Se reportaron por años los abusos en la casa en donde murió un niño en Lancaster

Mucho antes de que Anthony Ávalos, de 10 años, muriera el jueves 21 de junio con graves heridas en la cabeza y quemaduras de cigarrillos que cubrían su cuerpo, la policía y los trabajadores sociales documentaron durante años las acusaciones por abuso, según fuentes familiarizadas con la historia del caso.

La información dada ha conocer anónimamente, indica que el niño nunca fue retirado permanentemente de la casa.

Los administradores escolares, un maestro, un consejero, familiares y otros llamaron a la policía o telefonearon a la línea directa de abuso infantil al menos 16 veces desde 2013, para denunciar incidentes en la casa de Lancaster, indicaron fuentes que revisaron los documentos del condado.

Esas personas dijeron que a Anthony y a sus seis hermanos se les negaban alimentos y agua, se les abusaba sexualmente, golpeaba y se les colgaba con la cabeza abajo desde una escalera.

También los obligaban a agacharse durante horas, los encerraban en espacios pequeños sin acceso al baño, les obligaban a pelear unos contra otros y a comer basura, dijeron las fuentes.

La mayoría de las acusaciones de abuso se referían a Anthony. Las personas señalaban a varios miembros de la familia, incluida su madre, Heather Barrón, y su novio, Kareem Leiva, de acuerdo con las fuentes. La acusación por abuso sexual se realizó contra otro miembro de la familia que Barrón y Leiva continuaron utilizando para que cuidara a los niños, incluso después de saber de ese delito.

Ni su madre ni su novio han sido acusados de un crimen relacionado con la muerte de Anthony. Barrón y Leiva no respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Los agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles respondieron el miércoles a una llamada al 911 de su madre, alrededor de las 12:15 p.m. y encontraron al chico inconciente dentro del departamento de la familia. Las autoridades dijeron les notificaron que el chico había “sufrido heridas por una caída”. Murió en un hospital el jueves por la mañana y los investigadores clasificaron la muerte como “sospechosa”. Funcionarios del condado sacaron a otros siete niños de la casa mientras continuaba la investigación.

Aunque muchos de los informes del presunto abuso de los niños provienen de profesionales o testigos oculares, los trabajadores sociales que investigaron las acusaciones solo señalaron algunas acusaciones como “justificadas”, y colocaron brevemente a Anthony al cuidado de unos tíos, dijeron las fuentes. Luego regresaron a Anthony a la casa de su madre por las protestas de sus familiares, dijo la tía, María Barrón, en una entrevista.

El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles archivó el caso bajo la ley estatal de divulgación, que dice que la muerte de Anthony probablemente se debió a abuso infantil.

El director del DCFS, Bobby Cagle, se negó a ser entrevistado sobre el caso de Anthony. Su portavoz no dijo si el departamento ha identificado algún error en la gestión del caso porque era demasiado pronto en la investigación. También se negó a decir si esos trabajadores han sido suspendidos mientras se lleva a cabo la investigación, a pesar de la práctica de esta institución de divulgar tales decisiones.

María Barrón dijo en una entrevista que comenzó a hacer llamadas al DCFS en 2015, cuando notó moretones y otras lesiones que los niños dijeron habían sido causadas por Leiva. Ella dijo que los niños también le informaron que los encerraban en espacios pequeños donde tuvieron que orinar y defecar en el piso.

En un momento dado, María Barrón prohibió que la madre de los niños los recogiera después de una visita, y su esposo llamó a la policía. Pero los niños más tarde se retractaron de algunas historias de abuso después de hablar con su madre, dijo María Barrón. Los trabajadores sociales y la policía parecían aceptar esas retractaciones al pie de la letra, dijo.

El padre de Anthony, Victor Ávalos, que vive en el estado mexicano de Colima, donde vende perros calientes, dijo que Anthony nació cuando él y Barrón eran adolescentes. Los años que han pasado, dijo que vivió en la desesperación al ver que la policía y los trabajadores sociales no tomaban ninguna acción para alejar a Anthony del cuidado de su madre.

“Sabía que no estaba recibiendo cuidados. No estaba recibiendo amor ni comida “, dijo Ávalos, de 29 años.

Dijo que le pidió a Barrón que le permitiera al menor irse a vivir con él, pero ella se negó.

“Anthony decía: Sabes qué, realmente me quiero ir contigo”, dijo Ávalos, recordando sus video llamadas. “Me rompía el corazón”.

Cuando la madre de Anthony se negó a que el menor la dejara, Ávalos se aseguró de que los trabajadores sociales tuvieran su número y dirección. Luego esperó noticias de ellos mientras la evidencia del peligro sobre su hijo aumentaba. La llamada nunca llegó, dijo.
“Le pregunté a [Anthony], ‘¿Cómo estás? ¿Cómo te están tratando? Él simplemente bajó la cabeza”, relató. “Anthony tenía miedo de hablar”.

El departamento tiene el poder de solicitar a la corte que coloque a los niños abusados con su familia en México, pero como ciudadano mexicano, Ávalos no tenía la documentación necesaria para venir y recuperar a Anthony por su cuenta.

En cambio, los trabajadores sociales de protección infantil intentaron trabajar con Barrón para que fuera una mejor madre, según las fuentes.

Barrón, de 28 años, ingresó al menos dos veces al programa de “desarrollo familiar” del departamento, donde recibió clases para padres y otros servicios destinados a eliminar cualquier riesgo en la seguridad de los niños. También estuvo bajo la supervisión de los tribunales. Durante este tiempo, a ella y a sus hijos se les asignaron abogados a medida que avanzaban los esfuerzos para rehabilitarla, pero la supervisión del tribunal no duró mucho, dijeron las fuentes.

El programa ha sido criticado en los últimos años por mantener a los niños con padres abusivos sin cumplir su misión de eliminar las amenazas sobre la seguridad.

En las cercanías de Palmdale, Gabriel Fernández, de 8 años, fue asesinado en 2013 por su madre y su novio después de que los trabajadores sociales ubicaran a ella en ese programa. Tres semanas después de su ingreso, y luego de una serie de citas perdidas, el departamento la declaró no rehabilitada.

Una portavoz del Departamento del Alguacil, que manejó algunas de las llamadas de la policía, se negó a detallar qué acciones tomó la agencia en el caso de Anthony.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, quien representa a Lancaster, también se negó a ser entrevistada sobre el caso. En una declaración dijo que “con tristeza y enojo, hemos resuelto continuar trabajando como comunidad para identificar e implementar estrategias efectivas para prevenir el abuso, proteger a los niños y salvar vidas”.

Cuando los niños mueren por abuso luego de la supervisión del DCFS, se inicia una profunda investigación interna bajo la supervisión de abogados del condado, pero los hallazgos generalmente nunca se hacen públicos. En su lugar, son revisados por los cinco miembros electos de la junta de supervisores del condado que mantienen estrictamente la información bajo el privilegio de secrecía entre abogados y clientes.

Therolf es reportero del Programa de Investigación en UC Berkeley y Common Sense News, una organización sin fines de lucro enfocada en el bienestar de los niños.

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