Skid row se muestra escéptico ante la orden del juez de llevar a los desamparados a los albergues

La orden del juez de distrito, David O. Carter, a las autoridades de Los Ángeles, para que trasladen a las personas sin hogar de los barrios marginales a refugios o viviendas, se basa en su convicción de que un enfoque erróneo en la creación de moradas permanentes ha perpetuado el racismo, ha extendido los campamentos y ha causado muertes evitables de individuos negros.

Pero las complejidades de la vida de los desamparados del skid row sugieren que los albergues pueden ser, en el mejor de los casos, una solución incompleta e inoportuna para el problema de los sin techo que persiste en este distrito de 50 manzanas del centro de la ciudad desde hace más de 50 años.

“Están poniendo el curita más pequeño en una herida que tiene una hemorragia”, dijo la activista y poeta del skid row, Suzette Shaw. “No creen que seamos personas de verdad”.

La orden judicial de Carter, que se produjo en respuesta a una demanda presentada por los intereses empresariales y urbanísticos del centro de la ciudad, afecta al núcleo de un debate que ha agitado la política sobre los desamparados por décadas: si los refugios y la aplicación de la ley contra los campamentos de la calle o las viviendas permanentes con asesoramiento y otros servicios son los que mejor pueden poner fin a la prolongada crisis de los sin techo.

La orden judicial se refiere únicamente al barrio de chozas y a la zona de amortiguación que lo rodea, donde se calcula que viven unas 2.000 personas en tiendas de campaña y chozas. Carter quiere que se les ofrezca refugio a todos ellos antes del 18 de octubre y se compromete a defender la constitucionalidad de las leyes contra la acampada que la ciudad podría utilizar para desalojar a las personas sin hogar si las autoridades lo deciden. También pidió al alcalde Eric Garcetti que pusiera 1.000 millones de dólares en depósito para financiar el plan.

Los abogados del condado de Los Ángeles, que fueron nombrados en el caso junto con la ciudad de Los Ángeles, dijeron a última hora del miércoles que apelarían la orden de Carter ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos.

En sus inicios, el skid row era un enclave de pequeños hoteles, cines y restaurantes baratos que abastecían a los trabajadores de las industrias estacionales y a los ferrocarriles cercanos. En la década de 1950, se convirtió en un lugar donde los alcohólicos y otras personas con mala suerte podían conseguir comida y una cama. Mientras otras ciudades abrían refugios públicos, Los Ángeles se apoyaba en gran medida en misiones religiosas y otras instituciones.

En la década de 1970, cuando los veteranos de la guerra de Vietnam regresaron con adicciones, seguidos por la epidemia de crack, las autoridades adoptaron una política de contención, concentrando las misiones, los refugios y otros servicios para los sin techo en el barrio marginal y utilizando los controles de carretera y la policía para confinar a los desamparados en la zona.

A medida que la escasez de viviendas asequibles se agravó tras la Gran Recesión, los campamentos se extendieron por toda la zona metropolitana de Los Ángeles, sin que se produjeran mejoras visibles en los barrios de chozas y tiendas de campaña que se desplegaban manzana tras manzana en el skid row.

Garcetti y la mayoría demócrata de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, adoptaron un plan de construcción de 1.200 millones de dólares que hace hincapié en las viviendas de apoyo permanente, que incluyen alquileres a largo plazo y asesoramiento y otros servicios. Pero el esfuerzo se ha estancado por los retrasos y los elevados costos.

Varios activistas del centro de la ciudad aplaudieron a Carter por intervenir donde creen que los funcionarios locales han fracasado.

“Ya era hora de que se hiciera algo, y debío haber otros jueces que hicieran lo mismo y comenzaran justo donde está el problema, aquí en el barrio lleno de casas de campaña”, dijo Wendell Blassingame, miembro del Consejo Vecinal del Centro de Los Ángeles.

Pero Pete White, de la Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles, señaló que la última vez que las autoridades prometieron despejar el barrio fue en 2005, bajo la Iniciativa de Ciudades más Seguras del alcalde Antonio Villaraigosa y el jefe de policía William J. Bratton, que se propuso combinar la aplicación de la ley a los delitos de bajo nivel en el barrio con el aumento de los recursos y el estímulo para entrar en los refugios.

Los recursos prometidos se esfumaron, y “ya sabemos cómo acabó todo”, dijo White, director durante mucho tiempo de la Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles, un grupo de lucha contra la pobreza en los barrios marginales. “Tres años después, 27.000 detenciones y 6.000 citaciones, un sinfín de personas fueron expulsadas de sus viviendas” por sus antecedentes, expuso.

