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EEUU

Las redadas de Mississippi separaron a las familias y dejaron a los niños a la deriva: “sólo quiero a mi mamá y mi papá"

Mississippi raids
Juana, de 12 años, y Eduardo Andrés, de 14, reciben una llamada de un pariente mientras esperan noticias sobre su madre y su padre, que fueron detenidos por agentes de inmigración en su lugar de trabajo en Morton, Mississippi.
(Jenny Jarvie / Los Angeles Times)

Apoyada contra el mostrador de la cocina, Juana Andrés, de 12 años, frotaba el pulgar y el índice con ansiedad por el teléfono celular de su padre.

A su lado, el hermano mayor Eduardo, de 14 años, miraba fijamente su iPad, con lágrimas rodando por sus mejillas.

Habían pasado aproximadamente 36 horas desde que agentes federales de inmigración con pistolas irrumpieron en la planta de procesamiento de pollo de Koch Foods Inc. en el corazón de Morton, Miss., reuniendo a sus padres y colocándoles cintas de plástico en las muñecas antes de subirlos a los autobuses y transportarlos.

Los agentes fronterizos todavía separan a los niños migrantes de sus padres a pesar de una orden judicial que restringe severamente la práctica, 911 en un año, dice la ACLU.

Algunos lugareños dijeron que los trabajadores, inmigrantes sin papeles que viven ilegalmente en EE.UU, habían sido detenidos con un poco menos dignidad que las gallinas que ingresan a la planta en ruidosos vehículos de 18 ruedas. Pero Juana tenía poco que decir sobre política, raza o inmigración.

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“Sólo quiero que mi mamá y mi papá vuelvan a casa”, dijo en voz baja.

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Juana Andrés, de 12 años, espera noticias de su madre y su padre.
(Jenny Jarvie / Los Angeles Times)

Juana aún no sabía a dónde los agentes federales habían llevado a sus padres , guatemaltecos que vivieron y trabajaron en esta pequeña ciudad del sur durante unos ocho años. Desconocía si regresarían a su acogedora casa de rancho de cuatro dormitorios, decorada con santuarios para la Virgen de Guadalupe, adornos navideños rojos y verdes, juguetes de peluche y figurillas de querubín.

El viejo teléfono AT&T de su padre era su única línea de vida.

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Horas después de que se llevaran a su mamá y su papá, sonó un número desconocido y Juana se lo entregó rápidamente a su tío Pedro.

Era su madre. Sollozando, Ana Andrés le entregó un mensaje simple a su hermano: “Cuida a los niños y dales comida”.

Las redadas, planeadas hace meses, ocurrieron horas antes de que el presidente Trump visitara El Paso, donde 22 personas murieron en un tiroteo masivo el sábado.

Familias angustiadas

Juana, de sexto grado, acababa de comenzar su segundo día de regreso en la escuela secundaria el miércoles cuando agentes federales entraron a la extensa planta de Koch Foods a sólo una cuadra de distancia. Cuando sonó la campana ella se instaló en su clase de matemáticas, su padre estaba terminando su turno de noche y su madre comenzando su día de trabajo.

En una escena que se llevaba a cabo en las plantas procesadoras de alimentos para aves de corral en Mississippi, los agentes federales reunieron a cientos de trabajadores latinos en las habitaciones para interrogarlos y detectar a cualquier persona que estuviera ilegalmente en EE.UU. En todo el estado, unos 680 trabajadores fueron detenidos en la redada más grande en una década.

A medida que más cubanos llegan a la frontera, el presidente Trump los está empujando de regreso a México y deportando a Cuba a pesar de las quejas contra el gobierno de ese país.

En ninguna parte la angustia era más visible que en Morton, con una población de 3.600. Después de que 200 trabajadores fueron detenidos, familias ansiosas se reunieron en el calor sofocante afuera de la enorme planta, un feo mosaico de edificios de metal corrugado y remolques.

“Gobierno, por favor muestre algo de corazón”, sollozó una niña de 11 años en un video ampliamente compartido. “Dejen que mis padres sean libres como todos los demás, por favor... Necesito a mi papá y a mi mamá".

Algunas familias rodearon el bloque en camionetas y sedanes, mientras que otros sacaron sillas de jardín y esperaron en sus vehículos, desesperados por cualquier información sobre sus seres queridos.

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Juana y su hermano no se enteraron de la redada hasta esa tarde, cuando su tío los sacó de la escuela al final del sexto período.

“ICE agarró a tu mami y papi”, les dijo. “Entraron al trabajo y los atraparon”.

De vuelta a casa, donde vivía la familia extendida, la habitación de sus padres estaba exactamente como la dejaron, con pares de FUBU negros, sandalias y botas de vaquero esparcidas al pie de la cama. Una carta del Servicio de Impuestos Internos yacía en la cómoda junto a un crucifijo.

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El dormitorio de Martín Pascual, de 42 años, y Ana Andrés, de 34, que fueron detenidos en Morton, Miss.
(Jenny Jarvie / Los Angeles Times)

Pedro les pidió pasar a ella y a Eduardo al dormitorio y los hizo arrodillarse juntos en círculo.

“Jesús”, dijo suavemente, “queremos a nuestra mamá y nuestro papi”.

Esperando noticias

Después del anochecer del miércoles, los autobuses comenzaron a llegar a la planta para devolver a algunos de los detenidos después del procesamiento. El jueves por la noche, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que habían liberado a 303 de los inmigrantes y les presentaron documentos que requerían que comparecieran ante un juez federal de inmigración.

