Un error en la ley tributaria podría llevar a la bancarrota a las víctimas del #MeToo

Los republicanos están considerando una solución a una disposición en su nueva ley tributaria que, reconocen, podría penalizar inadvertidamente a las víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo.

Pero el estancamiento del Congreso antes de las elecciones de mitad de período, en noviembre, significa que no hay garantía de que el problema sea corregido rápidamente, si es que finalmente ocurre eso.

La revisión fiscal del presidente Trump elimina la deducción que las empresas podían hacer cuando resolvían casos de acoso sexual e incluían acuerdos de no divulgación, que generalmente mantienen en secreto los detalles como condición del pago. Una palabra inapropiada usada por los escritores de impuestos republicanos podría significar que las víctimas que acusan a individuos como el productor de Hollywood Harvey Weinstein por delitos sexuales, también pierdan la posibilidad de deducir sus gastos legales.

Un alto asesor republicano de la Cámara de Representantes que trabaja en política fiscal, reconoció que la cláusula tiene resultados no deseados, y que se está discutiendo como una “corrección técnica” a la ley tributaria.

Un asesor republicano de alto rango del Senado agregó que los legisladores están examinando el tema. A ambos asistentes se les concedió la condición de anonimato para que revelen conversaciones privadas.

Mientras tanto, los abogados de los demandantes hablan sobre cómo la ambigüedad de la ley preocupa a sus clientes, quienes temen que denunciar el acoso sexual tenga un costo mucho mayor. “Existe la preocupación de que debido a la ley de impuestos de 2017, de alguna manera volveremos a ese sistema original que obviamente penaliza en gran medida a la víctima”, indicó Genie Harrison, que representa a una de las asistentes personales de Weinstein en una demanda por acoso sexual.

Eso no era lo que la ley debía hacer. Los legisladores republicanos en el Comité de Finanzas del Senado acordaron a mediados de noviembre incluir una enmienda del senador Bob Menéndez (D-N.J.) para ayudar a que el uso de los acuerdos de no divulgación sea menos atractivo, luego de una avalancha de acusaciones de mala conducta sexual.

La reacción en contra de los acuerdos de no divulgación fue alimentada por ejemplos como el de Weinstein y el expresentador de Fox News Bill O’Reilly, donde los contratos ayudaron a ocultar las acusaciones de mala conducta o a que incorporen nuevos límites.

Hasta ahora, cerca de 300 ejecutivos y otras personas de alto perfil, en su mayoría hombres, fueron acusados de acoso sexual u otros comportamientos inapropiados, en relación con el movimiento #MeToo, según la empresa Temin & Co. de asesoría de crisis -con sede en Nueva York-, basado en un conteo continuo de acciones extraídas de las noticias y otra información pública. Ese número no incluye las acciones tomadas que no se han hecho públicas, según Temin.

La disposición original dejaba en claro que el cambio de deducción aplicaba solo a la empresa, no a la víctima, según Steven Sandberg, un portavoz de Menéndez. Los redactores de impuestos republicanos usaron la palabra “capítulo” en lugar de “sección” en la enmienda, lo cual podría interpretarse ampliamente como una aplicación de la eliminación a las víctimas.

El senador Orrin Hatch (R-Utah), presidente del Comité Senatorial de Finanzas, seguirá reuniéndose con miembros del comité para abordar cualquier inquietud con la nueva norma y examinar posibles correcciones técnicas, si fueran necesarias, advirtió Julia Lawless, vocera del panel.

Menéndez intenta obtener una enmienda a través del Comité de Finanzas o la aprobación de una nueva norma para dejar eso en claro, indicó Sandberg en un correo electrónico. Al proyecto de ley para aclarar la exención del castigo para las víctimas se lo llama ‘revocación del aumento de impuestos de Trump a las víctimas de la Ley de Acoso Sexual de 2018’.

