Los migrantes LGBTQ se enfrentan a la extorsión, amenazas de muerte y agresiones después de ser enviados al sur de la frontera.
Como ha sucedido tantas veces en su vida, Mayela Villegas nuevamente se enfrentó a la amenaza de la violencia.
Era una tarde de septiembre y estaba sola. Cientos de otros solicitantes de asilo acampados al pie del puente fronterizo México-Estados Unidos descansaban, antes de que los voluntarios llegaran con la cena.
De repente, otra migrante centroamericana apareció en su tienda, gruñendo con amenazas. “No quiero ningún problema”, afirmó Villegas, una figura delgada con largo cabello castaño y labios pintados con lápiz labial rojo.
“¿Qué problemas?”, la increpó la mujer. “El único problema sería cómo tomar un cuchillo y destriparte. No serías la primera ni la última. No vales nada, eres molesta. Nunca te compararás conmigo porque tengo vagina y tú no”.
Villegas es transgénero. Se había quedado en el puente con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos para escapar de tales amenazas.
La mujer hondureña que la amenazaba estaba saliendo con un miembro de un cártel mexicano. Villegas intentó apaciguarla cuando reconoció que tenía amigos poderosos, incluso habiendo grabado en secreto su encuentro mediante su teléfono celular.
“Sí”, gruñó la mujer antes de irse a su tienda cercana. “Ya sabes cómo va a terminar esto”.
Los estudios muestran que los migrantes LGBTQ se encuentran entre los más vulnerables y son más propensos a ser agredidos y asesinados: el 88% fueron víctimas de violencia sexual y de género en sus países de origen; dos tercios sufrieron ataques similares en México, según un estudio de 2017 realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Los inmigrantes no mexicanos que solicitan asilo ahora deben esperar las audiencias en los tribunales de inmigración de Estados Unidos al sur de la frontera, en el marco del programa Permanecer en México, de la administración Trump. Una portavoz de Seguridad Nacional afirmó que a los solicitantes se les puede eximir del programa y permitirles su ingreso a territorio estadounidense si son “más propensos a ser perseguidos o torturados en México”.
De hecho, algunos migrantes transgénero han sido liberados o detenidos en Estados Unidos, pero muchos más solicitantes de asilo LGBTQ fueron incluidos en listas de espera o enviados de regreso a México durante meses. Docenas de peticionarios de asilo LGBTQ en Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana aseguraron en entrevistas que los funcionarios de inmigración estadounidenses les habían dicho que no estaban exentos del programa.
Villegas, una peluquera de 27 años oriunda de El Salvador, buscó refugio por primera vez en Estados Unidos hace cinco años. Entró al país por Tijuana, pero fue deportada. Dos años más tarde regresó, pero fue repatriada nuevamente por un juez que no creía que ella fuera salvadoreña o transgénero, según documentos judiciales que conserva.
Villegas indicó que ella y una amiga transgénero fueron secuestradas en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, por hombres que las desnudaron y violaron repetidamente. Villegas, quien abandonó la universidad para ayudar a mantener a su familia, logró escapar y regresar a casa, pero fue asaltada y forzada a prostituirse por miembros de pandillas salvadoreñas. Denunció los ataques a la policía y a la Amnistía Internacional, y testificó en una conferencia de derechos humanos. Pero después de ser amenazada de muerte por la pandilla, en mayo, volvió al norte nuevamente, con la esperanza de reunirse con su tía, una residente legal en Houston.
Según Villegas, su familia la aceptó como transgénero. Su tía, también estilista, la ayudó encontrar trabajo y la alojó en su casa suburbana. Pero la mujer, que es conservadora, la llamaba por su nombre masculino, la presionaba para que asistiera a la iglesia y la criticaba si usaba vestidos llamativos o algo demasiado femenino.
En Matamoros, Villegas esperó tres semanas antes de que se le permitiera cruzar el puente fronterizo a Brownsville, Texas, y pedir asilo. Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza pudieron ver en su identificación que era transgénero. Cuando preguntó si había excepciones para Permanecer en México para los migrantes trans, “contestaron que eso sucedería en mi audiencia en la corte”.
La enviaron de regreso a México el mismo día. Su audiencia de inmigración en Brownsville será hasta el 9 de diciembre. “Podría morir antes de eso”, afirmó.
Unos migrantes que se bañaban en el cercano Río Grande el mes pasado encontraron el torso de un hombre cuyas extremidades y cabeza habían sido cortadas. Villegas pensó mucho en su propia muerte. “¿Dónde me enterrarían?”, se preguntó en voz alta. “¿Se enteraría mi madre?”.
