Los Ángeles avanza hacia un requisito de vacuna para quienes acudan a restaurantes, tiendas, gimnasios y bares en interiores

Los Ángeles dio un paso el miércoles para exigir a las personas que reciban al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes de aventurarse en restaurantes interiores, bares, gimnasios, tiendas, cines y otros lugares.

El Concejo Municipal votó para ordenar a los fiscales municipales que redacten la ley, aunque gran parte del plan aún no se ha elaborado, incluido precisamente dónde se aplicaría y cómo se harían cumplir las nuevas reglas.

Una vez redactada la ordenanza, volvería al Ayuntamiento para su aprobación final.

“No estar inoculado en realidad afecta la salud de todos los demás”, señaló la presidenta del Concejo, Nury Martínez, “por lo que [el] argumento de que tiene derecho a no acceder a la vacuna o estar inoculado simplemente ya no funciona”.

La propuesta fue anunciada la semana pasada por Martínez y el concejal Mitch O’Farrell, quienes argumentaron que la medida protegería a las personas en lugares públicos mientras aumentan los casos de COVID-19.

Aunque caracterizó la disposición como un esfuerzo para proteger la salud pública en general, O’Farrell indicó que “no era un mandato de vacuna”.

“No vamos a decirle a nadie que tiene que ser inoculado”, enfatizó. “Tampoco vamos a negarle a nadie la capacidad de acceder a los elementos esenciales (alimentos, medicamentos, etc.) independientemente de la vacunación. Eso no sería legal, no sería moral. Pero lo que es realmente inmoral es optar por no ser inoculado, elegir escuchar algunas peroratas delirantes en Twitter. Esto es la vida real. Los antígenos funcionan”.

David Aroch, de 18 años, utiliza cubrebocas mientras limpia su área de trabajo en Fresco Community Market en Los Ángeles.

(Francine Orr / Los Angeles Times)

Como parte de su voto de 13-0, los miembros del Concejo ordenaron al personal de la ciudad que recopilara opiniones de empresas y grupos empresariales sobre qué tipos de espacios públicos deberían incluirse en última instancia en el borrador de la ordenanza, y también que se reunieran con padres, maestros, pediatras y niños, así como proveedores de atención médica para discutir la mejor manera de proteger a los niños menores de 12 años, quienes siguen sin ser elegibles para recibir el antígeno.

Los grupos empresariales y de la industria de restaurantes se han mostrado abiertos a la idea.

Jot Condie, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de California, indicó en un comunicado que “si pedir a los clientes una prueba de vacunación en espacios públicos interiores puede ayudarnos a evitar más cierres, despidos masivos y límites operativos, haremos todo lo razonablemente posible para ayudar en el esfuerzo”.

La Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles señaló que los aportes comerciales serían cruciales para implementar dicha medida.

United Food and Commercial Workers Local 770, que representa a más de 30.000 trabajadores, incluidos los empleados de las tiendas de comestibles, acogió con satisfacción la medida y puntualizó que sus miembros habían soportado altas tasas de infección por COVID-19, debido a “los antimascarillas y antivacunas, falta de pruebas y distanciamiento social, rastreo de contactos deficiente y otras amenazas”.

Instó a la ciudad a asegurarse de que la ordenanza incluyera un “funcionario de salud y seguridad capacitado” para cada sitio de venta minorista.

“Es imposible para los trabajadores minoristas mantener el funcionamiento de la tienda adentro y hacer cumplir el requisito de inoculación afuera”, escribió el presidente del sindicato, John M. Grant, en una carta a los miembros del Concejo. “Con demasiada frecuencia, las empresas imponen la carga de la aplicación de la ley a sus empleados, quienes de por sí ya carecen de personal”.

Algunos opositores escribieron a los miembros del Concejo denunciando que el plan era exagerado, incluidas personas que desestimaron la pandemia de COVID-19 como un engaño o argumentaron que los antígenos eran dañinos. Muchos expresaron su preocupación por la autorización de emergencia para que se inoculen o sostuvieron que las infecciones “de irrupción” minaban el caso de las vacunas.

“Lo que está proponiendo es solo una forma de castigar a las personas que no están inoculadas”, argumentó un redactor de las cartas. “Esto es absolutamente acientífico e innecesario”.

Los miembros del Concejo, sin embargo, señalaron que la decisión personal de vacunarse podría extenderse mucho más allá de quien toma esa decisión.

