Esta familia de Texas apoya a la Patrulla Fronteriza, pero podría perder sus tierras por el muro de Trump
Los abogados advierten a los residentes: Pueden hacer poco para detener la construcción, y tendrán que luchar por una compensación justa
Es difícil para Mauricio Vidaurri imaginar un muro fronterizo entre Estados Unidos y México que corte el acceso a decenas de tumbas en el rancho que su familia posee desde 1750.
Su padre, un ranchero e infante de marina que recibió un Corazón Púrpura después de ser herido en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentra entre los más de 110 familiares enterrados en el cementerio cerca de Río Grande.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusó a Trump de cometer altos crímenes y delitos menores, la norma constitucional necesaria para considerar su destitución del cargo.
Vidaurri y sus dos hermanos también sirvieron en el ejército, luego trabajaron en una variedad de puestos para la Aduana y Protección Fronteriza de EEUU. Vidaurri se retiró en mayo pasado, pero un pariente más joven todavía trabaja en la agencia.
Ahora, la propiedad de 1,300 acres de la familia en la zona rural de Dolores es vulnerable a un plan de la administración Trump para construir 500 millas de un nuevo muro fronterizo para fines de 2020. Más de cien millas de ese muro se construirían en Texas, y atravesarían miles de parcelas privadas.
No está claro en qué parte de la propiedad se construiría el muro. Sin embargo, como en otros lugares del sur de Texas, se espera que se erija al norte del río, lo que para Vidaurri equivale a ceder tierra y agua a México. La Patrulla Fronteriza prometió ser sensible a las necesidades de los propietarios, pero él teme perder el acceso al cementerio y al agua del río, que necesita para regar sus campos de heno.
“Es como ir a Gettysburg o Bunker Hill y decir: ‘Pongamos un muro aquí’. Es nuestra historia”, remarcó Vidaurri, de 61 años, la semana pasada. “Cuando nuestra nación ha llamado, respondimos. ¿Por qué deberíamos sacrificarnos de nuevo?”.
Los abogados que trabajan con los residentes advierten que pueden hacer poco para detener la construcción, y tendrán que luchar por una compensación justa.
En febrero, el presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera y desvió $3.600 millones en fondos del Pentágono para el muro. El Congreso ya se había negado a permitir que la administración gastara más de $1.375 millones para ello.
La semana pasada, un juez federal en Texas dictaminó que la emergencia proclamada por el presidente era ilegal y emitió un mandato a nivel nacional que impedía que la administración usara el dinero del Pentágono. Pero el magistrado descubrió que podía emplear un fondo separado de interdicción de drogas de $2,500 millones, permitiendo que la construcción continúe.
Hasta ahora, la administración ha construido cerca de 90 millas de barrera fronteriza, en su mayoría reemplazando las cercas existentes, según un informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU de este mes. En octubre, la administración comenzó a construir 13 millas de muro en el Valle de Río Grande de Texas, donde emitió contratos este año para levantar otras 83 millas de pared. El gobierno también inició la construcción de 166 millas más de muro este año en áreas fronterizas cerca de Tecate, México; El Centro, California; El Paso; y Tucson y Yuma, en Arizona.
Los $3,600 millones en fondos del Pentágono en cuestión en un tribunal federal fueron destinados a construir otras 175 millas de muro fronterizo alrededor de El Centro, El Paso, San Diego, Yuma y Laredo, Texas, incluso en el rancho de Vidaurri.
La Patrulla Fronteriza afirmó en un comunicado esta semana que todavía está “en proceso de determinar los requisitos de bienes raíces” para construir partes del muro fronterizo en el área del rancho de Vidaurri. “Estas ubicaciones no están financiadas actualmente para la adquisición de bienes inmuebles o la construcción de un nuevo sistema de muro fronterizo y el número total de millas depende de la cantidad de fondos recibidos”, dijo.
La declaración reconoció que la agencia y el Cuerpo de Ingenieros están localizando a los propietarios para inspeccionar sus tierras. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza planean contactar a los dueños de los terrenos sobre sitios históricos en el camino del muro y estarán “desarrollando medidas que evitarán o minimizarán los impactos en estas áreas sensibles en la mayor medida posible”, señaló el comunicado.
