Una política contra los migrantes podría sacar a 55.000 niños de sus hogares

Uno podría fácilmente preguntarse si hay algún tipo de concurso interno dentro de la administración Trump para ver quién es el funcionario más despiadado.

Y si hubiera tal concurso, tendríamos a un nuevo competidor: quienquiera que haya ideado la propuesta de reglamento que podría expulsar a 55.000 niños, incluyendo ciudadanos estadounidenses, de las viviendas públicas.

La nueva regla propuesta, (¿sería Stephen Miller quien la creó?), negaría la ayuda para vivienda a las familias que incluyan a una persona viviendo en el el país ilegalmente, incluso si otros miembros son residentes legales o ciudadanos de EE.UU.

Actualmente, una familia de dos padres y dos hijos, uno de los cuales es un inmigrante indocumentado, puede obtener asistencia de vivienda distribuida de manera proporcional omitiendo al miembro indocumentado. Bajo el reglamento propuesto, la familia completa no sería elegible, y si actualmente se encuentra en una vivienda pública, sería desalojada.

La política también encaja con un esfuerzo más amplio de la administración para hacer la vida más difícil a los inmigrantes indocumentados.

El gobierno estima que eso afectaría a 55.000 niños estadounidenses. Si la persona indocumentada es el único adulto en el hogar, no habría opción - la familia se tendría que ir. Las familias con un padre que vive de manera legal y un padre indocumentado tendrían la opción de separarse, aunque esto parece ser una alternativa muy costosa para una familia que necesita una vivienda subsidiada.

En total, el HUD estima que 25.000 hogares, con un total de 108.000 personas, en viviendas subsidiadas tienen por lo menos un miembro no elegible. Cerca del 70% de las 108.000 personas, incluyendo a los niños, califican para recibir beneficios que perderían bajo la nueva regla.

Estamos hablando de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes que viven aquí legalmente y que sufrirían junto con los que no lo son.

La administración Trump ya está impulsando una nueva norma que haría más difícil para los inmigrantes legales permanecer en el país si recurren a los servicios del gobierno, incluyendo el Programa de asistencia de nutrición suplementaria o los servicios de salud subsidiados.

La nueva política de vivienda también encaja con un esfuerzo más amplio de la administración para hacer la vida más difícil a los inmigrantes indocumentados con la esperanza de que se “autodeporten”, un plan que parece estar funcionando.

El Proyecto Marshall informa que las solicitudes de “salida voluntaria” se han duplicado en el último año. Se trata de personas en proceso de deportación que se rinden y piden regresar a sus países de origen. Estas salidas no se registran como deportaciones; las personas deportadas se enfrentan a importantes dificultades para intentar volver a entrar legalmente en el país en el futuro.

A medida que los centros de detención y las cárceles se llenan de más personas que son objeto de deportación, y con casos que a veces tardan años en resolverse, la salida voluntaria puede ser una opción más atractiva para algunos.

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