El condado de Los Ángeles podría unirse a la lucha contra la regla migratoria de Trump

La tinta aún ‘no ha secado’ en una controvertida propuesta de la administración Trump que podría negar la residencia permanente o la ciudadanía a los inmigrantes que usan programas de asistencia pública, pero algunos funcionarios del Condado de Los Ángeles están preparando su oposición.

Se espera que, a principios de octubre, la Junta de Supervisores considere enviar una carta a los líderes federales que afirme que la regla propuesta causaría un “daño significativo” al condado y a sus residentes.

Lo que está en juego son las llamadas reglas de carga pública que han sido parte del sistema de inmigración, con las que los funcionarios federales pueden considerar como no elegibles a los solicitantes de visas que pudieran usar asistencia pública o aquellos que buscan la residencia permanente o la ciudadanía y que han usado ese apoyo en el pasado.

La Administración Trump ha propuesto expandir la cantidad de programas -y los procedimientos financieros de asistencia- que podrían impactar a los solicitantes, lo que genera críticas entre algunos activistas de inmigración.

La carta que mostraría la oposición a tal medida, de ser aprobada, sería parte de una estrategia más amplia del condado para responder a esta medida. La carta fue propuesta por los supervisores Hilda Solís y Sheila Kuehl.

Los empleados del condado, además de los supervisores del condado, también están monitoreando de cerca el efecto del plan.

“Potencialmente podría tener impactos de gran magnitud”, según la declaración oficial del condado. “Nuestra misión principal es proteger y mejorar la salud, la seguridad pública y el bienestar de los más de 10 millones de residentes que viven en el condado de LA, independientemente de su estado migratorio”.

La respuesta en la agenda de la mesa directiva podría crear un plan de educación y relaciones públicas multilingüe para informar a los residentes sobre los recursos de inmigración y el acceso a la asistencia pública. También le solicitarán al personal legal del condado que analice esa medida y cualquier acción legal que busque evitar su implantación.

No está claro si los otros tres supervisores de la junta apoyarán la respuesta tal como está redactada.

El plan también refleja la alineación con los esfuerzos del estado para combatir la regla propuesta que la Administración Trump planea presentar formalmente al Registro Federal en las “próximas semanas”, como anunció Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional.

El público tendría 60 días para comentar sobre la propuesta y los funcionarios federales todavía podrían modificarla antes de su implementación.

Nielsen dijo que el departamento quiere garantizar que las personas que buscan la residencia permanente o la ciudadanía puedan mantenerse económicamente.

“Esta regla propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso con la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger recursos finitos y garantizando que no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”, dijo.

Pero los detractores de la norma dicen que dificultaría la entrada y el trabajo de personas foráneas, lo que afectaría la economía nacional o tendría el efecto de negar a los inmigrantes el acceso a los servicios que legalmente tienen derecho a recibir.

Los beneficios ya considerados por los funcionarios de inmigración son programas de asistencia monetaria federal, estatal, local y tribal, beneficios que generalmente se definen como bienestar. La nueva regla incluiría porciones de Medicaid, Medicare, cupones de alimentos, instalaciones de vivienda pública y cupones de vivienda.

Solís, cuyo distrito tiene una alta proporción de residentes latinos, dijo que se oponía al gobierno porque cree que tendría un “efecto escalofriante” en la participación de los inmigrantes en los programas de asistencia pública.

“Esta es una traición a nuestros valores estadounidenses y tendrá un impacto negativo en la capacidad del Condado de Los Ángeles para proporcionar servicios importantes a quienes estamos obligados a atender”, dijo en un comunicado de prensa. “California y el condado de Los Ángeles, con nuestra gran y diversa población de inmigrantes, estarían entre las jurisdicciones más impactadas de la nación”.

Los inmigrantes son una parte sustancial de la población y la economía del condado. Alrededor del 35% de los residentes nacieron fuera de Estados Unidos y más de la mitad de las familias en el condado viven en un hogar donde se habla un idioma diferente al inglés, de acuerdo con encuestas de población realizadas por la Oficina del Censo de EE.UU.

Además de los funcionarios del condado, la regla propuesta por la administración ha llamado la atención de otros funcionarios electos locales y estatales y defensores de la inmigración.

El fiscal de California, Xavier Becerra, ha sido uno de los más expresivos al emitir una declaración denunciando el plan como un “ataque contra nuestras familias y nuestras comunidades”.

“La propuesta del gobierno de Trump castiga a las familias inmigrantes que trabajan arduamente, incluso a los niños que son ciudadanos, por utilizar programas que brindan nutrición básica y atención médica”, dijo Becerra en un comunicado.

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