En la fecha límite establecida por la corte para la reunificación, la crisis de las separaciones familiares continúa en la frontera

Las llamadas de ayuda comenzaron a llegar a los abogados de inmigración en todo el país justo antes del Día de los Caídos. Los inmigrantes detenidos -muchos de los cuales habían huido de las pandillas y la violencia de sus países de origen, y buscaban asilo legal en EE.UU.-, colmaban los tribunales en toda la frontera suroeste.

Decenas de ellos eran padres que informaban que agentes de la Patrulla Fronteriza se habían llevado a sus hijos, y muchos tenían la impresión de que volverían a ver a sus pequeños en cuestión de horas. “Tuvimos que darles la noticia de que eso no era cierto”, relató Efrén C. Olivares, quien se encontraba entre los abogados del Texas Civil Rights Project que asistieron a los defensores públicos en McAllen. “Y luego la pregunta se convirtió en ‘Si no es hoy, ¿cuándo será?’”.

“No teníamos una respuesta para eso”.

Nueve semanas de caos y confusión después, muchos aún siguen sin respuesta.

Según una orden emitida por Dana Sabraw, juez de distrito de Estados Unidos en San Diego, este jueves 26 de julio es la fecha límite para la reunificación de los más de 2,500 chicos que fueron apartados de sus padres mientras cruzaban la frontera.

Los abogados del gobierno admitieron que no podrán reunir a todas las familias para la fecha establecida: cientos de padres ya han sido deportados sin sus hijos, y el gobierno no pudo localizar a muchos otros. Las autoridades afirmaron en la corte el 24 de julio, que esperaban reunir a más de 1,600 familias antes de la fecha tope.

A pesar de la política de “tolerancia cero” declarada por la administración, cientos de esas familias fueron liberadas bajo libertad condicional inmigratoria, a la espera de las audiencias sobre sus solicitudes de asilo, generalmente con monitores de tobillo para los adultos. Sin embargo, muchas otras familias fueron enviadas a centros de detención de inmigrantes, incluidos dos en Texas, donde al menos 80 grupos familiares están en custodia.

Las razones de por qué algunas han sido liberadas y otras siguen detenidas aún no están claras, así como el tiempo que pueden durar esas detenciones, según los abogados defensores. Los funcionarios del gobierno se negaron a dar respuestas. Un fallo del tribunal federal que data de la década de 1990, generalmente limita el encierro de niños en centros de detención inmigratoria a 20 días.

Hasta este miércoles 26, el gobierno todavía trabajaba para reunir a más de 1,500 padres con sus hijos. Alrededor de 900 de ellos luchaban contra sus órdenes finales de deportación. Los abogados de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) pidieron a Sabraw que retrase las repatriaciones para dar más tiempo a los padres de decidir si abandonan el país con sus chicos, o si se separan de ellos y permiten que los menores sigan adelante con sus propios reclamos de asilo.

Los abogados del gobierno afirman que unos 130 padres abandonaron voluntariamente a sus hijos. Pero en declaraciones juradas presentadas este miércoles, los letrados aclararon que algunos de esos padres creían que estaban firmando formularios para entregar a los chicos a familiares en Estados Unidos. Otros fueron coaccionados o asustados, y muchos recibieron documentos que no podían leer, remarcaron los abogados. Algunas de las familias hablan principalmente lenguas indígenas y no saben leer ni escribir en español o inglés.

Más de 450 padres ya han sido deportados sin sus pequeños, informaron los abogados del gobierno a Sabraw. El número exacto, tal vez 463, sigue “bajo revisión”, aclararon. Unas 64 personas adicionales no reunían los requisitos para la reunificación con los menores porque tenían antecedentes penales o existían otras razones que, según los funcionarios gubernamentales, no los hacían aptos.

Al menos 217 padres fueron liberados en Estados Unidos sin sus pequeños, indicaron los abogados gubernamentales. Tanto la administración como los abogados voluntarios de la ACLU están tratando de localizarlos, en un esfuerzo por reunir a las familias.

