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OPINIÓN: Desplazados y refugiados mexicanos son los migrantes que la nueva política de Biden borró

Un grupo de migrantes en Mexicali, México.
(Archivo)

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, prometió recientemente “reemplazar la crueldad de la administración pasada con un proceso de inmigración ordenado, humano y seguro”.

A primera vista, parece ser que la administración del presidente Biden está cumpliendo con sus compromisos de campaña para “restaurar la humanidad y los valores estadounidenses en el sistema de inmigración” y “abordar las causas fundamentales de la migración”.

Recientemente, Estados Unidos anunció que comenzará a procesar solicitudes de asilo exclusivamente de las personas registradas en el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés), al tiempo que enfatiza que todos los demás “serán expulsados de inmediato”.

Esta política de la era Trump, que incluye al menos a 70.000 personas de Centroamérica y otras naciones que se vieron obligadas a “permanecer en México” mientras se procesaban sus solicitudes de asilo, no fue oficialmente aplicada a los ciudadanos mexicanos, ni a los miles de individuos que llegaron a la frontera después de la pandemia.

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Al restringir el acceso solo a quienes ya se encontraban afiliados al MPP, se excluyó a miles de mexicanos desplazados internos que huyen de la violencia extrema en sus comunidades de origen y que han quedado suspendidos en un estado de limbo en la frontera de Estados Unidos durante casi dos años, esperando la oportunidad de solicitar asilo.

En este contexto, los funcionarios mexicanos, en cooperación con oficiales de la patrulla fronteriza de EE.UU, han utilizado políticas de “medición” (metering) y al programa MPP como estrategias para promover y canalizar ilegalmente a ciudadanos mexicanos hacia procesos de espera organizados por listas de espera informales que han surgido a lo largo de toda la frontera México-EE.UU y que en los hechos los han bloqueado y disuadido de solicitar asilo en Estados Unidos.

Para agosto de 2019 aproximadamente 26.000 personas, más de la mitad (52%) de ellos mexicanos, se encontraban anotados en listas de espera que no tienen fundamento jurídico alguno, con la esperanza de que llegara su turno para solicitar asilo. Esta es una grave violación de la ley de refugiados internacional y de la propia ley de EE.UU en materia de asilo, que ha colocado a los ciudadanos mexicanos bajo el control de las autoridades del mismo país del que intentan huir, y que ha fallado sistemáticamente para reconocerlos y protegerlos. Estos son los refugiados invisibles, un grupo que históricamente ha sido excluido del sistema de asilo de Estados Unidos, y que rara vez aparece en los medios de comunicación o incluso en las investigaciones académicas. Son además, cientos de familias y personas.

El rotundo silencio de la administración del presidente.
El rotundo silencio de la administración del presidente Biden respecto a los solicitantes de asilo mexicanos apunta a la continuidad de una política estadounidense que niega la existencia de los refugiados mexicanos.
(Dania Maxwell/Los Angeles Times)

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La eliminación y “borramiento” de los solicitantes de asilo mexicanos requiere un esfuerzo político y burocrático considerable. El rotundo silencio de la administración del presidente Biden respecto a los solicitantes de asilo mexicanos apunta a la continuidad de una política estadounidense que niega la existencia de los refugiados mexicanos. Éstos no son mencionados en absoluto en el proyecto de ley de inmigración integral enviado al Congreso de EE.UU y que consta de 353 páginas. Tampoco son mencionados en ninguna orden ejecutiva emitida hasta la fecha por la administración Biden. Desde luego, hacerse de la vista gorda ante la creciente violencia, la corrupción, el desplazamiento forzado interno y la impunidad criminal que prevalecen en México nunca detendrá la marea de solicitantes de asilo ni resultará en una frontera segura entre Estados Unidos y México.

Durante los últimos dieciocho meses, nuestro proyecto de investigación binacional sobre desplazamiento forzado de mexicanos hacia la frontera con Estados Unidos ha recopilado cientos de horas de testimonios de mujeres, niños, hombres y familias que huyen de la violencia extrema en sus comunidades de origen. Nuestra investigación demuestra claramente que muchos de ellos tienen solicitudes válidas de asilo que deben ser escuchadas en los tribunales estadounidenses. Ellas y ellos han perdido a sus seres queridos, tierras, propiedades y todas sus pertenencias personales, mientras buscan desesperadamente escapar de las amenazas de muerte, extorsión, secuestro, tortura, violencia sexual y de género, feminicidio, juvenicidio, despojo de tierras, violencia doméstica, violencia étnica y de género, así como de la persecución y el reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado.

María Cristina, de 30 años, huyó de Morelos (México) con sus dos hijos adolescentes (14 y 12) tras repetidas amenazas de muerte que siguieron a la desaparición y asesinato de su esposo Ángel.

Él desapareció junto con otros tres trabajadores de la construcción cuando se dirigían a una obra en Guerrero. Sin saberlo, cruzaron un pueblo “controlado por un cártel” y ninguno ha vuelto a comunicarse con sus familias desde entonces, ni se conoce su paradero.

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A diferencia de muchas familias de desaparecidos o asesinados que tienen miedo para denunciar los crímenes a las autoridades, María Cristina pidió una investigación formal. Las amenazas de muerte fueron inmediatas. Pero el único funcionario que prometió ayudarla a encontrar a su esposo, un nuevo comandante de la policía, fue brutalmente asesinado tiempo después.

