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Trabajadores sin documentos prometen regresar para obtener beneficios de desempleo

Trabajadores y activistas se reunen en San Francisco horas antes del plazo de firma de Newsom para proyecto de ley AB2847.
(Selene Rivera)

Carolina Maldonado, madre de cuatro niños menores de 16 años y madre soltera, es el único sostén de su hogar.

La inmigrante mexicana dejó su trabajo en un restaurante después de que este cerrara sus puertas tras la pandemia.

Sin dinero en el hogar, la señora tuvo que pedir ayuda a las organizaciones comunitarias para llevar comida al hogar y pagar tres rentas atrasadas, pero ni aun así su economía se ha estabilizado.

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“Por primera vez en mi vida me siento inútil por no poder cuidar de mi familia, y no poderle darle todo a mis hijos de 16, 11, 6 y 2 de edad”, dijo Maldonado.

A pesar de que la inmigrante paga impuestos, ella no puede obtener seguro de desempleo por no tener documentos legales en Estados Unidos.

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Maldonado fue parte de una marcha en San Francisco de varios grupos comunitarios, incluido el National Day Laborer Organizing Network para empujar al gobernador Gavin Newsom a firmar por ese derecho.

“Las facturas siguen llegando, y la renta debe es un pago que no debe faltar. Mis hijos tienen que comer… Por qué no puedo obtener beneficios de desempleo si pago impuestos”, preguntó.

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Sin embargo, a pesar de varias marchas locales en California, cartas al gobernador y llamadas telefónicas a su oficina, la lucha para que los trabajadores sin documentos obtengan beneficios de desempleo fue vetada.

Los activistas sostienen que van a continuar empujando hasta que una ley pueda proteger a estos trabajadores. Por lo tanto, el veto del gobernador Gavin Newsom, sobre el proyecto de AB 2847, que habría extendido los beneficios de desempleo a los trabajadores inmigrantes actualmente excluidos de recibir esos beneficios, fue un golpe fatal para los activistas y miles de californianos.

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Tras la negativa del gobernador, la coalición Safety Net for All dijo comprometerse a luchar por esos beneficios, y es que uno de cada 16 trabajadores en California está excluido de los beneficios de desempleo únicamente debido a su estatus migratorio.

Esta exclusión ha acabado con los ahorros de toda la vida de las familias y ha empujado a las personas a endeudarse por miles de dólares desde que surgió la pandemia del COVID-19.

Sarait Martínez, directora ejecutiva del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño dijo que vetar y no priorizar el AB 2847 envía un mensaje contradictorio a todos los trabajadores esenciales que sacrificaron sus vidas durante la pandemia.

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“Debido a su decisión, seguirán excluidos de tener acceso a una red de seguridad básica”, dijo Martínez.

De acuerdo con la decisión de no financiar la AB 2847, significa menos resiliencia económica, lo que deja a muchos trabajadores inmigrantes de primera línea y de socorro en casos de desastre sin acceso a una red de seguridad y con un mayor riesgo de perder sus hogares, enfermarse o caer en la pobreza.

La preocupación mas grande de Sasha Feldstein, directora de Justicia Económica del Centro de Política de Inmigrantes de California, es que la pandemia de COVID-19 no es la primera crisis que golpea a California, y cree que no será la última.

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“En lugar de tener que luchar cada vez que ocurre un desastre, deberíamos invertir en nuestro futuro colectivo ahora para garantizar que nadie quede excluido de la ayuda”, dijo.

“Sin la AB 2847, California seguirá abriendo brecha entre los pocos ricos y la gente común”, sostuvo.

California es la quinta economía más grande del mundo y ha disfrutado de un importante superávit presupuestario debido a la mano de obra y las contribuciones de los trabajadores inmigrantes excluidos, lo que incluye más de 3 mil millones al año en impuestos estatales y locales.

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Mientras tanto, los empleadores de California aportan un estimado de 459 millones al año al Fondo de Seguro de Desempleo en nombre de los trabajadores indocumentados; sin embargo, esos trabajadores no ven ni un centavo de los beneficios.

Flor Rodriguez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash, dijo estar decepcionada.

“Una vez más nuestro futuro es incierto, señor Gobernador. Usted dijo que éramos esenciales y simplemente nos volvió a dejar excluidos y sin derecho a una vida mejor al decidir no firmar AB 2847”, dijo Rodriguez.

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“Pero es necesario que tome en cuenta que seguimos aquí, luchando para que nuestra voz y nuestro trabajo sea tomado en cuenta”, dijo Rodriguez.

Kim Ouillette, abogada de Legal Aid at Work sostuvo que los trabajadores indocumentados deberían tener acceso a los mismos beneficios con los que todos los demás californianos pueden contar cuando pierden un trabajo.

“Es fundamentalmente injusto que estos trabajadores se queden sin red de seguridad, mientras que los impuestos sobre su trabajo subsidian un sistema de desempleo del que nunca podrán beneficiarse”, dijo.


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