La continua confusión, señaló Sabraw en el tribunal, fue el “desafortunado” resultado de una política adoptada “sin previsión de reunificación o seguimiento de las personas”.

A lo largo de la frontera suroeste, los abogados de inmigración describieron un proceso de reunificación tan caótico y escurridizo como las separaciones mismas. Mientras que las reuniones familiares a menudo se llevan a cabo en los estacionamientos de los centros de detención, grupos de activistas inundaron la frontera de Texas para brindar ayuda a padres e hijos exhaustos y traumatizados.

Annunciation House, en El Paso, montó centros de hospitalidad con camas, comidas, duchas y una muda de ropa para las familias. Hasta ahora, el sitio ayudó a 250 familias que fueron liberadas después de la reunificación, informó el grupo en un comunicado.

En el Valle del Río Grande, al sudeste, Catholic Charities había recibido otras 100 familias el 25 de julio, y cientos de voluntarios cocinaban y solicitaban donaciones de alimentos. “Les proporcionamos un lugar para estar con sus hijos... Nos aseguramos de que tengan un espacio seguro, tranquilo”, expresó Brenda Riojas, vocera de la organización benéfica.

El dinero recaudado -de donantes privados y organizaciones del Congreso, grupos de fe y entidades sin fines de lucro, en el marco de la coalición Families Belong Together-, permitió a los defensores comprar pasajes aéreos y de autobús para ayudar a los padres a viajar a las casas de sus parientes o amigos en todo el país.

Los grupos de abogados, como el Consejo Estadounidense de Inmigración, han recibido donaciones para brindar asesoramiento a los padres que buscan asilo u otras formas de ayuda inmigratoria. Pero asegurar que las familias tengan acceso y se puedan conectar con los letrados ha sido complicado.

Poco antes del mediodía del miércoles 25, Jaqueline Aranda Osorno, abogada de Public Counsel en Los Ángeles, recibió noticias de que su cliente, un padre guatemalteco, se había reunido con su hija de 13 años. Desde su casa, Aranda coordinó con voluntarios en McAllen para sacar a la dupla de la ciudad.

Los autobuses destinados a la ciudad de Texas, donde una familia patrocinadora los esperaba, estaban agotados. Una iglesia local ya estaba colmada de padres y niños recién reunidos. Múltiples familias compartían habitaciones.

“Ha sido increíblemente difícil descubrir cómo ayudar a esta familia”, señaló Aranda.

Otros defensores remarcaron que no se les había permitido el ingreso en algunos refugios, lo cual perjudicaba el acceso a las familias. “A algunos se les dice que se presenten al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en una semana, pero es posible que no comprendan qué hacer para evitar ser detenidos nuevamente”, advirtió Bethany Carson, una organizadora de Grassroots Leadership en Austin, Texas.

Cientos de niños más siguen en manos del gobierno, y al menos 37 de ellos aún no fueron emparejados con un progenitor. Los demócratas del Congreso, defensores de los derechos de inmigrantes y varios abogados continúan exigiendo respuestas sobre lo que ocurrirá después para las familias separadas y otros niños migrantes.

“Vamos a seguir haciendo las preguntas”, adelantó el representante Val Demings (D-Fla.), miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. “Seguiremos rastreando dónde están los padres y dónde están los niños, y no vamos a cesar hasta que todos los menores estén reunidos [con sus adultos]”.

El procurador general Jeff Sessions anunció la política de “tolerancia cero” en la frontera, en abril pasado, que entró en efecto a principios de mayo. En este marco, todos los adultos que cruzaron sin autorización al país fueron procesados por ingreso ilegal. La ofensa es un delito menor, y en casi todos los casos, los inmigrantes fueron condenados a tiempo cumplido, pero el hecho de haber sido detenidos proporcionó una justificación legal para que el gobierno quitara los hijos de su lado.