El 1º de septiembre, ella y otra media docena de migrantes LGBTQ, acompañados por defensores legales de EE.UU, entraron al puente y se enfrentaron a los funcionarios de aduanas, exigiendo que los expulsaran del programa Permanecer en México. Todos fueron enviados de regreso a Matamoros.
A medida que pasaban las semanas, la vida en el campamento empeoró. Los migrantes arrojaban basura a una pila negra y fétida, junto a la tienda de Villegas. La mujer que la había amenazado seguía merodeando. Villegas se preguntaba si sería atacada.
“A veces pienso en el suicidio”, reconoció.
Ella no considera usar ropa de hombre o actuar como uno para pasar inadvertida. “Soy una mujer”, aseguró. “No puedo renunciar a lo que soy”.
Después de haber tomado medicamentos bloqueadores de hormonas desde los 16 años, el rostro de Villegas luce suave; también tiene senos. Sueña con someterse a una cirugía de readecuación de género cuando llegue a Estados Unidos, y encontrar trabajo. Quiere ser libre para caminar por las calles sin miedo, “para terminar mi transición y no ser perseguida por nadie más”.
Aunque faltaban semanas para su audiencia, un abogado de inmigración se ofreció a acompañarla por el puente para intentar solicitar asilo este mes. Días más tarde, escuchó que el candidato presidencial Julián Castro, quien trabaja con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, iría a Matamoros para escoltar a otros solicitantes de asilo LGBTQ a través del puente.
Villegas se preguntó qué aumentaría sus posibilidades. ¿Cruzar sola? ¿Hacerlo con otros?
En su tienda de campaña, la noche antes de cruzar, empacó dos pequeñas maletas y envió un mensaje a otros solicitantes de asilo LGBTQ a través de WhatsApp.
“¿Qué harían si estuviesen en mis zapatos?”, preguntó.
No está claro cuántas personas LGBTQ se encuentran entre los 54.000 peticionarios que regresaron a México, o los 26.000 más en listas de espera para solicitar asilo. Cuarenta y cinco legisladores del Congreso escribieron a los funcionarios de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en junio pasado, exigiendo que aclaren la política de Permanecer en México para los migrantes LGBTQ y que detallen cuántos han sido devueltos.
“Obligarlos a permanecer en México o crear dificultades adicionales en su proceso de asilo sólo los hace más susceptibles a la misma violencia que los obligó a abandonar sus países de origen”, escribieron los legisladores.
El subsecretario adjunto de Seguridad Nacional, James McCament, se negó a revelar detalles, alegando otras demandas que desafían el programa Permanecer en México. “Pero quiero reiterar el compromiso del DHS con la implementación responsable de este programa, ya que se aplica a todos, incluidos los solicitantes de asilo LGBTQ y otras poblaciones vulnerables”, escribió en una carta a los legisladores, en julio.
Este mes, el representante Raúl M. Grijalva (demócrata de Arizona) afirmó que estaba redactando una carta de seguimiento a Seguridad Nacional para exigir que revelara la información. “Vamos a presionar al departamento nuevamente”, aseveró en una entrevista. “La vulnerabilidad de los solicitantes de asilo LGBTQ es histórica en este país, así como en América Latina. Queremos alguna respuesta y reconocimiento de que eso es cierto, y qué se hará al respecto”.
La representante Nanette Barragán (demócrata de San Pedro), quien forma parte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, afirmó: “Necesitamos obtener algunas respuestas y definiciones claras de quién califica, y debemos presionar para que las poblaciones vulnerables entren en la exención”.
Los migrantes LGBTQ enfrentan presiones en toda la frontera entre Estados Unidos y México.
En Juárez, a más de 800 millas al oeste de Matamoros, el único refugio para migrantes LGBTQ no cuenta con fondos fijos; tampoco tiene vidrios y sus muros están deteriorados. En algunos lugares, el techo se ha derrumbado y está remendado con bolsas de basura, por las que se filtra el agua cuando llueve.
La enfermera transgénero Grecia Herrera Alvarado fundó el refugio el año pasado y lo llamó Respetttrans “porque queremos respeto; respeto a nuestra identidad”. A diferencia de los refugios para inmigrantes religiosos en Juárez, ha recibido pocos fondos del gobierno mexicano, dijo.
Un día de septiembre, el refugio albergaba a unas 50 personas, una docena de ellas LGBTQ. Chicos en un sofá hecho jirones se reían mientras señalaban un letrero que mostraba a docenas de migrantes transgénero que se habían quedado en el refugio, incluidos dos que murieron después de cruzar la frontera y enfermarse en los centros de detención de Inmigración y Aduanas de EE.UU.
