‘Hay niños que saldrían muy afectados’: Nayib Bukele y Xiomara Castro abandonan a beneficiarios de TPS
En medio de la disputa legal para que el programa Estatus de Protección Temporal (TPS) no sea cancelado, las personas protegidas por este alivio migratorio recibieron como un balde agua fría saber que las negociaciones fracasaron entre la administración del presidente Joe Biden y los demandantes; y, al mismo tiempo, los oriundos de El Salvador y Honduras criticaron a los presidentes Nayib Bukele y Xiomara Castro por no haber ejercido influencia para apoyar su causa.
“Es un golpe a la comunidad”, dijo Julio Flores, originario de Sonsonate, al occidente de El Salvador, mientras laboraba en un proyecto de construcción y pintura en la zona de Echo Park. “Todos tenemos la esperanza de obtener la renovación del permiso de trabajo, pero también de tener el apoyo de los líderes de nuestros países, cosa que no se ha escuchado”.
El porvenir del TPS tiene en vilo a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, que en conjunto superan las 337 mil personas amparadas a este programa, según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Si se cancela este alivio migratorio, uno de los riesgos es que los beneficiarios sean deportados, ya que perderían la protección que el TPS otorga y también se quedarían sin el permiso de trabajo.
“Nos afectaría bastante”, dijo Flores, quien está casado con una inmigrante hondureña. “Es tremendo, hay niños de por medio que saldrían muy afectados”, subrayó el salvadoreño residente en Los Ángeles, padre de cuatro hijos de 3, 9, 11 y 16 años de edad.
El programa es ofrecido por East Los Angeles College (ELAC) en donde 75% de los alumnos son latinos, de ellos el 20% son centroamericanos
El TPS, creado en 1990, es una forma de ayuda humanitaria otorgada a países devastados por desastres naturales o guerras y permite a los beneficiarios trabajar legalmente. Honduras y Nicaragua lo recibieron en 1999 después de los estragos causados por el huracán Mitch a su paso por el territorio centroamericano, mientras que El Salvador lo obtuvo en el 2001 luego de dos devastadores terremotos.
Desde entonces, este programa se renovaba cada 18 meses; en el pasado, los gobiernos se involucraban y realizaban cabildeos en Washington DC para influir en la extensión del alivio migratorio. Sin embargo, en los 16 meses que han durado las negociaciones entre Biden y los demandantes, los mandatarios centroamericanos, Bukele y Castro, han estado ausentes.
Leoncio Velásquez, presidente de Hondureños Unidos de Los Los Ángeles (HULA), considera que los presidentes de El Salvador y Honduras han desaprovechado la oportunidad para velar por sus connacionales, citando por ejemplo la pasada Cumbre de las Américas realizada en L.A. en junio, donde Bukele y Castro le hicieron un desplante a Biden al no participar en el cónclave.
“Se portaron bien arrogantes, ninguno de los dos vino a la cumbre”, dijo el oriundo de Tegucigalpa. “Desde ahí viene la falta de responsabilidad con su gente, han tenido poca preocupación con lo que le pasa a sus ciudadanos que se encuentran amparados bajo el TPS en Estados Unidos”.
Al concluir el año calendario 2021, de acuerdo al USCIS estaban 241,699 salvadoreños y 76,737 hondureños bajo el TPS, siendo las naciones con mayor cantidad de beneficiarios en este alivio migratorio.
Ricardo Valencia, profesor de Cal State University, Fullerton, plantea que el presidente salvadoreño no ha puesto como prioridad hacer cabildeo a favor del TPS y, en este momento, a raíz de la tensión que mantiene con Washington, desde que Biden llegó a la Casa Blanca, considera que Bukele carece de influencia para generar alguna incidencia positiva.
“Su visión diplomática y de relaciones públicas ha sido sobre todo en el tema del bitcoin, no ha invertido nada como prometió en el tema del TPS; no hay ninguna influencia”, dijo el experto en diplomacia y política centroamericana. “Es una traición”, apuntó Valencia al destacar que los salvadoreños en ese programa no han tenido el acompañamiento de Bukele.
En el 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump canceló el programa TPS para salvadoreños y hondureños. En ese mismo año, a raíz de una demanda presentada ante un juez de distrito federal en San Francisco, se otorgó una orden judicial para bloquear la terminación de las protecciones.
Sin embargo, en 2020, un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco revocó la orden en una decisión de 2-1. Eso no se ha hecho efectivo porque los abogados de los beneficiarios del TPS solicitaron una audiencia ante el tribunal en pleno que sigue pendiente.
Un acuerdo entre Biden y los demandantes habría brindado seguridad y protección a los beneficiarios de TPS, quienes se han sentido vulnerables durante los últimos cuatro años de litigio, dijo Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, la cual representa a los demandantes.
“Hay una razón por la que la gente está perdiendo la fe en la administración [de Biden]”, dijo MacLean en una publicación hecha por Los Angeles Times. “Estas acciones nos dejan muy preocupados sobre si reconocen la urgencia de este problema y el hecho de que muchas vidas están en peligro debido a su falta de voluntad para actuar”.
La frustración es enorme para los activistas.
Los últimos cuatro años, Evelyn Hernández se sumó a protestas y caravanas por todo Estados Unidos, luego de saber que Trump cancelaba el TPS. Al llegar Biden a la Casa Blanca, pensó que se revertirían las políticas anti-inmigrantes implementadas por el expresidente republicano, pero a la fecha esta activista considera que nada ha cambiado.
“Es un balde de agua fría”, dijo la organizadora y coordinadora del comité TPS del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen). “Seguimos bajo las mismas políticas anti-inmigrantes que tenía Donald Trump, la misma visión retrógrada tiene el presidente Biden”, añadió Hernández.
Al fracasar las negociaciones, el caso va a regresar a la corte, en donde los jueces van decidir el futuro del TPS.
“Esperamos que los jueces se pongan la mano en el corazón y miren la necesidad de nosotros”, indicó Hernández.
La propuesta del líder salvadoreño es inconstitucional y los inmigrantes salvadoreños que huyeron de su gobierno autocrático temen otra guerra civil
El actual TPS para salvadoreños y hondureños vence el 31 de diciembre de 2022. Si en la corte mantienen la propuesta que hizo Trump en el 2018 de cancelar el programa, desde el 1 de enero de 2023 más de 300 mil personas estarían sin una protección y quedarían indocumentadas.
Elizabeth Uribe, abogada de inmigración, explica que no todas las personas que pierdan el TPS serían deportadas, como muchos temen. El peligro sería para quienes tenían una orden de deportación antes de entrar a este programa. “Una persona en esa situación si va a tener más preocupación”, advirtió la jurista.
Entretanto, afirma la abogada, todavía no se ha cerrado el caso. Falta esperar lo que digan los jueces en la corte y existe la posibilidad de que Biden otorgue otra extensión. “Lo que se tiene que lograr no es solo mantener el TPS, sino llegar a una solución permanente”, concluyó Uribe.
Con información de Andrea Castillo y Hamed Aleaziz
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