Con los padres puestos bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU., los funcionarios federales trasladaron a los niños a campamentos de tiendas de campaña o a más de 100 refugios en todo el país.

Funcionarios del Pentágono destacaron que se ordenó a los militares construir más campamentos en dos bases en Texas, para albergar temporalmente a los inmigrantes.

El 20 de junio, cuando las imágenes de pequeños detrás de vallas generaron una protesta internacional, el presidente Trump suspendió las separaciones a través de una orden ejecutiva. Posteriormente, Sabraw exigió que el gobierno reuniera a los niños menores de cinco años con sus padres dentro de los 14 días, y a los mayores hasta el 26 de julio.

Desde entonces, al menos 57 menores de cinco años y más de 1,185 chicos mayores volvieron a reunirse con sus parientes, en el marco de dicha orden judicial. Casi 500 más fueron reunidos en cuestión de horas por agentes de la Patrulla Fronteriza, en junio pasado.

Los funcionarios de la administración sugirieron por primera vez la idea de separar a las familias migrantes en la frontera como una forma de disuasión en marzo de 2017. Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, inicialmente negó la existencia de una política de separación familiar y luego refutó que Trump la hubiera ordenado como elemento disuasivo.

Desde entonces, ella y Sessions defendieron la decisión de enjuiciar a cualquier persona que sea atrapada cruzando la frontera entre los puertos de entrada legales. Cuando le preguntaron si había sido notificada de la política de separación familiar con anticipación, la funcionaria dijo que su respuesta era “sí y no”.

“Siempre hicimos esto en el Departamento de Seguridad nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En otras palabras, siempre hemos aplicado la ley. El gobierno anterior hizo cumplir las normas, lo cual significa que aplicó la ley contra las familias “, afirmó en una audiencia en el Aspen Institute. Sin embargo, antes de mayo, la mayoría de las familias con solicitudes de asilo fueron liberadas a la espera de una audiencia, y pocas fueron procesadas por ingreso ilegal.

A través de cartas y reuniones privadas, los miembros del Congreso siguieron presionando a funcionarios federales sobre cómo la política de separación familiar fue elaborada e implementada, incluyendo detalles sobre los presupuestos y la coordinación entre agencias bajo los departamentos de Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos y Justicia.

La respuesta de las agencias y los funcionarios de la administración Trump varió de mensajes mezclados al silencio. En la última reunión informativa, el 25 de julio, miembros del caucus hispano del Congreso afirmaron que Nielsen había expresado su confianza de que el gobierno estaba en camino de cumplir con el plazo, aunque remarcaron que las declaraciones de la secretaria y de los funcionarios federales a menudo estaban en conflicto con lo que observan los legisladores. En algunos casos, indicaron, a los padres detenidos se les cobra por las llamadas telefónicas a sus hijos o pueden verlos solo por una hora al día.

Las declaraciones judiciales, un mordaz informe de los abogados y los registros de al menos cinco demandas contra agencias federales, han arrojado luz sobre el tratamiento dado a niños y familias bajo custodia de inmigración.

En una instalación de Aduanas y Protección Fronteriza en El Centro, California, grupos con niños de hasta tres años dormían en pisos fríos y de concreto sin relleno acolchado, de acuerdo con los documentos del caso. A los detenidos, incluidos los menores, no se les daba acceso adecuado al agua potable y a productos básicos de higiene.

Los casos despertaron el apoyo de médicos, psiquiatras y pediatras. Los miembros del Colegio Estadounidense de Médicos exigieron la supervisión del Congreso sobre los efectos de la detención familiar en los niños.

“Tenemos dos preocupaciones principales”, exhortó Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste, que representa a más de 60 padres, abuelos y otros familiares separados de menores en la frontera. “¿El gobierno cumplirá con su fecha tope? ¿Las familias serán encerradas o tratadas con dignidad?”.

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