“Vivimos en una sociedad. Y en una sociedad, la gente tiene que ayudar a otras personas”, señaló el concejal Paul Krekorian. “Y simplemente no logro entender que este énfasis en los derechos y libertades personales de alguna manera ahora triunfa sobre cada obligación de ciudadanía y de la sociedad, así como la preocupación por proteger las vidas de nuestros conciudadanos”.

Aunque es posible que algunas personas den positivo al coronavirus o las variantes incluso después de haber sido inoculadas, los funcionarios de salud pública enfatizan que esos casos “de irrupción” son raros y que los individuos no vacunados tienen un riesgo mucho mayor no solo de infectarse, sino también de sufrir una enfermedad grave por COVID-19.

En Los Ángeles, la directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer, informó que la probabilidad de que una persona no inoculada se infecte es actualmente cuatro veces mayor que la de una persona que está completamente vacunada. Y el riesgo de ser hospitalizado con COVID-19 fue 19 veces más alto entre los que no estaban completamente inoculados que entre los que sí lo están.

De los más de 5 millones de angelinos que habían sido completamente vacunados hasta el 3 de agosto: 15.628, o 0.31%, terminaron más tarde dando positivo por el coronavirus; 446, o el 0.009%, terminaron en el hospital con COVID-19; y 41, o el 0.0008%, finalmente murió.

“Si se vacuna, tiene mucha protección”, comentó Ferrer el martes. “Es muy poco probable que se infecte. Si se contagia, muy pocas personas terminan en el hospital y muy, muy pocas fallecen. Los números son muy pequeños. Son trágicos, pero son mínimos”.

Las cifras del condado reflejan la experiencia en todo el estado. Para la semana del 31 de julio, la tasa promedio de casos de coronavirus entre los californianos no inoculados fue de 33 por cada 100.000 residentes al día, casi cinco veces la tasa comparable de personas vacunadas, según el Departamento de Salud Pública de la entidad.

Dada la protección que brindan los antígenos, los expertos en salud pública sostienen que lograr que más residentes se vacunen no solo es la mejor manera de frustrar el aumento actual de California, sino también de proteger al estado contra futuros resurgimientos del coronavirus.

En el transcurso de los últimos meses, los funcionarios han trabajado para hacer que los antígenos sean más accesibles y para llevar a cabo actividades de divulgación, puerta en puerta, para responder preguntas y abordar inquietudes.

Han ofrecido incentivos (entradas para espectáculos y eventos deportivos, paquetes de vacaciones, así como premios en efectivo) con la esperanza de tentar a los que quedan.

La campaña de inoculación solo ha adquirido una nueva urgencia tras la llegada de la variante Delta, que se cree que es la versión más transmisible del coronavirus hasta el momento. Y California ha experimentado un incremento en la administración de dosis en las últimas semanas a medida que la transmisión comunitaria vuelve a cobrar fuerza.

Pero con los casos aumentando a niveles no vistos desde la ola de otoño e invierno, y los hospitales una vez más lidiando con una avalancha de pacientes con COVID-19, los líderes políticos están considerando acciones cada vez más enérgicas.

California ha ordenado que los trabajadores de la salud en todo el estado deben estar completamente inoculados contra el COVID-19 a principios del otoño, con excepciones limitadas permitidas por razones médicas o religiosas.

Los empleados estatales deberán mostrar prueba de que han sido vacunados y los que permanezcan sin inocular estarán sujetos a un régimen de pruebas regular. El gobernador Gavin Newsom emitió una orden similar para el personal de las escuelas el miércoles.

Los Ángeles también requerirá que los empleados de la ciudad proporcionen un comprobante de vacunación o se sometan a pruebas semanales. Y el martes, la Junta de Supervisores de Los Ángeles ratificó por unanimidad una orden ejecutiva emitida previamente por la presidenta Hilda Solís que requiere que los 110.000 empleados del condado proporcionen prueba de inoculación antes del 1 de octubre, con exenciones médicas o religiosas autorizadas.

Además, el condado está sopesando una propuesta de verificación de vacunación similar a la de la ciudad. Los supervisores aprobaron el martes una medida pidiendo al personal del condado que proporcione un plan integral en dos semanas sobre cómo funcionaría dicha política, incluidos los entornos que deberían incluirse y las opciones para su implementación.

La redactora del Times, Jaclyn Cosgrove, contribuyó a este artículo.

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