‘Somos indispensables para la economía’: Vendedores ambulantes ganan batalla, falta la guerra
Un proyecto de ley que cambiaría el viejo código en las normas de salud y seguridad para los vendedores ambulantes, y por el cual ahora se les prohíbe obtener permisos para vender legalmente en las calles, fue aprobado por la Asamblea.
Para los vendedores el avance es un paso más a la victoria tras años de pedir participar en la economía alimentaria del estado como cualquier otro trabajador legal. Según los vendedores, durante décadas han sido blancos de multas, amenazas, así como abuso policial debido a códigos obsoletos que les impiden obtener las licencias de salubridad para hacer sus vendimias.
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El proyecto SB 972, impulsado por la Senadora de Long Beach Lena González, se dirige al escritorio del gobernador Gavin Newsom con una aprobación bipartidista de 47-0 votos.
“Imagínate que por que no tengo el permiso, yo tengo que pagar varias multas por vender. Con ese cambio me ahorraría mucho dinero para proveerle mejores servicios a los clientes y, claro, mejor calidad de vida a mi familia”, dijo Flor Adame, vendedora de hot dogs, en el centro de Los Ángeles.
Adame, quien trabaja en las calles del condado de Los Ángeles desde hace 15 años, ha obtenido multas de hasta 200 dólares por no cargar una licencia.
Todos los sábados por la mañana, Breda Pol, una inmigrante de Guatemala, llega a un pequeño jardín comunitario en el área de Koreatown, en Los Ángeles, para recibir pañales gratis.
No obstante, para obtener el permiso se necesitan muchos protocolos y requisitos técnicos que teóricamente son imposibles de cumplir y que son guiados primordialmente para restaurantes; Entre ellos, los requisitos de fregaderos, plomería, ventilación, refrigeración y almacenamiento en carros que sería demasiado grande para la mayoría de las aceras y demasiado pesado para empujar.
“Le pedimos ahora al gobernador que tenga corazón para firmar a nuestro favor. Nuestro futuro depende de un hombre en el poder. Solo le queremos recordar que somo indispensables para la economía”, dijo Adame.
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El proyecto de ley se abrió camino a través del proceso legislativo del estado con una increíble defensa de la Campaña de Vendedores Ambulantes de California, una coalición compuesta por organizaciones, defensores y vendedores ambulantes de todo el estado que trabajaron durante meses para asegurarse de que los legisladores escucharan sus preocupaciones.
Si el gobernador firma la SB 972, esta facilitará el acceso a permisos, espacios de comisaría y equipos que antes eran muy difíciles de obtener para los vendedores ambulantes.
De acuerdo con los simpatizantes, se espera que la SB 972 transforme las economías locales e integre a los vendedores ambulantes de alimentos en el sistema de salud pública.
Solo en Los Ángeles, los vendedores ambulantes obtienen un ingreso anual promedio de $15,000 pero generan más de $500 millones de dólares en ingresos para la ciudad cada año, según el reporte de UCLA, de nombre Unfinished Business: Cómo las regulaciones alimentarias matan de hambre a los vendedores ambulantes de oportunidad y qué se puede hacer para terminar la legalización de la comida callejera https://publiccounsel.org/wp-content/uploads/2021/12/Unfinished-Business.pd.
Un estimado de 10,000 vendedores ambulantes de comida que trabajan en la Ciudad de Los Ángeles, pero solo 165 han recibido permisos.
Alicia Olmedo, vendedora del área de South Gate, dijo que la nueva ley le cambiaría la vida.
“Yo soy mamá, tengo 4 hijos y soy la principal proveedora de mi hogar. De mi trabajo depende pagar la renta, las facturas, la comida, y otros gastos para mi hogar y para mi familia”, dijo.
A Olmedo le fue prohibido trabajar en South Gate por la falta de un permiso de salubridad, lo que afecta a su bolsillo y familia, y ella no es la única mujer que es proveedor del hogar, dijo.
La senadora Lena González (Distrito 33) dijo en una reunión de La Campaña de Vendedores Ambulantes de California el pasado 24 de agosto, que el estado “puede brindar un mayor apoyo a los microempresarios al eliminar la posibilidad de sanciones penales y, en cambio, comenzar a generar más confianza con las comunidades latina, negra, isleña del Pacífico asiático e indocumentadas”.
En un comunicado de prensa añadió que el “proyecto de ley ayudaría a reducir las ventas no permitidas, proteger la salud pública y crear una economía más equitativa para las mujeres”.
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