Juez federal de San Diego dictamina (otra vez) que la prohibición de armas de asalto en California es inconstitucional

Un juez federal de San Diego que ha anulado repetidamente múltiples leyes sobre armas de fuego de California emitió el jueves 19 de octubre un nuevo fallo que vuelve a declarar inconstitucional la prohibición estatal de las armas de asalto.

El juez de distrito Roger Benítez, que ya había dictado una sentencia idéntica en el mismo caso, suspendió su decisión durante 10 días, dando así tiempo al fiscal general de California, Rob Bonta, para apelar la sentencia del juez ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos. Esto significa que las leyes actuales seguirán en vigor durante la suspensión.

En cuestión de horas, la oficina de Bonta notificó que apelaría y anunció que solicitaría la suspensión de la sentencia durante todo el proceso de apelación.

“Las armas de guerra no tienen lugar en las calles de California”, dijo Bonta en un comunicado. “Esta ha sido la ley estatal en California durante décadas, y vamos a seguir luchando por nuestra autoridad para mantener a nuestros ciudadanos a salvo de las armas de fuego que causan víctimas de forma masiva. Mientras tanto, las armas de asalto siguen siendo ilegales para su compra, transferencia o posesión en California”.

La decisión del jueves se derivó de una demanda presentada en 2019 contra la Ley de Control de Armas de Asalto de California, un conjunto de normas aprobadas por primera vez en 1989, con múltiples actualizaciones desde entonces. La ley define las armas de asalto como cualquier rifle semiautomático o pistola que utilice un cargador desmontable de munición. También se incluyen las armas que tienen cargadores con más de 10 cartuchos de munición, a menudo denominados cargadores de gran capacidad, así como las armas con algunas características especiales, como el mecanismo de plegado de la culata.

En 2021, Benítez dictaminó en el mismo caso que esas normas eran inconstitucionales. El fiscal general apeló el fallo. Pero el año pasado, antes de que el 9º Circuito resolviera la apelación, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió un fallo en un caso de armas de Nueva York que estableció una nueva norma sobre cómo los jueces deben analizar las restricciones de armas de fuego. El 9º Circuito anuló el fallo anterior de Benítez y le devolvió el caso para que lo reconsiderara utilizando el nuevo criterio.

El juez llegó a la misma conclusión el jueves en un fallo de 79 páginas.

“El Estado de California sostiene que su prohibición de las ‘armas de asalto’, la ley impugnada aquí, promueve un importante interés público de desarmar a algunos autores de tiroteos masivos a pesar de que convierte en criminales a los residentes respetuosos de la ley que insisten en adquirir estas armas de fuego para la autodefensa”, escribió Benítez. “Sin embargo, se requiere más que eso para mantener una prohibición”.

El fallo del jueves contenía muchas de las mismas características de decisiones anteriores de Benítez sobre la Segunda Enmienda, una persona designada por George W. Bush conocida como “San Benítez” entre los entusiastas de las armas de fuego por sus fallos favorables a las armas de fuego.

Por ejemplo, Benítez comparó cuatro tiroteos masivos de gran repercusión en los que murieron 113 personas con tres casos en los que propietarios de viviendas utilizaron rifles AR-15 para defenderse de intrusos. Dijo que el público no oye hablar tanto de los incidentes de autodefensa como de los asesinatos en masa, y escribió que las hipotéticas vidas salvadas por quienes usan un AR-15 para autodefensa son tan importantes como las de quienes mueren en tiroteos en escuelas y otros lugares públicos.

“Este Tribunal comprende la incuestionable tragedia causada por individuos fuera de la ley que utilizan armas semiautomáticas modernas o cualquier arma para herir o matar a hombres, mujeres o niños inocentes. Sus vidas son importantes. Pero, ¿son sus vidas más importantes que la de Jane Doe o la de su familia?”, escribió.

En su primera sentencia sobre el caso, Benítez empezó comparando el rifle AR-15 con una navaja suiza. Lo describió como la “combinación perfecta de arma de defensa doméstica y equipo de defensa nacional. Bueno tanto para el hogar como para la batalla”.

Esta vez comenzó su orden comparando las armas de asalto con otra arma blanca.

“Al igual que el cuchillo Bowie, que era comúnmente llevado por ciudadanos y soldados en el siglo XIX, las ‘armas de asalto’ son peligrosas, pero útiles”, escribió Benítez en el primer renglón de la decisión del jueves. “Pero a diferencia del cuchillo Bowie, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que ‘existe una larga tradición de posesión legal generalizada de armas por particulares en este país’”.

La referencia del juez a la tradición es importante. Tras la sentencia dictada el año pasado por el Tribunal Supremo en el caso New York State Rifle & Pistol Association, Inc. contra Bruen, los jueces deben pronunciarse ahora sobre los casos relacionados con la Segunda Enmienda utilizando un análisis que esté “arraigado en el texto de la Segunda Enmienda, tal como lo informa la historia”, y deben juzgar si “la regulación es coherente con la tradición histórica de la nación en materia de regulación de las armas de fuego”.

Benítez dictaminó el jueves que el Gobierno no aportó ninguna ley históricamente similar a las que prohíben las armas de asalto.

“Entre la tradición estadounidense de propiedad de armas de fuego, no hay nada como la prohibición de California de rifles, escopetas y pistolas basadas en su aspecto o atributos”, escribió el juez. “En este caso, la prohibición de las ‘armas de asalto’ no tiene fundamento histórico y es extrema”.

Los grupos defensores de la Segunda Enmienda se apresuraron a celebrar el fallo, mientras que los grupos de prevención de la violencia armada criticaron la decisión.

“El dictamen de hoy es otra demostración contundente de la naturaleza inconstitucional de este tipo de prohibiciones de armas protegidas por la Constitución”, dijo en un comunicado Cody Wisniewski, asesor legal de la Coalición de Políticas sobre Armas de Fuego, uno de los demandantes en el juicio. “Estamos encantados de que el Tribunal haya reconocido que la prohibición de California va directamente en contra del derecho constitucional de las personas pacíficas a poseer y portar armas, y esperamos seguir demostrándolo en los tribunales de California y de todo el país”.

El grupo San Diego County Gun Owners, otro de los demandantes en la demanda, envió un correo electrónico de recaudación de fondos celebrando la decisión, pero reconociendo que con una apelación inminente, “esta lucha no ha terminado”.

Billy Clark, abogado principal de litigios y responsable de asuntos relacionados con la Segunda Enmienda en el Giffords Law Center, dijo que Benítez “una vez más mostró una cruel indiferencia hacia la epidemia de violencia con armas de fuego a la que se enfrenta Estados Unidos y las miles de vidas que se pierden a causa de la violencia con armas de fuego cada año .... Los tribunales de todo el país han confirmado las restricciones sobre las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad, y confiamos en que esta sentencia sea revocada”.

Eric Tirschwell, director ejecutivo de Everytown Law, calificó a Benítez de “fuera de lo común” y describió su fallo como “extremo e imprudente”. Tirschwell dijo que el 9º Circuito “ha revocado un peligroso fallo de la Segunda Enmienda de este juez antes y estamos seguros de que lo hará de nuevo”.

Benítez escribió en su fallo que la decisión del jueves “sonaría repetitiva” a otra que tomó el mes pasado, en la que anuló la prohibición de los cargadores de gran capacidad en California. Bonta apeló rápidamente esa decisión también, y la mayoría de los jueces del 9º Circuito acordaron suspender el fallo y escuchar la apelación “en banc”, o ante un panel de 11 jueces.