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Pero todavía muchos niños, no sólo Juana y Eduardo, echaban de menos a sus padres.

“Estoy avergonzada de nuestro país”, dijo Brittany Reynoso, una trabajadora de reparto de correo de 31 años y nativa de Mississippi, mientras esperaba afuera de la planta en su SUV con su esposo, un trabajador de la construcción guatemalteco. “Se supone que debemos ser un país bajo Dios, pero en lugar de ayudar a nuestro prójimo, simplemente lo estamos derribando”.

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Pedro Felipe, de 31 años, habla sobre la difícil situación de su familia con un amigo en el patio trasero de su casa en Morton, Miss. Su hermana y cuñado, ciudadanos guatemaltecos, fueron detenidos por funcionarios federales de inmigración y aún no han sido liberados.
(Jenny Jarvie / Los Angeles Times)

Como las únicas personas que hablan inglés en la familia, Juana y Eduardo asumieron el papel de intérpretes mientras sus tías y tíos luchaban por navegar por el sistema de inmigración, haciendo preguntas para averiguar dónde estaban sus padres y transmitir información complicada sobre centros de procesamiento y números A .

Sin pasar por la multitud afuera de la planta el jueves, se dirigieron directamente a una iglesia con su tío para obtener asesoramiento legal. Después de contratar a un abogado de inmigración, intentaron recoger la camioneta negra Tacoma de sus padres y el Toyota Corolla plateado del estacionamiento de grava de la planta. La seguridad de la compañía no les permitió tomar los vehículos sin papeleo, por lo que se dirigieron a casa.

Al abrir el refrigerador para tomar una lata de Coca-Cola de vainilla, Juana atravesó su manos sobre las ollas de frijoles negros y estofado de pollo y una fuente de tamales hechos por su madre.

Por lo general, a esa hora su madre llegaría a casa, esquivando a sus perros Champ y Champion y la bandada de pollos en el patio trasero.

Mientras su padre dormía sus últimas horas antes de su turno de noche, su madre se quitaba la cubierta plástica para el cabello y las botas de goma y se dirigía directamente al baño para enjuagarse del hedor pútrido de pollo. Luego se iría a la cocina.

Sin saber qué hacer, Juana se retiró a la habitación que compartía con su tía y su hermano y se acurrucó contra un peluche de felpa, un regalo de su madre.

“El tiempo va lento”, dijo.

Entumecida, se desplazó a través de YouTube, viendo una serie de videos: “Oye, fui al maquillador más criticado en yelp en mi ciudad” y “Sólo comí comida azul durante 24 horas”, en silencio.

Buscando trabajo

Los padres de Juana, Martín Pascual y Ana Andrés, son parte de una ola de inmigrantes latinoamericanos que se han mudado a Mississippi en los últimos 25 años para trabajar en plantas avícolas.

Al crecer en San Miguel Acatán, un pequeño pueblo en las tierras altas del oeste de Guatemala, la familia se ganó la vida de la tierra, cultivando maíz y criando pollos. Pero no había trabajo, así que decidieron cruzar México y mudarse a Estados Unidos para ganar dinero.

Primero vivieron en Roosevelt, un suburbio de Birmingham, Alabama, y ​​trabajaron en una planta de pollos. Pero después de que nacieron Eduardo y Juana, se mudaron a Mississippi luego de escuchar que la planta de Morton pagaba alrededor de $200 más por semana.

Los padres de Juana no se quejaron del trabajo en la fábrica, donde cientos de trabajadores se alinearon en filas para realizar una tarea: aturdimiento, matanza, arrancar plumas, limpiar, cortar o deshuesar.

Cortar el pollo en pedazos era un trabajo sucio, pero pagaba las cuentas y les permitió comprar una modesta casa de ladrillo de 1.300 pies cuadrados en donde vivían con dos tíos, una tía y una prima llamada Sandra.

No fueron los primeros inmigrantes latinoamericanos en mudarse a Morton, fundado como una ciudad de diligencias unos años antes de la Guerra Civil. En 1994, la planta avícola, que entonces era de propiedad local e intentaba frenar la organización sindical entre los empleados afroamericanos, envió reclutadores a Miami en busca de inmigrantes que aceptaran los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo.

Después de anunciar en tiendas cubanas y periódicos locales, la compañía envió autobuses Greyhound llenos de inmigrantes y les ofreció alojamiento en remolques en ruinas, según Angela Stuesse, autora de “Scratching Out a Living: Latinos, Race, and Work in the Deep South”. Poco a poco, el boca a boca atrajo oleadas de inmigrantes de Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay y Guatemala.

Mississippi es ahora el quinto estado productor de pollo más grande del país. Pero el futuro de la economía ahora está en cuestión.

Después de las redadas, la planta avícola en la que Pedro trabajaba a 10 millas de distancia en Pelahatchie se había cerrado y no tenía idea de si la planta volvería a abrir y, de ser así, podría trabajar allí.

Mientras los niños miraban sus pantallas, Pedro se metió en su habitación con su teléfono para discutir la situación con una serie de familiares y amigos.

No sólo había asumido la responsabilidad de cuidar a Juana y Eduardo, sino que ya había desembolsado $1.000 en depósitos para un abogado de inmigración que ayudara con la liberación de sus padres. El costo total, pagado en cuotas, sería de $5.000.

Tenía alrededor de $1.000 en ahorros.

“Mi mente está en otro mundo”, dijo cuando colgó su teléfono por un minuto. “Sólo estoy pensando en la familia”.

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