Para muchos opositores a la vacuna contra el COVID-19, no obtenerla significa no tener trabajo
Decenas de millones de estadounidenses siguen sin vacunarse contra el COVID-19. Para muchos, su postura ante la vacuna puede costarles el sueldo.
Durante ocho años, Mike Miller ha patrullado los terrenos de la Institución Correccional de Snake River, una prisión de mediana seguridad en el este de Oregón. Con su salario de 74.000 dólares pagó su vivienda al otro lado de la frontera estatal en Boise, Idaho, y permitió que su familia educara en casa a sus tres hijos.
Pero la próxima semana se enfrentará a sus jefes en una “audiencia previa al despido” por violar los términos laborales. Miller espera ser despedido por rechazar la vacuna contra el COVID-19.
“Los antígenos probablemente funcionen para muchas personas”, mencionó Miller, de 38 años, quien se describe como cristiano renacido y quien rechaza las vacunas porque cree que en su desarrollo se usaron líneas celulares derivadas de fetos abortados hace décadas. “Nuestras convicciones religiosas nos dicen que el aborto está mal. No podemos usarlas”.
Agregó: “Sería más fácil solo recibir una inyección. Pero no puedo soportar que me obliguen”.
Incluso cuando el país se acerca al tercer año de la pandemia, con la variante Ómicron batiendo récords de infección y un número creciente de muertes de más de 878.000, un desafiante 24% de la población no ha recibido ninguna vacuna.
Enfrentando derrotas judiciales, la administración de Biden se retractó esta semana de exigir a los grandes empleadores que pidan las vacunas. También lo hizo Starbucks, que hasta hace poco era una de las empresas más grandes de Estados Unidos en demandar a sus trabajadores inocularse.
Pero en los empleos del sector público en estados mayoritariamente demócratas como Oregón, y en docenas de importantes corporaciones privadas, los mandatos siguen vigentes, mientras los líderes señalan estudios que muestran la efectividad de las vacunas para combatir las peores infecciones. Se han presentado demandas en todo el país a medida que docentes, enfermeras, policías y trabajadores penitenciarios intentan evitar lo que ven como una extralimitación inconstitucional.
Para Miller y millones de personas más, la decisión contra las vacunas podría costarles sus trabajos. Es uno de los pocos empleados en Oregón, incluido un policía estatal y un conductor de autobús escolar, que han puesto una querella contra el estado por sus reglas de inoculación.
En Texas y Alaska, los gobernadores están llevando al Departamento de Defensa a los tribunales por su mandato de vacunación para la Guardia Nacional. En Illinois, los docentes presentaron una demanda por las políticas que les obligan a inocularse o someterse a pruebas periódicas. Un caso en Boston, donde la familia de un hombre señaló que se le negó un trasplante de corazón porque no estaba vacunado, causó revuelo esta semana. El Brigham and Women’s Hospital citó la privacidad del paciente al no comentar sobre el caso, pero detalló que era una práctica médica común exigir vacunas, incluyendo el antígeno contra la influenza y la hepatitis B, para que los trasplantes tuvieran las mejores posibilidades de éxito.
En entrevistas, muchos en el movimiento contra los antígenos subrayaron que no son radicales de extrema derecha. Algunos son demócratas. La mayoría dice que se inclina hacia el libertarismo. Su resistencia ha aportado una complejidad matizada al debate sobre la libertad individual frente al bien público en un momento en que la pandemia no solo ha expuesto aún más las divisiones políticas de la nación, sino que también ha planteado dudas sobre el riesgo y la tolerancia en una época en la que los estadounidenses se sienten cada vez más vulnerables.
Los opositores a los antígenos han sido criticados, y en ocasiones burlados, por ignorar la ciencia y poner en peligro la salud del país a través de una serie de aumentos repentinos de coronavirus. Para muchos, son irresponsables y egoístas. Pero personas como Miller se ven obligadas a aceptar una vacuna que va en contra de sus creencias religiosas, la desconfianza hacia las compañías farmacéuticas y sus sospechas sobre el consenso científico. Creen que debe ser su elección personal decidir lo que entra en sus cuerpos.
