Según versiones, Trump le dice a sus funcionarios que indultará a quienes violen las leyes para construir el muro fronterizo
Los problemas de inmigración, incluido el muro fronterizo, han sido un punto crítico entre Trump y California.
El presidente Trump le dijo a sus funcionarios que los indultaría si son condenados por violar cualquier ley en la prisa por completar varios cientos de millas del muro fronterizo entre Estados Unidos y México antes de las elecciones de 2020, según el Washington Post.
El Post informó que el mandatario instruyó a sus asistentes para que avancen activamente con los contratos de construcción y la confiscación de tierras privadas, pasando por alto las normas ambientales y eludiendo las preocupaciones sobre los procedimientos de contratación y el dominio eminente, y dio órdenes de “tomar la tierra”.
Según entrevistas que el Post realizó con los involucrados en el proyecto, Trump le dijo a los preocupados miembros de su administración, quienes sugirieron que algunas órdenes son ilegales, que los condonaría si por construir las barreras rápidamente infringían las leyes. “No se preocupen, los indultaré”, al parecer afirmó el presidente Trump a los funcionarios, en reuniones sobre el muro.
Cuando los periodistas del Post solicitaron comentarios, un funcionario de la Casa Blanca aseveró bajo condición de anonimato que Trump bromea cuando hace declaraciones sobre indultos en el contexto del muro fronterizo.
La construcción de una pared a lo largo de las casi 2.000 millas de la frontera México-Estados Unidos ha sido una de las promesas de Trump. Cuando estaba en campaña, se comprometió a erigir un muro en el sur para impedir que las personas cruzaran ilegalmente a EE.UU.
El grupo comercial Airlines for America pronosticó el martes que 17.5 millones de pasajeros volarán en aerolíneas estadounidenses entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre.
El informe se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció, el martes, que se trasladarían $271 millones de otras agencias, incluidas la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera, para financiar avances en el muro.
En un comunicado, los funcionarios dijeron que transferirían $155 millones para crear instalaciones temporales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, para celebrar audiencias con el objetivo de avanzar más rápido en los casos de asilo. El dinero también aumentaría el número de camas para inmigrantes detenidos y respaldaría la política del departamento, de obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se consideran sus casos.
“Dije: “No tenemos armas y mi hijo está enfermo’”. Aún así disparó. Pensé que la gente no hacía eso”.
La reorganización de fondos destinados a la inmigración se produce después de que el mandatario luchó durante mucho tiempo contra el Congreso para que asigne dinero al proyecto del muro, que no había visto ningún avance hasta los dos años de la presidencia de Trump. El amargo choque implicó un cierre del gobierno, la declaración de una emergencia nacional de inmigración -para extraer fondos de otras partes del presupuesto federal- y batallas legales que desafían la política de gasto del gobierno.
Aun así, Trump mantuvo la construcción del muro como un tema central de su mandato y ha afirmado en actos políticos que “el gran y hermoso muro justo en Río Grande” ya estaba en marcha, incluso cuando el Departamento de Seguridad Nacional aseguró al L.A. Times que sólo se había despejado la zona de malezas, en preparación para la construcción. Ese enfoque es la razón por la cual, desde 2016, los coros y letreros que pedían “Construyan el muro” se han convertido en “Terminen el muro”, en las manifestaciones de partidarios del presidente.
Los problemas de inmigración, incluido el muro fronterizo, han sido un punto crítico entre Trump y California. El informe del Post se conoció después de que los funcionarios estatales anunciaran una demanda federal para impugnar la regla que permite detener indefinidamente a niños migrantes y sus familias, en lo que marca el 57º desafío legal presentado por California contra la administración Trump.
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