Proyecto de ley

Con la proximidad de las elecciones de mitad de período, las perspectivas de una revisión técnica de la ley tributaria -aprobada sin un solo voto demócrata- están lejos de ser ciertas. Los republicanos controlan 51 escaños en el Senado, y se necesitarían 60 votos para un proyecto que corrija cualquier error. Los demócratas ya señalaron que son reacios a aprobar cualquier legislación que repare un proyecto de norma impositiva que nunca firmaron -tal como hicieron los republicanos después de que los demócratas intentaron modificar la Ley de Asistencia de Salud Asequible-. O pueden pedir algo a cambio, que los republicanos no están dispuestos a proporcionar.

Otra opción podría ser añadir una enmienda al proyecto de ley de financiamiento de la administración, que debe aprobarse antes de fines de septiembre para evitar el bloqueo del gobierno. El proyecto de ley anterior, que Trump firmó en marzo, incluyó una corrección a una medida en la norma tributaria que afecta a los agricultores; hasta ahora, la única vez que los republicanos señalaron una disposición específica que necesitaba un cambio. Algunos demócratas acordaron respaldar el proyecto de ley de gastos, ya que incluía otros cambios que eran vistos como victorias políticas para ambos partidos.

Si la regla no se aclara pronto, existe el riesgo de que las futuras víctimas permanezcan en silencio, advirtió Harrison, que ejerce en Los Ángeles. Hay menos incentivos para hacerlo si ganar el caso significa una carga tributaria insostenible, agregó.

Por ejemplo, en un acuerdo por $100,000 los costos y tarifas pueden escalar a $45,000, dejando $ 55,000 netos para la víctima. Sin la deducción, la víctima pagaría impuestos sobre los $100,000, lo cual puede significar una factura de impuestos igual o mayor a su compensación, indicó Harrison. Los demandados en lo que va del 2018 señalaron que no están dispuestos a agregar dinero adicional para compensar la posible penalización del impuesto adicional, agregó.

Otros reclamos

Tampoco está claro qué sucede en casos que incluyen tanto acoso sexual como otros reclamos, como discriminación salarial o discriminación de género, añadió Bruce Schwartz, abogado de beneficios y derecho tributario en Jackson Lewis, en White Plains, Nueva York. Los costos legales asociados con acuerdos para otras formas de sesgo aún son deducibles de impuestos, pero la proporción puede no ser clara, indicó.

Intentar cambiar el comportamiento a través de la legislación fiscal no es una idea nueva ni suele ser muy efectiva, expuso Schwartz. Cuando los votantes estaban molestos por los altos salarios pagados a los directores ejecutivos, los legisladores limitaron la capacidad de deducir el pago a los CEO al primer millón de dólares. Las empresas simplemente pasaron una parte más de la compensación fuera del salario, dijo.

“Es lo que yo llamaría legislar en el Congreso en respuesta a los titulares de los periódicos y usar el Código de Impuestos Internos para hacer cumplir la política social”, aseveró Schwartz. “Usar el Código de Impuestos Internos para hacer eso es inútil”.

Incluso si el Congreso resuelve la ambigüedad sobre la confidencialidad, la norma más amplia aún podría mantener calladas a muchas víctimas. Esto se debe a que será más costoso para una empresa mantener en secreto los detalles del caso, una opción que algunas víctimas tal vez prefieren, consideró Elisa Lintemuth, abogada laboral de Dykema Gossett en Grand Rapids, Michigan, quien representa a compañías en los casos.

“Creo que cambiará la forma en que se litigan y resuelven los casos”, añadió Lintemuth, quien habló sobre la incertidumbre reinante en una reciente conferencia telefónica con sus clientes. “Si una empresa ya no puede deducir su acuerdo y los honorarios legales, es más probable que se arriesgue y proceda con el litigio, incluso si los honorarios de los abogados resultaran más caros. Puede tener la opción de ser vindicada ante un tribunal y deducir todos sus costos”.

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