Kilmar Ábrego García se declara inocente de cargos de tráfico de personas en un tribunal de EEUU
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NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. — Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea se ha convertido en un punto de conflicto en la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, se declaró inocente el viernes de cargos de tráfico de personas en un tribunal federal en Tennessee.
La audiencia de detención fue la primera oportunidad que el trabajador de la construcción de Maryland ha tenido en un tribunal estadounidense para responder a las acusaciones del gobierno federal en su contra desde que fue deportado por error en marzo a una notoria prisión en El Salvador.
Ante órdenes judiciales y una creciente presión para devolver a Ábrego García, el gobierno republicano lo trajo de regreso la semana pasada. Pero fue para enfrentar cargos criminales relacionados con lo que los fiscales federales dijeron que era una operación de tráfico de personas que transportaba inmigrantes por todo el país.
Los abogados de Ábrego García han caracterizado el caso de tráfico como un intento desesperado de la administración Trump para justificar su deportación errónea tres meses después del hecho.
Los cargos se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 durante la cual Ábrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros. Sus abogados han dicho que las acusaciones son “absurdas”.
La audiencia del viernes determinará si Ábrego García debe ser liberado de la cárcel mientras espera el juicio. En informes previos a la audiencia, los fiscales estadounidenses lo describieron como un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga, mientras que sus defensores públicos dijeron que los cargos no son lo suficientemente graves para la detención.
Los cargos contra Ábrego García son de tráfico de personas. Pero en su solicitud para mantener a Ábrego García en la cárcel, los fiscales estadounidenses también lo acusaron de tráfico de drogas y armas y de abusar de las mujeres que transportaba, entre otras afirmaciones, aunque no está acusado de tales delitos.
Testimonio de un agente especial
El procedimiento del viernes incluyó el testimonio de un agente del Departamento de Seguridad Nacional que mencionó lo dicho por tres testigos anónimos que hablaron ante un jurado investigador sobre las supuestas acciones de Ábrego García.
El agente especial Peter Joseph dijo que los testigos vieron a Ábrego García traficando personas, armas o drogas y que Ábrego García ganaba más de 100.000 dólares al año. Un hombre dijo que vio a Ábrego García molestando a chicas menores de edad de manera sexual, testificó Joseph, mientras que una mujer dijo que Ábrego García le había solicitado fotos desnudas cuando tenía 15 años y creía que era miembro de la pandilla MS-13.
Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Ábrego García plantearon preguntas sobre posibles conflictos de interés. Un hombre es un delincuente que había sido deportado previamente y estaba cumpliendo una sentencia de 30 meses cuando los investigadores lo contactaron, reconoció Joseph. Ese testigo ahora vive en una casa de transición y está en camino de obtener un permiso de trabajo.
El segundo hombre es un pariente muy cercano del primer testigo y “dijo que ayudaría a cambio de su liberación de la cárcel”, dijo Richard Tennent, un defensor público federal asistente. La tercera testigo había sido compensada previamente por su trabajo con las fuerzas del orden.
Tennent señaló que uno de los testigos dijo a los investigadores que Ábrego García conducía de ida y vuelta entre Maryland y Houston, casi 24 horas en cada sentido, dos o tres veces por semana. El testigo dijo que Ábrego García casi siempre tenía a dos de sus hijos y a su esposa con él.
Tennent señaló que Ábrego García tiene tres hijos, dos de los cuales son autistas.
Ábrego García es ciudadano de El Salvador y había estado viviendo en Estados Unidos por más de una década antes de ser deportado. La expulsión violó una orden de un juez federal de inmigración de 2019 que lo protegía de la deportación a su país natal porque probablemente enfrentaría persecución de pandillas allí.
Mientras que el gobierno de Trump describió la remoción errónea como “un error administrativo,” los funcionarios han continuado justificándola insistiendo en que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13. Su esposa y sus abogados han negado las acusaciones, diciendo que él es simplemente un trabajador de la construcción y un hombre de familia.
“Kilmar quiere que tengan fe”
Antes de que comenzara la audiencia del viernes en Nashville, la esposa de Ábrego García dijo a una multitud afuera de una iglesia que el jueves se cumplieron tres meses desde que el gobierno de Trump “secuestró y desapareció a mi esposo y lo separó de nuestra familia”.
Con la voz entrecortada por la emoción, Jennifer Vasquez Sura dijo que vio a su esposo por primera vez el jueves. “Kilmar quiere que tengan fe”, dijo y pidió a las personas que lo apoyan a él y a su familia “que continúen luchando, y saldré victoriosa porque Dios está con nosotros”.
La decisión de acusar criminalmente a Ábrego García provocó la renuncia de Ben Schrader, quien era jefe de la división criminal en la fiscalía federal para el Distrito Medio de Tennessee. No abordó directamente la acusación y se negó a comentar cuando fue contactado por The Associated Press. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto de personal confirmó la conexión.
Los cargos de tráfico se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. El video de la cámara corporal de la Patrulla de Caminos de Tennessee muestra un intercambio tranquilo entre los oficiales y Ábrego García. También muestra a los agentes discutiendo entre ellos sus sospechas de tráfico de personas antes de dejarlo ir. Uno de los oficiales dice: “Está transportando a estas personas por dinero.” Otro dice que Ábrego García tenía 1.400 dólares en un sobre.
Aunque la sentencia máxima por traficar a una persona es de 10 años, y Ábrego García está acusado de transportar a cientos de personas durante casi una década, sus abogados señalan que no hay una sentencia mínima. La sentencia promedio por tráfico de personas el año pasado fue de 15 meses, según documentos judiciales.
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