Miles de soldados estadounidenses desafían la orden de vacunación contra el COVID-19
Nickaylah Sampson parecía estar en vías de lograr su sueño: convertirse en oficial en el ejército de EE.UU.
Una estudiante destacada cuya familia tiene una larga tradición en el servicio militar y que es oriunda de San Antonio se ganó un lugar codiciado en West Point.
Terminó su primer año en la primavera de 2021, justo cuando el ejército lanzó su campaña de vacunación contra el COVID-19. Aunque no tuvo ningún problema con las otras nueve inoculaciones que las fuerzas armadas de EE.UU exigen para alistarse, le preocupó que las dosis contra el coronavirus fueran nuevas para saber por completo sus riegos.
Sus padres, ambos militares veteranos, le dijeron que solo tenía una opción: “Sal tan rápido como puedas”.
Entonces, en octubre, Sampson, de 19 años, abandonó West Point.
Los últimos datos del ejército muestran que aproximadamente 30.000 miembros en servicio activo siguen sin vacunarse contra el COVID-19, a pesar del mandato del Departamento de Defensa emitido en agosto y los plazos vencidos.
Su desafío a una orden militar es un ejemplo de cuán profundamente está politizada la pandemia en Estados Unidos. “Racismo, suicidio, adicción a las teorías de la conspiración, lo que sea. Lo que hay en la población civil, existe en el ejército”, afirmó Peter Feaver, un politólogo de la Universidad de Duke que se especializa en relaciones cívico-militares. “La diferencia es que las fuerzas armadas tienen una gama amplia de herramientas para incluir más control diario sobre la vida de sus miembros... para monitorear y manejar estos problemas”.
Eso explica por qué la gran mayoría de los elementos del servicio, más del 97% de las fuerzas en activo, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
El resto se puso del lado del movimiento contra la vacunación, que se basa en teorías de conspiración sobre la pandemia y las inoculaciones, así como en el principio libertario contra los mandatos gubernamentales de cualquier tipo.
No son solo los miembros de rangos bajos o los reclutas recientes los que se niegan a vacunarse, también hay oficiales y miembros del servicio que están cerca de jubilarse y corren el riesgo de perder sus pensiones.
El general de brigada Thomas Mancino, comandante de la Guardia Nacional de Oklahoma, dijo a sus tropas el mes pasado que rechazaba el mandato del Departamento de Defensa y que, en cambio, estaría siguiendo las órdenes del gobernador republicano del estado, Kevin Stitt.
La semana pasada, un juez federal rechazó una demanda presentada por Stitt y el fiscal general del estado, impugnando el mandato.
En un caso separado, un juez federal en Texas emitió una orden judicial preliminar el lunes que impedía que la Marina hiciera cumplir el mandato para 26 miembros del Equipo Tierra, Mar y Aire de la Armada de Estados Unidos (conocidos como Navy SEALs, en inglés) y nueve elementos de la tripulación de operaciones especiales.
Los miembros del servicio habían argumentado en la Corte que el mandato violaba su libertad religiosa porque se usaron “células fetales abortadas” en el desarrollo de la vacuna, lo cual la convierte en una “afrenta al Creador”.
Las líneas celulares fetales cultivadas en laboratorio, obtenidas de algunos abortos hace décadas, se utilizan en la producción de la vacuna de Johnson & Johnson y ayudaron en el desarrollo de las de Pfizer-BioNTech y Moderna, aunque ninguno de los antígenos contiene tales componentes. Las mismas líneas de células fetales también se han utilizado en el desarrollo del Ibuprofeno y la Aspirina.
La demanda está respaldada por 47 miembros republicanos del Congreso que presentaron un amicus brief defendiendo la “libertad religiosa” de los demandantes.
A request for a preliminary injunction against the Department of Defense’s COVID vaccine mandate from 35 Navy SEALS.
No es la primera vez que la vacunación ha sido un problema en el ejército. En 1998, cuando el Pentágono ordenó la inoculación contra el ántrax, que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó en la década de 1970, algunos miembros del servicio se preocuparon abiertamente por los posibles efectos secundarios y se resistieron. Varios se marcharon.
Pero en su mayor parte, las directivas médicas no han sido cuestionadas seriamente.
Lori Hogue, quien se desempeñó como médico de combate en las fuerzas armadas en la década de 1980, recuerda cuando de repente se ordenó a los soldados que se vacunaran contra la gripe. “Todos sabíamos lo que teníamos que hacer”, dijo. “Cuando levantas la mano derecha, aceptas todas esas cosas. No tienes muchos derechos en el ejército. Te dicen qué hacer”.
Hogue relató que ella y su esposo, un veterano de Vietnam, llegaron a la conclusión de que las fuerzas armadas se han politizado más, comenzando desde arriba. “¿Cuántas personas de alto nivel, digamos en el Pentágono, son antivacunas o tienen esa opinión política?”, se preguntó. “Viene del clima político que hay afuera del ejército y se está filtrando”.
En marzo, mientras los estadounidenses de todo el país hacían fila para recibir sus vacunas, el Departamento de Defensa se comprometió a ponerlas a disposición de todo el personal militar a mediados de julio. En ese momento, la FDA había aprobado las inyecciones bajo una autorización de uso de emergencia y el ejército no las requería.
Pero algunos miembros del servicio afirmaron que los oficiales ya los estaban presionando para que se vacunaran. Sampson dijo que ella y otros 34 cadetes no inoculados fueron separados del resto de su clase durante el entrenamiento, excluidos de los deportes y sometidos a sesiones informativas destinadas a convencerlos de que las dosis eran seguras.
