Migrantes en EEUU coinciden en adelantar elecciones en Perú, pero se fragmentan en la reforma constitucional
A casi dos meses desde la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, lejos de resolverse la crisis política, las protestas se han agudizado; al mismo tiempo, la polarización entre los migrantes peruanos en Estados Unidos es notoria plegándose a las posturas que emanan de los principales partidos políticos que no han logrado un consenso para devolver la tranquiliadad a esa nación.
“Desde que el presidente [Castillo] juramentó no lo dejaron trabajar, de cualquier manera lo iban a derrocar”, valoró Jean Paul Vicharra, oriundo de Callao, ciudad ubicada a 9 millas al oeste de la capital, Lima.
Vicharra, de 23 años, llegó a Los Ángeles el 22 de diciembre, tan solo 15 días después de que Castillo intentara disolver el Congreso, el 7 de diciembre pasado. En esa misma fecha, los parlamentarios votaron para destituir al mandatario justificando la decisión en “la permanente incapacidad moral” del presidente izquierdista. Se requerían 87 votos, la moción fue aprobada por 101 congresistas.
Un manifestante muere en Lima y eleva a 58 el número de víctimas durante las protestas en Perú que suman casi dos meses para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte así como de los miembros del Congreso
La disolución del Congreso, interpuesta por el expresidente, fue interpretada por unos como un autogolpe. Y otros aducen que la destitución del mandatario también fue un golpe de Estado.
“Me vengo [de Perú] por la situación que afronta mi país, es muy complicado. Esa crisis política y de manifestación afecta a todos los comercios”, dijo Vicharra, propietario de un taller de estampados que tenía localizado en Gamarra, un emporio comercial textil de Lima.
“Empezaron a bajar mucho las ventas, ahora está peor. La gente está que se va en quiebra”, abundó el joven mostrando los diseños que realizaba en su negocio que tuvo que cerrar antes de emigrar.
Las calles se poblaron de manifestantes en apoyo a Castillo. Al principio las protestas se realizaron en el interior del país, pero luego ocurrió lo mismo en Lima. Hasta la fecha, se contabilizan 58 muertos, entre ellos un policía, por lo que la Organización de Estados Americanos (OEA) externó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza.
La OEA pidió al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que convoque a elecciones generales, como una salida a la crisis. Un tema en el que el Congreso peruano no ha logrado consenso.
En Los Ángeles, un grupo de personas aglutinadas en la organización Pueblos Indígenas Quechuas y Aymaras en Estados Unidos han realizado cuatro protestas desde que se originó la crisis, una de ellas frente al consulado peruano local. Este viernes 3 de febrero van a manifestarse nuevamente, esta vez sobre el boulevard Sunset, en esquina con el boulevard Cahuenga.
“Queremos que pare la represión, cesen los asesinatos, especialmente en el sur del Perú, que es el Perú profundo”, señaló Miriam Agüero, presidenta de la organización, detallando que han enviado cartas a las oficinas de los congresistas y senadores estadounidenses Álex Padilla, Dianne Feinstein, Robert García, Jimmy Gómez, Tony Cárdenas y Norma Torres, entre otros.
Entre sus demandas, dijo Agüero, está la petición para que renuncie la presidenta Boluarte y que se cierre el Congreso.
“Nosotros estamos apoyando que se haga un referendo para una Constituyente, porque el pueblo tiene que decidir”, dijo la activista oriunda de Arequipa, cuyos padres son de origen Quechua. “Castillo entró con la bandera de la nueva Constitución y es lo que la gente apoyó, la gente sabe que la Constitución de 1993 no está hecha para el bienestar del pueblo, sino para el bienestar de unos privilegiados”.
Una nueva jornada de protestas en Lima lleva cientos de manifestantes al centro, el mismo día en que una importante organización peruana defensora de los derechos humanos califica de “brutalidad sin precedentes” la reacción del gobierno de Dina Boluarte para contener el clamor de los ciudadanos que su renuncia y la de los miembros del Parlamento
La actual Constitución peruana fue elaborada durante el mandato del presidente Alberto Fujimori, luego de la disolución del Congreso y el autogolpe de Estado de 1992.
Después de 22 años de haber dejado el poder, entre la población peruana hay gente que extraña la mano dura del mandato de Fujimori. El expresidente, de 84 años, está preso desde el 2007 condenado por los delitos de asesinato y secuestro en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
De igual manera, recibió sentencias por la red de corrupción de su gobierno y por apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado, entre otros cargos.
“La salida [a la crisis] es el adelanto de elecciones”, sostiene Julio Zelaya, residente en el estado de New Jersey, simpatizante de Fuerza Popular, partido que en el 2021 compitió por la presidencia con la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, que obtuvo 1.9 millones de votos, es decir que fueron 793,990 sufragios menos que Castillo, candidato del partido Perú Libre que ganó con 2.7 millones de votos.