“Creen que todo lo que necesitamos es una tienda de campaña”, dijo Shaw.

Blassingame está de acuerdo en que los refugios deben ser un camino hacia una solución más permanente, pero también cree que se ha malgastado el dinero en construir la industria de servicios para los sin techo.

“Están gastando demasiado en los altos salarios de los empleados y en los vehículos que conducen, en lugar de invertirlo en las propias personas sin hogar”, destacó Blassingame. “Podría mostrarte tantos almacenes en el área de 40 manzanas alrededor del skid row que están vacíos y podrían convertirse fácilmente en viviendas”.

Otros críticos afirmaron que Carter no tiene en cuenta la complejidad de los problemas de salud mental y de drogas que afectan a entre el 30% y el 50% de los habitantes del skid row.

Randall Pierce, de 50 años, estaba en un parque el martes esperando a que se cumpliera la cuarentena antes de volver a entrar en la Misión de Los Ángeles y pensó que sería “estupendo dar a más gente un lugar donde descansar”.

Pierce, un músico con décadas de problemas de salud mental y abuso de sustancias, ha entrado y salido de albergues durante años. Recientemente ha completado dos programas de tratamiento contra las drogas y planeaba entrar en un tercer albergue antes de recaer.

“Si las personas no consiguen la sobriedad la primera vez, el sistema las expulsa”, afirma Mark Casanova, director de Homeless Health Care Los Angeles, que atiende a consumidores de drogas activos.

“El funcionamiento de los albergues consiste en expulsar a las personas que dan problemas”, expuso. “Tendríamos que arreglar el sistema de refugios, porque no está funcionando”.

“La vivienda es un camino mejor”, dijo Pierce.

Las ofertas de refugios, respaldadas por la aplicación de la ley, podrían involucrar a Los Ángeles en otra confrontación que empequeñecería los disturbios por la reciente acción policial de la ciudad para retirar un extenso campamento de tiendas de campaña del lago Echo Park, dijeron varios defensores.

Otros observadores señalaron que el desalojo de las tiendas de campaña podría no acabar con el desorden en las calles al que se oponen los intereses comerciales y los residentes de los barrios bajos. Muchos de los residentes de los barrios viven en habitaciones estrechas en casas de mala muerte y otros edificios, están desempleados o subempleados, y pasan el tiempo al aire libre en las esquinas y los parques.

Los campamentos de indigentes se alinean en las calles del skid row en el centro de Los Ángeles.

(Luis Sinco / Los Angeles Times)

La gente se siente sola y abandona su vivienda, dijeron dos gestores de casos. Duermen en tiendas de campaña o siguen rebuscando en los contenedores y acumulando pertenencias.

“Vuelven a las formas que conocen para sobrevivir”, subrayó Charles Augustus, de 31 años, manejador de casos de Skid Row Housing Trust. “La vivienda se ve como algo de lo que prescindieron durante años. Pero este es su barrio”.

Varias personas sin hogar apoyaron las ideas de Carter para recortar la burocracia y construir viviendas más baratas y rápidas, incluyendo conversiones de moteles y unidades prefabricadas y modulares. “Una casa diminuta está bien”, dijo Shanicka Bryan, de 40 años.

Pero rechazan los refugios Bridge Home de la ciudad y las aldeas de casas diminutas con baños portátiles.

“Necesitamos nuestras propias casitas; todo el mundo tiene que tener su propio baño”, dijo Bryan. “Ella puede estar muy, muy limpia, y yo no.... Nadie va a permanecer en un refugio toda su vida. Necesitamos cierta distancia”.

La compañera de Bryan, Ashlee Gatewood, de 29 años, dijo que las drogas y la falta de vivienda son solo una parte de lo que la llevó a ella y a sus amigos al skid row.

“Hay trauma, hay discriminación”, manifestó Gatewood, añadiendo que una larga temporada en el centro de detención de menores sigue limitando sus opciones. “No nos tratan como iguales”.

La amenaza de arresto no inquieta a Bryan ni a Gatewood.

“Voy a decirles: ‘Llévame a la cárcel. ¿Cuánto tiempo tengo que estar allí?’” dijo Bryan. “No voy a ir al refugio”.

Los escritores del Times Doug Smith y Benjamin Oreskes contribuyeron a este informe.

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