La familia de Vidaurri y otros propietarios de terrenos ya han recibido cartas de “derecho de entrada” del gobierno federal en busca de inspeccionar sus ranchos, un primer paso para iniciar el proceso legal de expropiación de las tierras.
En el pasado, muchos terratenientes del sur de Texas dieron su consentimiento para tales encuestas y finalmente vendieron, a menudo con pérdidas, según Ricky Garza, un abogado de la entidad sin fines de lucro Texas Civil Rights Project, que ayuda a Vidaurri y a otra media docena de propietarios que han recibido las notificaciones.
Después de que la Ley de Cerca Segura fuera aprobada, en 2006, financiando parcialmente 700 millas de una nueva valla fronteriza, los terratenientes en el sur de Texas con abogados expertos hicieron que el gobierno les pagara millones por propiedades que se encontraban en el terreno donde se abriría paso el nuevo vallado, mientras que otros recibieron mucho menos.
“Algunas de las mismas preocupaciones volverán ahora”, explicó Garza. “Ocurrirá, y será rápido”.
Por ley, se requiere que el gobierno ofrezca una compensación justa por la tierra, pero pueden expropiarla en tan sólo 90 días, lo cual les da a los propietarios muy poca influencia en las negociaciones, consideró Garza.
Los funcionarios federales a veces finalmente deciden que no pueden construir, pero así y todo conservan los terrenos.
“Probablemente no podamos bloquear el muro en la propiedad de nadie. Este será un caso de compensación justa”, indicó Garza. “No hay mucho que los terratenientes puedan hacer porque la ley es muy favorable para el gobierno”.
El gobierno federal presentó este mes su primer caso de adquisición de tierras para unos 13 acres en el Valle de Río Grande, ofreciendo al propietario $93,449, o alrededor de $7,200 por acre. Desde entonces, se presentaron dos demandas federales más para tomar las tierras donde planea construir el muro, según los registros judiciales, pero el monto de la compensación varió. El gobierno ofreció a un propietario alrededor de $4,200 por acre por un total de seis acres, y al otro, un prominente agricultor local, alrededor de $13,500 por acre por 23 acres.
El rancho Vidaurri tenía 6,000 acres, pero se redujo a 1,300 cuando la tierra se dividió entre ocho hermanos. El mes pasado, la hermana de Mauricio Vidaurri, Cynthia Silva, recibió una carta de derecho de entrada. La familia contrató a un abogado y hasta ahora no ha aceptado dejar que el gobierno realice inspecciones, señaló Vidaurri.
Durante su visita al rancho, la semana pasada, Vidaurri señaló las ruinas de una cabaña de piedra arenisca donde nació su padre. La familia nombró el rancho ‘La Laja’ en honor a esa arenisca nativa. Vidaurri llevó a sus tres hijas y nietos a ver las marcas que sus antepasados hicieron al tallar la piedra.
Su padre, Roberto Vidaurri, le enseñó a marcar el ganado y compartió sus historias de guerra: su ingreso a la Infantería de Marina cuando era adolescente, su entrenamiento en Camp Pendleton, cuando fue herido en la pierna en Iwo Jima antes de ver a las tropas levantar la bandera de Estados Unidos en monte Suribachi. Cuando el hombre murió, hace tres años, fue enterrado con un trozo de mortero japonés todavía en su pierna.
“Realmente me duele pensar que puedo perder a mi padre por un muro de orgullo”, dijo Vidaurri. “No tiene sentido cuando existe una mejor tecnología”.
Declarado como independiente, Vidaurri apoya a la Patrulla Fronteriza y le permitió a sus agentes ingresar el rancho e instalar cámaras y sensores de vigilancia. Cuando los contrabandistas irrumpieron en la propiedad de su padre, hace tres años, los agentes ayudaron a ahuyentarlos. Le gustaría que haya más agentes patrullando el área y no cree que un muro pueda disuadir los cruces fronterizos ilícitos.
Su familia también ha arrendado partes del rancho a compañías de energía y a cazadores, y no saben si se producirán cambios en esos arreglos a raíz de un muro.
Parado sobre el cementerio familiar, Vidaurri reconoció que su deber es luchar contra el muro, tal como las generaciones anteriores defendieron el rancho de los bandidos, forajidos y las revoluciones. “Simplemente no quisiera que mis antepasados digan: ‘No hiciste lo suficiente; esta es nuestra tierra y tú no la cuidaste’”, reconoció.
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