Camioneros portuarios ganaron $30 millones en acuerdos judiciales por robo de salarios

Una de las empresas de transporte por carretera más grandes del mundo, XPO Logistics, acordó el martes pagar $30 millones para resolver demandas colectivas presentadas por cientos de conductores que alegaron ganar menos del salario mínimo entregando mercancías para los principales minoristas de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Los acuerdos combinados, aprobados por el juez de distrito estadounidense R. Gary Klausner, abordaron las acusaciones de que dos filiales de XPO —XPO Logistics Cartage, en Commerce y San Diego, y XPO Port Service, en Rancho Domínguez— pagaron a los conductores salarios inferiores a los legales, no los compensaron por los períodos de comidas y descansos perdidos ni les reembolsaron los gastos comerciales o las multas por tiempo de espera.

Los acuerdos supusieron una gran victoria para International Brotherhood of Teamsters, que aplaudió las demandas como parte de un esfuerzo de décadas para organizar a los más de 25.000 conductores de los puertos gemelos.

Las empresas de camiones clasifican a muchos de sus conductores como contratistas independientes, por lo cual no son elegibles para una serie de protecciones laborales, incluida la capacidad de negociar colectivamente los salarios.

En los últimos años, el Comisionado Laboral de California otorgó más de $50 millones a unos 500 camioneros que afirmaron que se les privó de salarios por clasificación errónea como contratistas en lugar de empleados. Al mismo tiempo, muchos camioneros han evitado trabajar como empleados, ya que prefieren poseer y operar sus propios vehículos.

Pero a medida que la pandemia provocó problemas en la cadena de suministro, los conductores de los puertos expresaron su creciente frustración por la pérdida de ingresos mientras esperan horas en filas en los puertos, tiempo que se les compensaría si fueran empleados.

Lo convenido no exige que XPO reclasifique a sus conductores como empleados, pero los líderes sindicales, no obstante, elogiaron los acuerdos -que compensarán a 784 conductores- y los consideraron como un punto de inflexión en la lucha por el transporte portuario. Los arreglos son preliminares, pero los conductores individuales podrían recibir hasta $100.000, dependiendo de cuánto tiempo hayan prestado servicios para la empresa.

“La clasificación errónea de los trabajadores es demasiado común en los puertos”, consideró Ron Herrera, presidente de la Federación Laboral del condado de Los Ángeles, en un comunicado. “Si bien lo de XPO es notorio, hay demasiados empleadores que todavía engañan a los trabajadores para quitarles el salario y los derechos que se merecen”.

Un portavoz de la sede de la empresa en Greenwich, Connecticut, se negó a dar más detalles sobre la decisión, más allá de una declaración oficial: “Con la evolución del panorama legal y regulatorio en California, llegamos a un acuerdo en términos que son favorables para XPO y que deberían dejar este asunto atrás”.

La referencia al “panorama legal y regulatorio” de California aludía a una ley de 2018, el Proyecto de Ley del Senado 1402, que hace que los clientes de las empresas de logística —incluidos los principales minoristas como Amazon, Walmart, Target, Apple, Ikea y Toyota— sean conjuntamente responsables de las infracciones salariales si sus contratistas tienen fallos finales insatisfechos.

Esa ley se endureció aún más el mes pasado cuando el gobernador Gavin Newsom firmó el Proyecto de Ley del Senado 338, que desencadena la responsabilidad conjunta de los minoristas que contratan empresas de logística con infracciones repetidas, independientemente de que se cumpla un fallo.

“Los conductores de transporte portuario de California son los últimos aparceros estadounidenses, sometidos a la servidumbre por deudas y a trabajar peligrosamente durante largas horas por poco dinero”, señaló la Legislatura en su preámbulo al nuevo estatuto.

Los contratistas independientes rentan camiones a las empresas, pero “pueden ser despedidos en cualquier momento y perder el dinero que pensaban estaban pagando por el camión. Las empresas deducen dinero de los cheques de pago de los conductores por gastos comerciales que llevan a salarios de pobreza”, expuso la Legislatura.

Los acuerdos de XPO se producen a raíz de reveses para la industria de camiones de California, que ha buscado estar exenta del Proyecto de Ley 5 de la Asamblea (AB 5), un estatuto amplio que siguió a una decisión de la Corte Suprema de California de 2018 que establece condiciones estrictas sobre la clasificación de los trabajadores como contratistas independientes.

Este mes, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a aceptar la petición de una empresa de camiones que argumentaba que la ley AB 5 se antepone a las normas federales que rigen las condiciones de trabajo de los camioneros. La Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación prohíbe a los estados promulgar leyes que dicten los precios, las rutas y los servicios ofrecidos por los transportistas.

Cal Cartage Transportation Express, que presentó la demanda, se vio envuelta en una disputa con la ciudad de Los Ángeles sobre su clasificación de trabajadores como contratistas en lugar de empleados.

Otro caso presentado por la Asociación de Camiones de California contra AB 5 aún no se ha resuelto. Una portavoz de la asociación se negó a comentar sobre los acuerdos de XPO.

La decisión de la Corte Suprema y las nuevas leyes que afectan el transporte portuario muestran que “está claro que será cada vez más difícil para las empresas de transporte seguir incumpliendo nuestras leyes, y para sus clientes minoristas hacerse de la vista gorda”, declaró Jessica Durrum, directora de la campaña de movimiento de mercancías y puertos en Los Ángeles Alliance for a New Economy, una organización sin fines de lucro afiliada a los trabajadores.

Con $16.250 millones en ingresos en 2020 y más de 100.000 empleados en 30 países, XPO es el segundo proveedor de logística y agente de transporte de carga más grande del mundo. La compañía está bajo presión de sindicatos estadounidenses e internacionales para mejorar las condiciones de su fuerza laboral.

Un informe de 2020 de los Teamsters junto con grupos sindicales de nueve países europeos, “XPO Delivering Injustice”, acusaba a la compañía de negligencia al exponer a los trabajadores al COVID-19 durante brotes mortales en sus instalaciones, así como de robo de salarios, discriminación de género, hostigamiento y tácticas extremas antisindicales.

El portavoz de XPO, Joseph Checkler, expresó que las acusaciones del informe “son totalmente inexactas y han sido desacreditadas en su totalidad. Estos grupos afiliados a gremios continúan difundiendo información falsa para promover sus intereses financieros”.

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