Los inmigrantes que están enfermos, o tienen hijos enfermos, han tenido sus audiencias de inmigración en los Estados Unidos pospuestas por meses
Durante tres meses, Claudia Quesada Rodríguez y su hija María José, de 12 años, vivieron en un campamento de migrantes en esta ciudad fronteriza mexicana, esperando su audiencia en la corte de inmigración de Estados Unidos.
Ahora, finalmente ese día había llegado.
Madre e hija se despertaron temprano el miércoles y se dirigieron al puente fronterizo, donde esperaron junto con otras docenas de solicitantes de asilo que también tenían audiencias programadas en un tribunal montado en carpas al otro lado.
Pero poco después de que ambas ingresaron al país, el personal de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU notó que la niña parecía enferma; le tomaron la temperatura y le practicaron un hisopado nasal.
Luego enviaron a la pareja de regreso a México y el juez pospuso su audiencia hasta el 12 de marzo, otros tres meses de espera, después de que Quesada dijera que había huido de las amenazas de pandillas en El Salvador.
“Es una injusticia”, la mujer, de 36 años, le dijo a su hija cuando regresaron. “Hay muchas personas enfermas aquí; cuando vives en una tienda de campaña, ¿qué otra cosa puedes esperar?”.
Los defensores de los derechos de los migrantes afirman que los exámenes médicos se han convertido en la nueva táctica utilizada por el gobierno de EE.UU para desalentar a los peticionarios de asilo a presentar sus solicitudes.
“Es sólo un ejemplo más de la arbitrariedad del proceso”, señaló Denise Gilman, quien dirige la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin. “No es realmente un proceso de adjudicación, es más bien una carrera de obstáculos”.
De hecho, en el campamento de Matamoros donde vivían Quesada y su hija, los inmigrantes expresaron que es común que quienes no pasan los exámenes médicos regresen a sus hogares.
Los funcionarios fronterizos de Estados Unidos argumentan que los exámenes son necesarios para detectar enfermedades y proteger a los migrantes y a quienes tienen contacto con ellos en los tribunales de EE.UU.
“Muchas veces estas personas son llevadas y transportadas en grupos, y esperan en los autobuses”, comentó un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que no está autorizado a ser citado por su nombre. “Nadie quiere que alguien que potencialmente padece una enfermedad contagiosa la transmita a los demás”.
Según el funcionario es raro que las evaluaciones retrasen las audiencias judiciales, pero ni él, ni el personal judicial, pudieron proporcionar estadísticas.
Aproximadamente 54.000 personas fueron devueltas al sur de la frontera este año bajo el programa federal de Protocolos de Protección al Migrante, más conocido como Permanecer en México. Por lo general, esperan meses para la primera de varias citas judiciales antes de que los jueces despachen sus solicitudes de asilo.
Los exámenes son realizados por personal médico contratado, incluidos auxiliares de enfermería, enfermeras practicantes, paramédicos y técnicos médicos, indicó el funcionario.
Los migrantes reciben instrucciones de levantarse las mangas y las camisas para que puedan examinar su piel. Los que parecen enfermos son sometidos a más pruebas médicas y, según los resultados, son devueltos a México o trasladados a un hospital.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas notifica a los tribunales que a los inmigrantes se les prohibió asistir a las audiencias y se asegura de que estas sean reprogramadas, agregó el funcionario.
Sin embargo, los defensores de los migrantes afirman que el proceso de selección otorga demasiado poder a los funcionarios fronterizos de Estados Unidos y puede constituir una violación de los derechos. “El problema es que todo depende del criterio del CBP”, señaló Leidy Pérez-Davis, asesora política de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. “Si son diagnosticados erróneamente, si no tienen la enfermedad que el CBP dice, no hay recurso. Si un miembro de la familia está enfermo y toda la familia regresa, eso es una violación del debido proceso para todos los demás”, remarcó.
Algunos solicitantes de asilo sugirieron que las evaluaciones se llevan a cabo de manera arbitraria y se aplican de forma inconsistente.
Patricia Campos Pineda narró que ella y su hijo de 15 años, que tenía varicela, fueron rechazados en la corte después de un examen médico, la semana pasada, y se les dijo que regresaran el 20 de febrero. Pero su hermana y su sobrino, que compartieron una tienda de campaña con ellos, pudieron asistir al tribunal. “Después de esperar tantos meses, ahora no me dan ninguna explicación”, expresó.
El funcionario federal de inmigración afirmó que no podía comentar casos específicos, pero que “no siempre se puede estar seguro si alguien dice que se vacunó o que ya había tenido varicela”.
Otros migrantes hablaron de errores de diagnóstico.
Cuando Lorna Molina y sus dos hijos, de cuatro y siete años, llegaron a la corte en Laredo, Texas, el mes pasado, un paramédico los detuvo en la entrada, inspeccionó sus cabezas y les dijo que tenían piojos.
Molina, quien es de Guatemala, respondió que era caspa y apeló a un supervisor, quien descubrió que, en efecto, no tenía piojos. Pero eso ocurrió dos horas después del horario previsto para su audiencia judicial. “Fue una injusticia”, precisó Molina, cuya familia se quedó con amigos al otro lado de la frontera en Nuevo Laredo, donde ya fueron secuestrados una vez. Su próxima cita en la corte es el 4 de febrero.
En El Paso, según Pérez-Davis, varios médicos cubanos solicitantes de asilo que habían sido devueltos a México afirmaron que también fueron diagnosticados erróneamente con pediculosis y que se les prohibió asistir a la corte de inmigración este mes.
En Matamoros, al menos un padre y su hija fueron excluidos por error de los tribunales por tener piojos, comentó la enfermera practicante Helen Perry, cuya organización sin fines de lucro, Global Response Management, llevó adelante una clínica en el campamento durante los últimos dos meses. “No eran piojos sino caspa”, resaltó Perry.
El funcionario federal de inmigración defendió a quienes realizan los exámenes médicos. “Nuestros equipos en la frontera tienen mucha experiencia en la identificación de piojos”, aseguró.
En el campamento migratorio en Matamoros, cuya cifra se ha incrementado a más de 2.500 personas en las últimas semanas, es fácil entender por qué los funcionarios estadounidenses están preocupados sobre la enfermedad.
La docena de letrinas portátiles están abrumadas. Los migrantes deben pagar para usar los baños privados o bañarse en el contaminado Río Grande.
Los médicos estadounidenses alentaron al gobierno de EE.UU a vacunar a los migrantes contra la influenza y otras enfermedades antes de enviarlos de regreso a México para esperar sus fechas de corte. El virus de la gripe contribuyó a la muerte de tres jóvenes migrantes bajo custodia de EE.UU, el año pasado.
Pero los funcionarios de la Patrulla Fronteriza se negaron a hacerlo, y alegaron que los migrantes están bajo su custodia por muy poco tiempo.
La semana pasada, el grupo de Perry comenzó a vacunar a los bebés en el campamento contra la gripe, pero los donantes sólo pudieron comprar 20 dosis.
El hondureño Nahun Ortiz, de 37 años, llevó a su hijo Axel, de ocho años, a la clínica la semana pasada, después de que comenzara a toser. Su audiencia en la corte está prevista para el lunes, pero primero su hijo debe pasar una evaluación de salud. “Podrían cambiar la fecha”, dijo. “No sabemos si vamos a poder ingresar o no”.
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