta crisis: que año tras año hay más angelinos sin hogar, y personas sin techo mueren en las calles”.

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Carter también escribió que “después de que se ofrezca un refugio adecuado”, permitiría a la ciudad hacer cumplir las leyes que mantienen las calles y banquetas libres de tiendas de campaña, siempre que sean consistentes con fallos legales anteriores que han limitado la aplicación de tales reglas.

También ordenó al condado que ofreciera “servicios de apoyo a todos los residentes sin techo que acepten la oferta de vivienda”, incluidas ubicaciones en “servicios de tratamiento y hogares de emergencia, provisionales o permanentes”, a través del Departamento de Salud Mental y el Departamento de Salud Pública locales. Los costos de este trabajo se dividirían entre la ciudad y el condado, señaló.

Rob Wilcox, portavoz de la oficina del fiscal de la ciudad, indicó el martes que los abogados de la ciudad están revisando la orden. Él rechazó hacer más comentarios.

Skip Miller, socio del bufete de abogados Miller Barondess, que es abogado externo del condado en la demanda, explicó que el condado “ahora está evaluando las opciones, incluida la posibilidad de una apelación”.

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Anteriormente, el condado había pedido que se le quitara del caso, argumentando que se trataba de la ciudad y que el condado estaba respondiendo agresivamente a la falta de vivienda sin ninguna orden de la Corte. Citó esfuerzos que incluyeron gastar cientos de millones de dólares anualmente a través del impuesto a las ventas de la Medida H y desarrollar estrategias innovadoras como el Proyecto Roomkey en respuesta a la pandemia de COVID-19. Este proyecto es un programa estatal que proporciona fondos temporales a ciudades y condados para alquilar habitaciones de hotel para personas sin techo durante la pandemia.

Esta orden judicial “es un intento de los propietarios y las empresas de librar a las personas sin hogar de su vecindario”, señaló Miller.

“No existe una base legal para una orden judicial porque el condado está gastando cientos de millones de dólares al año en estrategias comprobadas que han producido resultados medibles en toda la región, no solo en Skid Row”, agregó.

Matthew Umhofer, un abogado que representa a los demandantes en el caso, dijo que él y sus clientes estaban encantados con el llamado a la acción de Carter. Esto era lo que estaban buscando cuando presentaron el caso en marzo de 2020, explicó, y por qué buscaron a Carter, quien había supervisado casos similares en Orange en los últimos años, para presidirlo.

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“Este es exactamente el tipo de acción de emergencia agresiva que creemos que es necesaria en el tema de la falta de vivienda en Los Ángeles”, indicó Umhofer. “La ciudad, el condado y todas las fuerzas del status quo han tenido décadas para intentar arreglarlo y no lo han hecho. Así que el momento clama por una acción de emergencia extraordinaria y esto es exactamente eso”.

La orden de Carter llega el día en que el alcalde Eric Garcetti publicó su presupuesto para el próximo año fiscal, que incluye casi $1 mil millones en gastos para personas sin techo. El juez federal desde hace mucho tiempo también ordenó “que $1 mil millones, los proyectados por el alcalde Garcetti, se coloquen como depósito en garantía de inmediato, con los flujos de fondos contabilizados e informados al tribunal dentro de los siete días”.

De los $1 mil millones en gastos para personas sin hogar planeados por Garcetti, más de un tercio provendría de la Proposición HHH, la medida de bonos de 2016 para construir viviendas permanentes para residentes sin techo. Los ayudantes de Garcetti dijeron que esperan que la ciudad construya o desarrolle 89 proyectos de HHH durante el próximo año fiscal, para un total de 5.651 unidades. No está claro si la orden de Carter interrumpirá esas actividades. En su disposición, el juez señaló que quiere un informe en 90 días de cada desarrollador que reciba fondos de HHH, así como nuevas regulaciones para “limitar la posibilidad de que se desperdicien fondos”.

Muchos de estos proyectos se han retrasado y este era el año en que los ayudantes de Garcetti esperaban que se recuperaran los avances. El año pasado, más de 1.300 personas sin hogar murieron en Los Ángeles, y Carter dijo que la ciudad y el condado habían “decidido centrarse en la vivienda a expensas del refugio, incluso sabiendo que era probable que se produjeran retrasos masivos en el desarrollo mientras la gente moría en las calles”.

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Carter también ha solicitado varios informes de los funcionarios de la ciudad y el condado sobre cómo se ha gastado y se está utilizando actualmente el dinero para combatir la falta de vivienda. Quiere estos informes dentro de los 90 días y ha ordenado un “cese de ventas, transferencias por arrendamiento o convenio, de las más de 14.000 propiedades de la ciudad en espera del informe del contralor Ron Galperin a la Corte, y todas las propiedades en situación similar en poder del condado pendientes en el informe del abogado del condado”.

El largo fallo también acentuó los escándalos de corrupción que involucran proyectos de vivienda, “demoras excesivas y costos disparados” bajo la medida de bonos de la Proposición HHH, así como la incapacidad de Los Ángeles para buscar un reembolso federal por las habitaciones del Proyecto Roomkey.

El concejal Mark Ridley-Thomas señaló que los funcionarios de la ciudad todavía están tratando de comprender las implicaciones de la orden judicial, incluida la forma en que afectaría los planes existentes de gastar cientos de millones de dólares en viviendas para personas sin techo.

“Hay muchas preguntas que estamos tratando de resolver”, señaló Ridley-Thomas el martes después de que se dio a conocer la decisión. “Cada vez que se presenta el tribunal, hay temor y temblores justificables”. Lo que está claro, comentó, es que la decisión de la Corte se deriva de las fallas de la ciudad y el condado para abordar seriamente la crisis. “No hay forma de negar eso”, señaló.

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En su orden, Carter describió formas históricas de discriminación que habían excluido a las personas negras de las oportunidades de vivienda, incluidos los muros de contención, los sistemas de asistencia segregados durante la Gran Depresión, la construcción de carreteras que desplazó a las familias negras y la criminalización que afectó de manera desproporcionada a dichas comunidades.

La inequidad racial ha seguido influyendo en el manejo gubernamental de la crisis, agregó Carter. Por ejemplo, un informe presentado a los líderes del condado encontró que el Proyecto Roomkey, un programa para alquilar habitaciones de hotel para gente sin hogar, se había proporcionado de manera desproporcionada a personas blancas, “exacerbando los riesgos para una población negra que ya sufre asimétricamente los efectos dañinos de la ciudad y la incapacidad del condado para abordar la falta de vivienda”, escribió Carter.

Carter concluyó que las políticas actuales de la ciudad y el condado “agravan y perpetúan el racismo estructural, amenazando la integridad de las familias negras en Los Ángeles y obligando a un número desproporcionado de familias negras a quedarse sin vivienda”.

El periodista del Times, David Zahniser, contribuyó a este artículo.

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Este es un reportaje en desarrollo y se actualizará.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí.


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