Zelaya, residente en la ciudad de Union City, considera que convocar a una consulta popular sobre una nueva Constitución no es algo sensato. A su juicio, la Carta Magna peruana no debe modificarse como lo sugiere el movimiento que encabeza el partido Perú Libre y las organizaciones sociales que han salido a las calles.
“Lo que quieren es imponer un nuevo modelo económico, al estilo socialista como el que hay en Venezuela y Cuba”, aseguró Zelaya, ex-candidato al Congreso en representación de la diáspora peruana por Fuerza Popular. “No son demócratas, tienen el pensamiento de Abimael Guzmán [guerrillero fundador de Sendero Luminoso], él decía que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, por eso quieren un cambio a la Constitución”, subrayó.
De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza en Perú, entre el 2019 y 2020, pasó del 18% al 28.6%, eso significa que en Suramérica fue la nación con mayor variación en puntos porcentuales, lo que equivale al 10.6%.
Las autoridades peruanas, por su parte, señalan que los índices de pobreza más altos y que fluctúan entre el 43.8% y 50.9% se reportan en los departamentos de Cajamarca y Huancavelica; el segundo grupo es el de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, Piura y Puno, en donde las tasas de pobreza oscilan entre el 32.4% y 36.1%.
Esos sectores marginados del interior del país y las comunidades indígenas son los que vieron a Castillo como uno de los suyos y una esperanza del cambio. Este profesor es originario de Puña, en el departamento de Cajamarca. Ha sido dirigente sindical por más de dos décadas y antes de llegar a la presidencia se había postulado a la alcaldía de Anguía, en el 2002, pero no pudo quedarse con el puesto.
“Castillo ha hecho lo mismo que Fujimori al cerrar el Congreso”, señala Milagros Lizárraga, activista y líder comunitaria peruana en el sur de California, advirtiendo que los partidos sin importar la ideología están tomando decisiones que no favorecen a los sectores más vulnerables.
“Hay una doble moral por todos lados, cada vez la polarización es más fuerte y no hay un diálogo; se están tirando la pelota entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre la presidenta y el Congreso. Están divididos, viendo sus intereses y nadie está haciendo sacrificios, viendo el bienestar del pueblo”, apuntaló Lizárraga.
Ante la falta de un acuerdo en el Congreso, la presidenta Boluarte presentó esta semana una propuesta a los legisladores para adelantar las elecciones para octubre. Eso significa que la mandataria y los parlamentarios deberían dejar sus cargos a fines de diciembre de 2023. Los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo que resulten electos gobernarían hasta julio de 2026.
La prolongación de la crisis peruana se debe a una “lucha de poderes”, sostiene Julio César Baluarte, quien dejó la carrera de derecho y ciencias políticas para dedicarse a la actuación en su tierra natal. A su juicio la Constitución tiene que ser cambiada.
“Tenemos una Constitución redactada por un dictador, hecha para satisfacer caprichos personales y políticos”, aseguró el oriundo de Lima y residente en Palm Desert, en el condado de Riverside, destacando que en las elecciones de 2021 anuló su voto al considerar que ninguno de los candidatos reunía el perfil para ser presidente de Perú.
“Para que las cosas fluyan más o menos bien tenemos que hacer un cambio profundo de nuestro sistema [de gobierno]”, subrayó Baluarte.
Desde la salida de Fujimori, en noviembre de 2000, solamente dos presidentes concluyeron su mandato: Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016). Luego de Humala llegó Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció al cargo luego de que se descubriera un caso de sobornos.
En los últimos ocho años (2016-2023), Perú ha tenido seis presidentes. Esa lista empieza con Kuczynski, a quien le sigue Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2023).
“Todos han sido corruptos, en este caso no han logrado probar corrupción contra Pedro Castillo, pero si lograron [que cayera en] sus propios errores y falta de experiencia en materia presidencial, por tanto lograron destituirlo”, analizó Miguel Tinker Salas, profesor de estudios latinoamericanos del Pomona College.
Más de 50 personas han perdido la vida en las protestas que se han llevado a cabo en las calles de Perú desde que el presidente Pedro Castillo fue encarcelado, la mayoría de ellas a manos de la policía, pero sólo han emergido unas cuantas voces de preocupación a nivel internacional
Este académico considera que la derecha peruana, la cual controla el Congreso, pensaba que podría controlar el poder, pero esos partidos alineados al fujimorismo no contaban con la movilización de los indígenas y organizaciones sociales.
“Se han enfrentado a un Perú que ellos desconocen, el Perú profundo, indígena, el del interior del país que vio en Castillo su primer gobernante que los representaba aun con todas sus fallas”, dijo el experto.
El pueblo solo tenía como opción salir a las calles, afirma Tinker Salas. Mientras no se realicen elecciones inmediatas la ingobernabilidad va a continuar, pero a la vez existe el reto de convocar a un Congreso Constituyente, una iniciativa que debería implementar el jefe de Estado que resulte electo.
“La Constitución actual es la de Fujimori, es una Constitución que limita el poder regional, se concentra en Lima, en las clases élites; lo que se está buscando es profundizar la democracia”, concluyó Tinker Salas.
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