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Los legisladores colombianos buscan controlar el mercado de la cocaína, pero la posibilidad es remota

Colombian President Ivan Duque speaks at the U.N. in 2018
El presidente colombiano Iván Duque, en una imagen tomada en la ONU en 2018, tiene su propio plan para acabar con el tráfico de cocaína: restablecer la fumigación aérea para destruir los cultivos de coca.
(Richard Drew / Associated Press)

Los legisladores colombianos presentan un plan en el que se pide al gobierno que asuma el control del mercado de la cocaína, comprando las cosechas y regulando las ventas.

Los agentes de la policía colombiana en el puesto de control de tránsito percibieron algo sospechoso en una ambulancia que se dirigía a Santa Marta, una ciudad pegada al Mar Caribe. El conductor parecía nervioso.

Dado el cierre nacional obligatorio relacionado con el coronavirus y la prohibición de viajes no esenciales, los oficiales pensaron en inspeccionar el vehículo de emergencia.

En él encontraron alrededor de 240 libras de clorhidrato de cocaína por valor de millones de dólares, aparentemente transportados de forma ilegal, junto con un hombre que sospechaban fingía estar enfermo. Los agentes confiscaron las drogas y lo detuvieron a él, a su acompañante, a una enfermera y al conductor.

Una coalición de legisladores de izquierda, cansada de los superficiales esfuerzos de Colombia para combatir las drogas, incluyó recientemente los detalles de los arrestos en junio pasado, en una propuesta para detener el tráfico elaborado -y, a menudo, violento- de cocaína, que aqueja al país sudamericano desde hace décadas.

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Prácticamente todos reconocen que sería muy difícil de integrar o hacer cumplir el plan favorecido por los legisladores. Éste le pide al gobierno nacional que tome el control del mercado de la droga mediante la compra de las cosechas de hoja de coca y la regulación de la venta de cocaína. Los desafíos incluyen el costo, el rechazo de una comunidad internacional que quiere mantener el statu quo con respecto a la política de drogas y la posible reacción de un imperio narco ilegal que no duda en usar la violencia para salirse con la suya.

Sin embargo, los legisladores que redactaron el proyecto de ley, que se debatirá en el Congreso en octubre, insisten en que el enfoque podría reducir el desperdicio de fondos públicos, ayudar a proteger el medio ambiente de Colombia y generar un mejor enfoque de la salud pública para la cuestión del consumo de drogas. Los adultos colombianos tienen permitido actualmente llevar hasta un gramo de cocaína para “uso personal”.

Gregorio León condujo hasta las afueras de Lexington, S.C., la noche del 14 de febrero de 2016, con un arma a su lado y con rabia en su corazón.

Los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia, los autores, consideran que se necesita un cambio lo antes posible porque, aunque el gobierno nacional firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, el conflicto persiste entre otros grupos guerrilleros, los disidentes de las FARC, excombatientes, paramilitares, narcotraficantes, policías y militares.

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Además de las más de 24.000 muertes relacionadas con el coronavirus y los 758.000 casos de infección hasta el domingo, Colombia ha sufrido una serie de masacres este año, muchas de ellas vinculadas a los conflictos en curso.

Según las autoridades y los funcionarios públicos, algunas muertes están relacionadas con problemas como las guerras territoriales por los campos de coca y las rutas de tráfico. Esto incluye a dos estudiantes de preparatoria en el departamento de Nariño, que fueron asesinados en agosto pasado después de visitar su escuela para entregar sus tareas en persona debido a la pandemia y la falta de conexión a internet.

“No queremos explotar las masacres para obtener beneficios políticos”, remarcó el senador Gustavo Bolívar, quien apoya el proyecto de ley de regulación de la coca. “Pero tienen mucho que ver con la prohibición de las drogas”.

De promulgarse el proyecto, los trabajadores agrícolas venderían sus cosechas de coca al gobierno nacional, que controlaría las tarifas del mercado ilícito con la esperanza de evitar las ventas a los traficantes para obtener mayores ganancias. Entonces el gobierno controlaría la distribución de cocaína a través de su red de salud. Los adultos estarían limitados a un gramo de cocaína por semana.

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Además, debido a que algunos grupos indígenas han usado el cultivo de coca durante milenios, la mayoría de las veces para masticar sus hojas crudas en pos de obtener energía y tratar dolencias, la legislación propuesta permitiría la producción con fines ancestrales. También estaría autorizado el uso farmacéutico y no psicoactivo de la coca, como en productos alimenticios.

El proyecto de ley proporciona además un esbozo de cómo podrían ser las exportaciones. De implementarse, el gobierno nacional tendría el monopolio de la exportación de todos los productos de la coca, que se haría de acuerdo con los países receptores.

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La legislación propuesta se opone a la administración del presidente Iván Duque, que está trabajando para restablecer la fumigación aérea con glifosato para destruir los cultivos de coca, una práctica suspendida en 2015 después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vinculara ese herbicida con el cáncer. Los legisladores que respaldan la propuesta también enfatizan los vínculos del glifosato con los abortos espontáneos, y advierten que puede contaminar el aire, el suelo y el agua, destruyendo así los cultivos alimentarios y envenenando el ganado. Reanudar el uso de glifosato, advierten, podría erosionar aún más uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y empujar a los trabajadores agrícolas a abandonar sus hogares.