Cada día llegan más migrantes. Pronto, las temperaturas comenzarán a bajar a medida que se acerca el invierno. Herrera necesita arreglar el techo y las ventanas antes de eso, pero un sitio web de GoFundMe recaudó lo suficiente para cubrir los gastos mensuales. “A veces me canso”, remarcó. “Cuando veo cómo mueren mis hermanas; cuando volteo a ver la casa, la condición en que nos deja el estado; que no le importamos a nadie…”.
Una semana antes, dos mujeres transgénero que ella conocía habían sido halladas sin vida en un viaducto cercano, con disparos y mutiladas. Cinco fueron asesinadas en Juárez en el último mes, agregó.
Hace seis meses que la transgénero hondureña Courtney Collins espera en el refugio para solicitar asilo en Estados Unidos, temerosa de salir. Collins, de 20 años, relató que su madre murió cuando ella era pequeña y que los familiares que la criaron la echaron a los 14 años, cuando la sorprendieron con ropas de mujer.
Al igual que muchos migrantes LGBTQ en el refugio, Collins tiene parientes en Estados Unidos, incluso en Los Ángeles. Ella los contactó por teléfono, pero se negaron a ayudarla porque son conservadores, pentecostales. “Mi tía me dijo que la única forma en que podría aceptarme es si soy un buen hombre y tengo una mujer y empiezo a tener hijos”, narró Collins.
Ella se negó. “Dije: ‘Esa no es la vida que quiero’, y mi tía respondió: ‘Arderás en el infierno’”.
Collins estaba emocionada ante la perspectiva de ingresar a Estados Unidos, pero le preocupaba que pudiera enfermarse o ser agredida estando detenida.
“No tenemos mucho para defendernos”, aseguró respecto a los migrantes transgénero. “Sólo buscamos un lugar donde podamos ser quienes realmente somos”.
Los migrantes en el refugio, oriundos de Cuba, El Salvador y Honduras, aseguraron haber sido violados en sus países de origen, y atacados por su condición LGBTQ.
En Matamoros, dicen lo mismo. Andrea, de 24 años, huyó de El Salvador en junio pasado con su novia de mucho tiempo y la hija de nueve años de esta, después de ser acosada por un vecino. Andrea, quien se negó a dar su nombre completo, relató que cuando le dijeron a los agentes de la Patrulla Fronteriza que eran pareja, las autoridades se rieron y las detuvieron por separado.
“Dijeron que eso no vale nada”, comentó.
A su novia se le permitió ingresar a Estados Unidos con la niña, y ambas fueron a vivir con la hermana de la mujer, en Iowa. Andrea debió regresar a México.
En cuanto a Villegas, decidió cruzar el puente sola. El 5 de octubre abrazó a otros migrantes LGBTQ frente al puente, y le ofrecieron consejos sobre cómo actuar con los funcionarios de aduanas. “Cuando hables, usa una voz firme. No llores”, explicó alguien.
Villegas asintió con la cabeza. Mientras se acercaba al lugar, sacó una bolsa rosa que, en español, decía: “Donde hay una mujer, hay ilusión”.
Jodi Goodwin, su abogada, se detuvo para consultarle. “Mayela, ¿sabes todas las consecuencias?”, le preguntó en español. Villegas asintió con la cabeza.
“Tienes que ser muy fuerte con ellos”, prosiguió Goodwin.
Cuando se acercaron al centro del puente, la abogada se detuvo nuevamente con Villegas para rezar, y terminaron con una plegaria: “Dios, escúchanos”.
Luego, Goodwin presentó su cliente a la media docena de oficiales de aduanas estadounidenses estacionados en el centro del puente. Estos convocaron a un supervisor. Momentos después, escoltaron a Villegas al puerto de entrada de EE.UU.
Villegas fue entrevistada, tal como habían sido sus compañeros LGBTQ: por vía telefónica, con un oficial de asilo. A diferencia de quien la había interrogado antes, este oficial era comprensivo; le dijo que tenía un pariente gay.
Villegas le contó que había sido amenazada en el campamento, que ella había registrado el encuentro, lo reportó a la policía y obtuvo las denuncias policiales.
El oficial escuchó y luego emitió un fallo: Villegas podría permanecer en Estados Unidos mientras su caso de asilo está pendiente. Se le permitió contactar a su tía, quien le compró un boleto de autobús a Houston. A la mañana siguiente, ella estaba en camino.
Pero al día siguiente, ocho de sus amigos LGBTQ intentaron cruzar el mismo puente junto con Castro. Ellos también fueron entrevistados por un oficial de asilo, pero este les dijo que no había excepciones para los migrantes LGBTQ. Si se sentían inseguros en Matamoros, afirmó, debían mudarse a algún lugar “con más homosexuales”, como la Ciudad de México. Los ocho fueron devueltos a México.
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