En junio, su padre, Mathias Sampson, apareció en “Sean Hannity Show”, de Fox, para defender la posición de su hija. “Ella tiene preocupaciones válidas sobre esta vacuna, relacionadas con la fertilidad y los efectos a largo plazo”, le dijo el teniente coronel retirado al anfitrión conservador. “Ni los CDC ni West Point tienen respuestas a estas inquietudes”.
El mandato del Departamento de Defensa se produjo un día después de que la FDA concediera la aprobación total para la vacuna Pfizer. Los miembros del servicio en las bases de todo el país comenzaron a hacer fila en las clínicas y en los gimnasios para aplicársela.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran cuentas anónimas en redes sociales con temáticas militares para difundir información errónea.
Un usuario de Twitter que afirma ser un suboficial en servicio activo y tiene más de 2.000 seguidores, muchos de ellos militares o veteranos, escribió que la dosis contra el coronavirus “ha matado a muchos niños”, y que en una farmacia dentro de una base militar en Washington cambiaron las vacunas contra la gripe por inoculaciones contra el COVID sin decírselo a la gente.
Además de la demanda de los Navy SEAL, otros 16 miembros del servicio han demandado al Departamento de Defensa, la FDA y los jefes de cada rama militar, argumentando que los mandatos son ilegales.
The Coker V. Austin lawsuit filed by 16 service members who sued to stop the U.S. Department of Defense’s COVID-19 vaccine mandate.
Entre los querellantes se encuentra Brian Stermer, un sargento de primera clase de las Reservas del Ejército que desconfía de las afirmaciones del gobierno acerca de la seguridad y efectividad de las vacunas. “Es una nueva tecnología y hay una maldad detrás de ella”, dijo. “Y la cuestión de la aplicación en cada brazo, no confío en ellos”.
Stermer, que vive en Ft. Leonard Wood, en la base militar de Missouri, señaló que consideró solicitar una exención médica, pero se dio cuenta de que, como un joven sano de 33 años, tenía pocas posibilidades de obtenerla.
Como muchos miembros del servicio que se niegan a vacunarse, él está buscando una dispensa religiosa, argumentando que el mandato va en contra de las Sagradas Escrituras.
Sus posibilidades de que le concedan una exención son casi nulas. Las diversas ramas de las FF.AA. han recibido un total de más de 12.000 solicitudes de este tipo y, después de revisar miles de ellas, no han aprobado ninguna.
Las exenciones médicas permanentes también son raras: el Ejército aprobó solo cuatro. Algunos miembros del servicio tienen privilegios temporales por razones clínicas o logísticas.
En cuanto a lo que sucederá con los miembros del servicio no vacunados, el ejército aún lo está definiendo.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional que el presidente Biden firmó el 27 de diciembre afirma que “cualquier despido de un miembro del servicio sobre la única base de que no obedeció una orden legal de aplicarse una vacuna contra el COVID-19 será un despido honorable, o una licencia general en condiciones honorables”.
La Infantería de Marina señaló el mes pasado que expulsó a 169 soldados por desafiar el mandato de la vacuna y que todos los de infantería no vacunados sin una exención o apelación pendiente o aprobada “serán procesados para su separación administrativa”.
El capitán Andrew Wood, portavoz de la Infantería de Marina, precisó que se está manejando caso por caso.
El teniente coronel Terry Kelley, portavoz del Ejército, informó que 2.767 soldados han recibido “reprimendas escritas a oficiales generales”, algo que aniquila sus oportunidades de ascenso o traslado dentro del ejército, y que dos comandantes de batallón y otros cuatro oficiales fueron relevados de sus funciones, pero permanecen alistados en las fuerzas armadas. “Necesitamos que nuestros elementos estén listos para luchar y ganar, y si este virus se está extendiendo por nuestras filas, eso obviamente tendría un impacto en nuestra preparación”, destacó.
Según Kelley, los militares no pueden discutir casos individuales.
Sampson, quien recibió una baja honorable, no fue la única cadete en West Point que renunció a una carrera militar por el mandato de la vacuna.
Su amiga Hannah MacDonald, que se fue de West Point casi al mismo tiempo, le entregó a The Times una fotografía de su certificado de alta honorable. Las dos se hicieron amigas después de que la academia comenzó a segregar a los no vacunados y fueron asignadas a la misma cabaña de aislamiento.
“Realmente quiero ser soldado”, expresó MacDonald, de 19 años, quien creció en Boston. “Quería poder prestar mis servicios. Quiero poder luchar. Pero sentí que si me aplicaba esta vacuna, no sería útil. No la siento segura para mi salud”.
A principios de noviembre, las dos mujeres y un excompañero que también abandonó los estudios aparecieron en el programa de “Hannity” para explicar sus decisiones. “Realmente sentí que era mi vocación ser militar, principalmente porque mi padre era oficial del ejército”, relató Sampson en el programa. “Me sentía obligada a seguir sus pasos. Pero cuando llegué allí, no resultó como pensé o como lo había planeado”.
MacDonald planea presentar una demanda contra West Point.
Unos días después de su aparición en “Hannity”, ambas mujeres recibieron correos electrónicos de Hillsdale College, una universidad cristiana de artes liberales en el sur de Michigan, ofreciéndoles la admisión.
MacDonald decidió tomarse un tiempo libre de la escuela para estar con sus padres y planear qué hacer, aunque la oferta de la universidad sigue en pie.
Sampson planea inscribirse en Hillsdale en la primavera y especializarse en matemáticas.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.
