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El qué y porque desde Washington: La gran mentira es… una gran mentira

Fotografía de archivo del 21 de diciembre de 2020 de manifestantes a favor de Donald Trump
Fotografía de archivo del 21 de diciembre de 2020 de manifestantes a favor de Donald Trump y en contra del uso de mascarilla durante una protesta afuera del Capitolio estatal de Oregón mientras legisladores se reúnen para una sesión de emergencia en Salem, Oregón. (AP Foto/Andrew Selsky, Archivo)
(ASSOCIATED PRESS)

El miércoles 15 de septiembre, los senadores republicanos del estado de Pensilvania autorizaron 17 órdenes judiciales para obtener los registros de votantes de todo el estado.

Estas órdenes obligan al Departamento de Estado de Pensilvania a entregar los nombres, direcciones y números de licencia de conducir de todos los votantes registrados en el estado.

Esto último es muy importante porque los registros que deberán ser entregados no son solamente los de los casi siete millones de residentes que votaron en las elecciones presidenciales del 2020... No, la orden es más amplia, incluye a los nueve millones de votantes del estado.

Sorpresivo porque se trata del estado de Pensilvania, el mismo estado que el presidente Joe Biden reclama como suyo.

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Lo que no sorprende, desafortunadamente, es que se trata de otro intento más de cuestionar en un estado más de la Unión, la victoria del presidente Joe Biden de noviembre del año pasado.

Los senadores republicanos y más que nadie, los que los están manipulando, esperan mostrar que cientos, quizá hasta miles de votos emitidos a favor del presidente en el estado de Pensilvania, fueron emitidos por votantes que, en realidad... ¡no existen!

A los demócratas de Pensilvania les preocupa la divulgación de todos esos datos tan detallados de los votantes, porque serán manipulados por proveedores externos que los utilizarán para realizar una auditoría de los votos emitidos en la elección.

Y como ya hicieron en varios estados, los demócratas planean impugnar las órdenes en las cortes de justicia. Pero eso, francamente, ya es lo menos importante. El daño ya está hecho.

Aunque hasta hoy ninguno de los esfuerzos de supuestos republicanos actuando a nombre de Donald Trump han probado que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2020. En ningún estado, condado, ciudad o distrito de la Unión Americana se ha comprobado que hubo fraude… en ningúno.

DAÑANDO NUESTRA DEMOCRACIA NOS DAÑAMOS TODOS

Lo más extraordinario es que mientras supuestos republicanos están tratando de menoscabar todo el proceso electoral de Estados Unidos, han sido los propios funcionarios Republicanos encargados de la conducción y supervisión de las elecciones en estados republicanos, quienes con un gran esfuerzo han evitado que los supuestos fraudes electorales estatales, sean convertidos en un gran fraude electoral nacional.

LA GRAN MENTIRA, ES… UNA GRAN MENTIRA

Donald Trump sigue empecinado 10 meses después de la elección del 2020, en mantener que él fue víctima de un fraude electoral. Durante todo ese tiempo, Trump y su círculo íntimo han usado todos los medios para probarlo y con eso han llegado a todos los extremos: desde llamar a una insurrección pública en la capital del país el 6 de enero y a otra el 18 de septiembre, hasta presionar al Departamento de Justicia para que mintiendo impugnara la elección.

Hasta la mitad de Septiembre del 2021 Trump y sus allegados han tenido más de 30 contactos con los funcionarios republicanos encargados de las elecciones en los que fueron estados cruciales en la elección presidencial: Georgia, Michigan Pensilvania y Arizona.

En este último estado, en el Condado de Maricopa, se produjo la primera auditoría de votos, supuestamente por una auditora especializada independiente. El nuevo escrutinio fue de todos los votos emitidos por la gente de Arizona. Ahí, Clint Hickman, un partidario de Trump que ha sido presidente de La Junta de Supervisores del mayor Condado en Arizona no se dejó ni presionar, ni manipular por el expresidente ni por sus secuaces, y para eso hizo algo impensable. Hickman se negó en noviembre, diciembre y enero del 2020 a tomar las llamadas telefónicas del mismo presidente Donald Trump que le llamaba desde la Casa Blanca, y también se negó a hablar con sus emisarios Rudy Giuliani, abogado de Trump y Kelly Ward, la presidenta del partido republicano en Arizona.

Los tres lo buscaron sin descanso para forzarlo a respaldar la descertificación de la elección estatal, antes de que los resultados validados por las autoridades electorales del condado de Maricopa y del estado de Arizona, fueran integradas en la certificación nacional del resultado de la elección, que el Colegio Electoral del país celebró en la Cámara de Representantes en Washington el 6 de enero del 2021.

Todos vimos y escuchamos a Trump tratando de convencer con todo tipo de argumentos al secretario de Estado de Michigan Brad Raffensperger, para que también en su estado cambiara el conteo de votos. Aquí debemos hacer una anotación para aclarar que lo que ha estado ocurriendo no es que Donald Trump haya estado intentando corregir lamentables errores de computación de votos, no. Lo que el expresidente ha estado intentando es robarse la elección ante los ojos de todo el país.

Hoy sabemos que en una llamada telefónica del 27 de diciembre, Trump le dijo a Jeffrey Rosen, su entonces fiscal general interino y al vicefiscal general adjunto Richard Donahue, que lo único que necesitaban hacer era declarar que la elección había sido ilegítima. Del resto les dijo Trump...

“Me encargo yo”.

Hoy sabemos que cuando encontró resistencia, Trump intentó presionar al fiscal interino Rosen, para que presentara una demanda ante la Corte Suprema en la que declarara que los votos emitidos en el Colegio Electoral no eran legítimos.

Hoy sabemos también que Trump trabajó en secreto con varios cómplices en el Departamento de Justicia y con Jeffrey Clark un funcionario de la división ambiental, que impulsó las acusaciones de fraude electoral a pesar de todas las pruebas en su contra. Y hoy, finalmente, sabemos también que Clark fue quien consiguió que Rosen, el Fiscal General en funciones, firmara una carta dirigida al gobernador de Georgia en la que se le informaba que había pruebas fehacientes de que la elección en su estado había estado llena de errores y que por lo tanto, el resultado, era inválido.

Si todo lo anterior no le para los pelos de la nuca en un escalofrío, debo informarle que muchos de los funcionarios electorales han recibido decenas de amenazas de muerte y que eso nos hace concluir que los esfuerzos de Trump por imponer su versión corrupta de la elección van a continuar. Si no fuera así, cómo explicaría usted el último esfuerzo que le acabo de reseñar para invalidar la elección en el estado de Pensilvania.


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