Empresa de Beverly Hills admite haber utilizado cajas de seguridad para blanquear dinero del narcotráfico
La empresa que dirigía una tienda de Beverly Hills que alquilaba cajas de seguridad ha acordado declararse culpable de conspirar con los clientes para blanquear dinero del narcotráfico.
Según el acuerdo de declaración de culpabilidad con U.S. Private Vaults Inc, la oficina del fiscal de Estados Unidos en Los Ángeles acordó no presentar cargos penales contra los dos propietarios de la empresa. Esta decisión va en contra de una política reciente del Departamento de Justicia que exige a los fiscales que sean más agresivos a la hora de responsabilizar a las personas por las infracciones cometidas por las empresas.
La empresa admitió que entre sus clientes había narcotraficantes y que utilizaba las ganancias ilícitas para hacer funcionar el negocio. También reconoció que personas de la empresa vendían cocaína, organizaban tratos con drogas en la tienda y daban instrucciones a los clientes sobre cómo estructurar las transacciones en efectivo para eludir los requisitos de declaración de divisas.
Thom Mrozek, portavoz de la oficina del fiscal general, declinó hacer comentarios sobre el acuerdo, que se firmó en noviembre y se presentó ante el tribunal el miércoles.
El gobierno tendrá dificultades para cobrar las multas que puedan imponerse en la sentencia; U.S. Private Vaults prácticamente no tiene activos, según Michael Singer, el abogado de Nevada que negoció el acuerdo para la empresa.
La tienda U.S. Private Vaults, situada en Olympic Boulevard, dejó de funcionar en marzo de 2021, cuando los agentes federales que ejecutaban una orden de registro se llevaron todas sus cajas de seguridad, junto con al menos 86 millones de dólares en efectivo y millones de dólares más en joyas y objetos de valor que los clientes guardaban en su interior.
El ayudante del fiscal Andrew Brown, que dirige la investigación, ha calificado a la mayoría de los aproximadamente 800 clientes de la tienda como “delincuentes” en los documentos judiciales. Pero el gobierno no ha acusado a ningún cliente de delito alguno.
El juez que aprobó la orden de registro prohibió explícitamente al gobierno llevar a cabo cualquier “registro criminal o incautación del contenido de las cajas de seguridad”, ordenando a los agentes que identifiquen a los propietarios y devuelvan sus pertenencias.
Sin embargo, el FBI y la fiscalía han intentado confiscar el contenido de 369 de las cajas incautadas, alegando que el dinero, los metales preciosos, los relojes y otros bienes que contenían eran fruto de una actividad delictiva no especificada.
Tras una serie de demandas en las que se acusaba a los fiscales de pisotear los derechos de los titulares de las cajas, el gobierno ha devuelto decenas de millones de dólares en efectivo y objetos de valor a los clientes que decían haber sido acusados falsamente de haber cometido un delito.
Algunos dijeron que desconfiaban del sistema bancario estadounidense y que preferían mantener sus ahorros en efectivo y guardarlos bajo llave.
Otros clientes eran traficantes de marihuana con licencia estatal y con acceso limitado a los bancos. Para justificar las órdenes de registro y los casos de confiscación contra los titulares de las cajas, los fiscales se han basado en gran medida en los perros entrenados para oler marihuana en el dinero en efectivo incautado, un método ampliamente desacreditado por los expertos en pruebas de narcóticos que dicen que la mayoría de la moneda de la región tiene rastros de olor a hierba.
Los propietarios de U.S. Private Vaults son Mark Paul y Michael Poliak. Cada uno poseía la mitad de la empresa y eran sus dos únicos directores, según Singer.
La abogada de Paul, Sara L. Caplan, declinó hacer comentarios. Mark Werksman, que representa a Poliak, dijo que su cliente era “un hombre de negocios legítimo y exitoso que invirtió en USPV porque pensaba que era un negocio lícito que se gestionaba correctamente y atendía a una clientela legítima”.
Poliak y su hija, Gabrielle Poliak, impugnaron el año pasado el intento de confiscación por parte del gobierno de 1.5 millones de dólares en efectivo encontrados en una caja suya en la tienda. En noviembre aceptaron que el gobierno confiscara el dinero, pero no admitieron ni negaron la acusación de los fiscales de que el dinero era producto del tráfico de drogas o del fraude.
En los documentos judiciales presentados el año pasado para respaldar una solicitud de orden de registro, el gobierno alegó que Michael Poliak estaba implicado en un fraude en la atención sanitaria y en un fraude en los préstamos de ayuda COVID-19, pero nunca se le acusó de ninguno de los dos delitos.
Los abogados de los titulares de las cajas han denunciado la operación de U.S. Private Vaults como un “robo”. Sugirieron que la parte más reveladora del acuerdo de culpabilidad fue el acuerdo por parte de U.S. Private Vaults de retirar su objeción de junio de 2021 contra el decomiso, por parte de la fiscalía de 369 cajas de seguridad, una renuncia que podría hacer más fácil para el gobierno confiscar el contenido.
Benjamin Gluck, un abogado que ha recuperado más de 25 millones de dólares para los titulares de las cajas dijo que el acuerdo exponía “la bancarrota constitucional y moral de la oficina del fiscal de EE.UU al mostrar que están dispuestos a dar inmunidad a un criminal con tal de que no interfiera con su esquema ilegal para confiscar el dinero de los titulares de las cajas”.
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