La Corte Suprema considerará el intento de Trump para excluir del censo a inmigrantes indocumentados
La Corte Suprema dijo el viernes que le daría al presidente Trump otra oportunidad de excluir a los inmigrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente del Censo de 2020, en un caso que se enfoca en el poder político de California y otros estados con grandes poblaciones de inmigrantes.
Los jueces acordaron escuchar un argumento especial el 30 de noviembre para decidir por segunda vez si el Censo debería considerar la ciudadanía de los residentes o el estado migratorio. Para entonces, Amy Coney Barrett puede haber tomado posesión como la novena juez.
La Constitución dice que el Censo debe contar el “número total de personas en cada estado” y usar esa información para dividir escaños en la Cámara de Representantes y asignar fondos federales a los estados y localidades.
A lo largo de la historia de EE.UU, ese lenguaje se ha interpretado en el sentido de que se cuenta a todos los residentes, independientemente de si ingresaron al país legalmente.
El año pasado, el tribunal superior decidió en una votación de 5 a 4 rechazar el plan de la administración Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo.
Pero a fines de julio, Trump anunció que sería la “política de Estados Unidos excluir de la base de prorrateo a los extranjeros que no se encuentran en un estado migratorio legal... en la mayor medida posible”.
“Mi administración no apoyará dar representación en el Congreso a los extranjeros que ingresan o permanecen en el país ilegalmente, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno”, dijo Trump en una declaración escrita en ese momento.
Las últimas rondas de encuestas públicas han alentado las esperanzas demócratas de ganar la mayoría en el Senado, que perdieron en las elecciones de 2014.
Los demócratas denunciaron la medida como un esfuerzo sin precedentes para trasladar el poder político de áreas con grandes poblaciones de inmigrantes a estados más blancos y rurales.
Los demógrafos estiman que excluir a los inmigrantes aquí ilegalmente del conteo podría costarle a California al menos un escaño en el Congreso. Texas probablemente también perdería algo de representación, mientras que los estados con pocos inmigrantes, incluidos Alabama y Montana, probablemente ganarían.
Además de volver a trazar los límites legislativos cada 10 años, las cifras del Censo también se utilizan para distribuir miles de millones de dólares federales entre los estados.
Los fiscales generales demócratas en Nueva York y varios otros estados demandaron, argumentando que la política de Trump violaba la ley y la Constitución. Un tribunal de tres jueces en Nueva York estuvo de acuerdo, bloqueando la medida de Trump.
Pero los magistrados del Tribunal superior dijeron que escucharían una apelación de Trump contra Nueva York, lo que le da a la administración la oportunidad de reactivar esa política.
Dale Ho, director del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense por la Libertad Civil, dijo que esperaba que el Tribunal superior rechazara nuevamente el argumento de Trump.
“El presidente Trump ha intentado en repetidas ocasiones, y ha fallado, convertir el Censo en un arma para sus ataques a las comunidades de inmigrantes”, dijo Ho. “La Corte Suprema rechazó su intento el año pasado y debería volver a hacerlo. El mandato legal es claro: cada persona cuenta en el Censo y cada individuo está representado en el Congreso”.
Se espera que un número récord de americanos voten por correo en las elecciones de noviembre - y un número récord puede tener sus votos rechazados por firmas.
No está claro en la práctica cómo se podrían revisar las cifras del Censo para excluir a quienes se encuentran en el país ilegalmente, porque el Censo en sí no pregunta sobre ciudadanía. La administración dice que está explorando opciones como usar otros registros gubernamentales para determinar cuántas personas excluir.
Tampoco está claro qué pasaría si Trump es derrotado en sus intentos de reelección. Si Joe Biden gana las elecciones, es poco probable que su administración se adhiera a la política declarada por el actual mandatario. Según la ley, el presidente debe presentar a la Cámara las cifras de reparto estado por estado, pero los demócratas que controlan la Cámara podrían intentar rechazar el recuento de Trump si creen que es incorrecto.
Lo que está claro es que a lo largo de la presidencia de Trump, la Casa Blanca se ha dirigido a los inmigrantes indocumentados en general y a California en particular, y argumentó que el poder político del estado en la Cámara y en el colegio electoral está inflado debido a la gran población de residentes que están aquí ilegalmente.
Los republicanos de Texas también han pedido datos del Censo que les permitirían excluir a esos residentes cuando rediseñen los distritos electorales para la Legislatura estatal. Hacerlo cambiaría el poder político de áreas como Houston y el Valle de Río Grande y hacia áreas menos latinas y más rurales del estado.
El anuncio del viernes fue el segundo de la Corte esta semana sobre el Censo. El martes, los jueces concedieron una apelación de los abogados de Trump y dijeron que el Departamento de Comercio podría detener sus operaciones de conteo esta semana.
En respuesta a la pandemia, la Oficina del Censo había dicho este año que continuaría contando hasta finales de octubre, pero los funcionarios de la administración querían un calendario más acelerado para garantizar que los resultados finales estuvieran disponibles para que Trump actuara antes de que finalice su mandato actual en enero.
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