Todos los registros locales que contenía el informe de su caso, junto con los hallazgos de la investigación que se había iniciado desaparecieron después del asesinato. María Cristina nos narró con detalle los dolorosos y frustrantes intentos de navegar por la compleja miríada de instituciones gubernamentales corruptas e ineptas.

Por si fuera poco, la entidad estatal encargada de investigar los casos de secuestro y extorsión borró la evidencia que ella guardaba en el teléfono celular en el que recibía amenazas y que incluía fotos de cuerpos desmembrados enviadas por sus torturadores.

Luego de tener que huir nuevamente para protegerse, las amenazas volvieron a presentarse. María Cristina había tramitado su cambio de residencia para obtener una nueva credencial del INE, pues era un requisito para inscribir a los niños en la escuela, y el cártel había logrado localizarla.

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Un hombre armado apareció en su casa poco después para amenazarla: “¿Qué fue lo que no te quedó claro sobre dejar la investigación en paz? ¿Quieres que te pase lo mismo que les pasó a ellos? Eres demasiado joven para morir y tienes dos hijos muy bonitos… y con ellos va a desaparecer toda tu familia. Ya te advertimos”. María Cristina y los niños huyeron por tercera vez ese mismo día, en esta ocasión hacia la frontera norte, con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos y reunirse con un familiar en Chicago.

Las historias de María Cristina y de tantas otras mujeres y familias que hemos entrevistado no son nuevas ni aisladas. México ha experimentado un aumento de la violencia y la inestabilidad estructural en las últimas dos décadas.

Las raíces de esta desestabilización están estrechamente ligadas a la política económica de Estados Unidos y a su enorme demanda de drogas ilícitas. Aún así, EE.UU históricamente ha negado la existencia de los solicitantes de asilo mexicanos a pesar de las numerosas advertencias de viaje que el Departamento de Estado ha emitido sobre varias ciudades y regiones de México durante los últimos años, y a pesar de los crecientes indicadores de violencia, desplazamiento forzado y desapariciones en México.

Si la administración Biden va a abordar las raíces de la migración, necesita reconocer y afrontar las semillas que Estados Unidos continúa sembrando. Sin embargo, esta es sin duda una verdad política inconveniente. Por otra parte, el Estado mexicano debe todavía reconocer el problema de desplazamiento forzado que ya afecta a alrededor de 345.000 personas y que coloca a México en segundo lugar en el número de víctimas de desplazamiento en el continente americano, después de Colombia.

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Se puede argumentar que el reconocimiento de los refugiados mexicanos por parte de Estados Unidos desestabilizaría las relaciones entre ambos países, una consideración geopolítica seria.

La abogada de inmigración de Texas, Xena, argumenta: “cuando le concedes asilo a alguien, estás diciendo que su país no puede protegerlo”. Reconocer las formas en que México, el principal socio comercial y vecino directo de Estados Unidos, está fracasando como Estado para proteger a su propia población, es ciertamente una verdad difícil. Admitir la existencia de los refugiados mexicanos pondría en peligro los acuerdos binacionales de seguridad, por lo que en consecuencia casi no se menciona a México y su gente en las recientes políticas de inmigración de Biden, más allá de la cooperación para el control migratorio.

Esto permite que Estados Unidos siga externalizando sus fronteras y transfiriendo la responsabilidad por la aplicación de la ley de inmigración al gobierno mexicano, deteniendo a los solicitantes de asilo centroamericanos antes de que puedan llegar a la frontera sur de EE.UU. Para justificar esta cooperación, ambas naciones deben mantener la fachada de México como un “tercer país seguro” con un sistema de asilo viable y con los recursos adecuados.

México está en proceso de aprobar una nueva ley sobre desplazamiento forzado, pero mientras esta no entre en vigor, y el Estado mexicano no garantice la protección de sus propios ciudadanos y deje de violar sus derechos, la búsqueda de asilo en Estados Unidos sigue siendo una de las pocas opciones que esta población tiene frente a la violencia extrema.

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Al mismo tiempo, la continua exclusión de miles de refugiados por parte de la administración Estadounidense, simplemente por su origen nacional, es todo excepto “humana”.

Borrarlos de la política migratoria no hará que la migración desaparezca, ni conducirá a una frontera más ordenada y segura con México. La plataforma de Biden sobre inmigración busca enfrentar las causas de la migración en beneficio mutuo de los países de origen y de Estados Unidos. Pero solo reconociendo la existencia de los cientos de miles de refugiados mexicanos y su derecho al asilo podremos comenzar a corregir las “crueldades del pasado” y crear los cambios estructurales que podrían sustentar un sistema de inmigración verdaderamente humano.

La política de inmigración de la actual administración estadounidense, debe abordar las responsabilidades que ambos países tienen en la (re)producción de las violencias que originan el desplazamiento forzado y trazar un camino claro y viable para los miles de solicitantes de refugio mexicanos que actualmente esperan en la frontera para ver garantizado su derecho a la protección internacional, huyendo de un estado que los ha violentado tanto como invisibilizado.

*Rebecca María Torres es parte del equipo de investigación “Geografías del Desplazamiento”.


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