La solicitud de Miller para una exención médica del mandato de inoculación, basada en que él contrajo el COVID-19 el año pasado y dio positivo por anticuerpos, fue denegada. También lo fue su petición de prerrogativa religiosa, ya que la prisión donde labora mencionó que se presentó después de la fecha límite. Hoy, él está en casa con vacaciones pagadas, explicó, y debe estar de guardia a pesar de que no tiene trabajo remoto que hacer.
“Es ridículo, ya que me pagan por no trabajar”, comentó Miller, quien ahora está construyendo un negocio de redes sociales y se postula como republicano para ocupar un puesto en la legislatura estatal. Indicó que fue el mandato el elemento que lo inspiró a postularse con una plataforma centrada en lo que él llama “libertad médica”.
A medida que los principales científicos declaran que el COVID-19 existirá a largo plazo, el movimiento contra las vacunas, que alguna vez se consideró marginal, ha cobrado fuerza.
Incluso entre los estadounidenses inoculados, solo el 40% ha recibido dosis de refuerzo. Llega en un momento en que el aumento de Ómicron muestra signos de alivio, y muchos en todo el país, especialmente los vacunados, se están acelerando, quizás prematuramente, para volver a los estilos de vida previos a la pandemia.
Miles de personas se reunieron en Washington, D.C., esta semana para manifestarse en contra de los mandatos y cuestionar la ciencia detrás de los antígenos contra el COVID-19. La protesta, organizada por Defeat the Mandates: An American Homecoming, mostró el amplio espectro de quienes están en contra de las vacunas, incluidos los teóricos de la conspiración que emplearon imágenes del Holocausto y los evangélicos antiaborto que se concentraron en el uso de líneas celulares derivadas de fetos abortados en las pruebas de las inoculaciones.
Monique Davy, subdirectora de una preparatoria en Brooklyn, Nueva York, no asistió, pero aclaró que compartía las preocupaciones de algunos manifestantes.
“Esto fue apresurado”, comentó Davy sobre las vacunas, que han sido probadas y aprobadas exhaustivamente por Estados Unidos y otros gobiernos de todo el mundo. “Las compañías farmacéuticas se están enriqueciendo y ahora deberemos tener refuerzos para siempre, al parecer”.
Davy, quien ganaba un salario de seis cifras en la UFT Charter School, ha estado de baja sin goce de sueldo desde el otoño pasado, cuando su petición de exención religiosa fue denegada después de que la ciudad de Nueva York ordenara que todos los trabajadores escolares se vacunaran.
Más liberal que conservadora, había votado por el presidente Biden, pero cuestionó a su administración y a los políticos demócratas por apoyar mandatos. Ahora que vive de sus ahorros, ha considerado mudarse a algún lugar con reglas pandémicas más relajadas.
“He estado expuesta a este virus como todos los trabajadores de primera línea”, comentó Davy, quien mencionó que se sentía “más preocupada por la vacuna que por el virus real”. Su esposo, un docente, también está de baja sin goce de sueldo por rechazar el antígeno.
“Ahora, ¿me están ordenando hacer algo?”, cuestionó Davy. “¿Lo que le pasa a mi cuerpo es mi elección?”.
En una tarde reciente, Davy caminó por Atlantic Terminal Mall en Brooklyn. No podía cenar dentro de los restaurantes debido a los controles de vacunas. Al lado estaba el Barclays Center, donde juegan los Brooklyn Nets. El base estrella del equipo, Kyrie Irving, no está inoculado. Debido a los protocolos COVID-19 de la NBA, Irving no puede jugar en casa, pero puede viajar y competir en otras ciudades de Estados Unidos.
“¿Entonces el virus solo está aquí en Nueva York y no en otros lugares?”, preguntó Davy. “Él no puede jugar aquí, pero ¿puede jugar en Dallas? No tiene sentido”.
Tales complicaciones y el mosaico de regulaciones locales sobre la inoculación y medidas de protección de la salud, incluidos los controles de vacunas y las reglas de uso de cubrebocas, han frustrado a los estadounidenses a favor y en contra de los antígenos por igual.
Los lugares de trabajo han tratado las exenciones de manera diferente, algunos brindan licencias pagadas o no remuneradas a los empleados no vacunados y otros, incluidos Nike y Columbia Sportswear, comentan que aquellos que no están exentos de los mandatos serán despedidos. Algunos han puesto a los empleados no inoculados en políticas de prueba para trabajar y les han pedido que usen cubrebocas. Otras compañías han permitido que sectores de la fuerza laboral sin vacunar permanezcan remotos indefinidamente. Mientras tanto, han crecido los grupos de Facebook, las cuentas de redes sociales y los servicios pagados que ofrecen consejos sobre cómo obtener exenciones.
“Realmente puedes adorar cualquier cosa. Siempre que sea una creencia sincera, puede solicitar una exención religiosa”, explicó Sarina Forbes, una enfermera de 63 años de Seattle que trabaja de forma remota manejando la admisión de cuidados paliativos para una gran compañía de salud que pidió no ser identificada. Le fue otorgada una excepción a las reglas de su empresa con base en sus posturas religiosas contra el aborto.
Respecto a las vacunas, agregó que “no quería ser parte de un experimento con la humanidad”. Ella había almacenado pruebas en el hogar, usaba cubrebocas en público y seguía todas las demás recomendaciones de seguridad no relacionadas con los antígenos, dijo. “Odio cuando la gente dice que soy una mala persona por no inocularme. No lo soy”.
Michelle Keaton, gerente de capacitación en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, señaló que primero creyó en las vacunas, hasta cierto punto, antes de cambiar de opinión.
“Mostraron cierta promesa al principio. Pero luego observas los datos, y las personas con antígenos también se contagian de Ómicron”, comentó. Los informes que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) publicaron esta semana indican que, aunque se producen infecciones “de irrupción”, las vacunas de Pfizer y Moderna tienen una eficacia del 90% para evitar que las personas infectadas sean hospitalizadas.
“No digo que sea una estafa”, indicó Keaton, quien vive al este de Albuquerque y cuyo puesto laboral es en gran medida remoto. “Simplemente ya no estoy indecisa al respecto”.
Keaton, de 41 años, estuvo entre las docenas de personas que demandaron al laboratorio, que trabaja en ciencia e ingeniería para apoyar los programas de seguridad nacional. Los trabajadores argumentaron que las solicitudes médicas y religiosas no se tomaron en serio y que había un ambiente de laboral hostil para los no vacunados. Un juez rechazó su petición de bloquear el mandato del laboratorio. Abandonaron la demanda a finales del año pasado.
Keaton, quien está de baja sin goce de sueldo, busca un nuevo trabajo. Sin una tarjeta de vacunación de los CDC, menciona que sus posibilidades son escasas.
“Espero que esta ola de Ómicron desaparezca y estas cosas no importen en unos meses o que estos mandatos simplemente se desvanezcan”, comentó. “Tengo una maestría en organización, ciencias de la información y el aprendizaje, así que quiero el tipo de trabajo para el que estoy capacitada”.
“Pero observas a Starbucks, y son una de esas compañías que finalmente ceden con los antígenos. Así que podría solicitar empleo ahí”.
En Idaho, Miller, el trabajador penitenciario, piensa que él también necesitará encontrar otro trabajo pronto. Su audiencia previa al despido es el 4 de febrero. En este momento, está tratando de construir un negocio en el que es curador de cuentas de redes sociales para empresas independientes locales. Pero después de más de una década laborando para los sistemas penitenciarios, prefiere mantener su trabajo actual, aunque tiene pocas esperanzas.
“Quiero que me despidan”, señaló recientemente. “No estoy dispuesto a renunciar. Eso es ceder”.
Kaleem informó desde Los Ángeles y Lee desde Nueva York.
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