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Según Marulanda, la fumigación aérea tampoco tiene sentido financiero. A las tasas actuales del mercado, afirmó, le costaría a Colombia alrededor de $700 millones comprar una cosecha anual de coca completa. En contraste, erradicar la misma cantidad de cultivos de coca con glifosato costaría más de $2 mil millones. La erradicación forzosa, comentó, es un ejercicio inútil, ya que muchos de los cultivos a menudo son replantados.

El proyecto de ley esperaría que el gobierno colombiano priorice la compra de cosechas de coca a víctimas de su conflicto armado, así como a grupos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres jefas de hogar, personas empobrecidas y con discapacidad. Pero si la historia es una indicación, aquellos que se benefician del tráfico de cocaína colombiana probablemente reaccionarían con violencia a los cambios propuestos.

Para ayudar a los trabajadores agrícolas a dejar la coca, Colombia lanzó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos poco después del acuerdo de paz. A menudo, se recluta a excombatientes de las FARC para promover el programa, a veces bajo su propio riesgo. Desde que se firmó el acuerdo de paz, cientos de excombatientes han muerto, incluido un excomandante de las FARC que trabajaba como coordinador del programa de sustitución de cultivos.

Los colombianos de las zonas rurales también enfrentan otros desafíos prácticos y opciones limitadas.

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“Las regiones son a menudo tan remotas que es imposible hablar siquiera sobre cultivar piñas, yuca, plátanos o cualquier otra cosa”, comentó Sanho Tree, director del Proyecto de Políticas de Drogas del Institute for Policy Studies, con sede en Washington.

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El experto plantea el problema en términos de kilos [cada kilogramo equivale a poco más de dos libras]. “Pensemos: ¿Preferiría cultivar miles de kilos de frutas y verduras y quedarse atascado en el barro, o cultivar una o dos hectáreas de coca y convertir eso en menos de un kilo de pasta de coca, que puede transportarse a caballo o caminando hasta el pueblo más cercano para su venta?”.

Tree, quien comenzó a hacer viajes de investigación a Colombia hace 20 años, también espera que la parte de producción del proyecto de ley fracase porque el país tiene “demasiada tierra para plantar cultivos ilícitos”, y sería difícil regularlo “si no hay un estado de derecho”. También sería complejo lograr que los trabajadores agrícolas confíen en el gobierno, advirtió, dado que la administración de Duque no cumplió con su parte del trato con el programa de sustitución de cultivos.

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En 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que pocas de las 99.097 familias inscritas en el programa habían recibido todos los pagos que se les adeuda, a pesar de que la mayoría había cumplido con su parte del acuerdo. Juntos, los trabajadores agrícolas erradicaron voluntariamente casi 89.000 acres de coca -alrededor de 67.400 campos de fútbol americano-.

Tree también señaló que la supervisión gubernamental de lo que llega a las manos de los consumidores sería clave para que la legislación pudiera ser efectiva. “Como vimos con la legalización de la marihuana en Estados Unidos, las ventas reguladas significan poder examinar el producto en busca de pesticidas ilícitos, adulteración y pureza, todo lo cual ayuda a mantener la seguridad de los consumidores. Ello muestra a los usuarios que hay un beneficio de comprar a un proveedor regulado, en lugar de en el mercado ilícito”, expresó. “Esto reduce las ganancias de las organizaciones criminales al tiempo que mejora la recaudación de impuestos”.

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Colombia, como la mayoría de los países, es signatario de las Convenciones Internacionales de Control de Drogas de las Naciones Unidas, tratados que sustentan la aplicación global antinarcóticos y podrían representar un obstáculo para implementar la reforma propuesta. Pero esto no desanima a los proponentes del proyecto de ley. En cambio, señalan a Bolivia, que reguló la producción de hoja de coca para consumo interno y desarrolló una estrecha relación de trabajo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para realizar un seguimiento de los cultivos de coca con imágenes de satélite.

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Los legisladores que apoyan el proyecto de ley también esperan resistencia de Estados Unidos, que está presionando a Colombia para que reanude la fumigación aérea de glifosato y sigue enviando tropas al país para destruir los cultivos de coca. Citando la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud de 2018 -el año más reciente para el cual hay datos disponibles-, la Casa Blanca dijo en marzo que había 1.9 millones de consumidores de cocaína en EE.UU, de los cuales alrededor de 86 mueren por sobredosis al año.

Los legisladores colombianos que apoyan la regulación de la coca también se preocupan por la adicción. Como resultado, el proyecto de ley prohíbe la publicidad de cocaína. Para comprar la cantidad asignada, los consumidores primero tendrían que obtener la aprobación de un médico. Luego, se les exigiría registrarse en una base de datos nacional, un sistema similar al empleado para la venta de cannabis en Uruguay, cuyo objetivo es reducir la fuga de productos y el consumo excesivo.

Julián Andrés Quintero, director de Acción Técnica Social, un grupo activista sin fines de lucro que tiene como objetivo transformar las políticas de drogas del país, ayudó a los senadores Marulanda y Valencia a redactar su propuesta. También lanzó el proyecto #CocaReguladaPazGarantizada en una sesión especial de las Naciones Unidas en 2016.

Ese año, el grupo sin fines de lucro pintó un mural en el corazón de Bogotá, la capital colombiana, que mostraba un loro o ‘perico’ -un término del argot para referirse a la cocaína- en el centro, rodeado de hojas de coca. A la derecha del pájaro, el mural dice ‘coca regulada’. A su izquierda, ‘paz garantizada’.

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El hecho de que el mural no haya sido desfigurado en cuatro años, comentó Quintero, es una señal de que su mensaje resuena entre los colombianos. La obra mira hacia una carretera importante en Bogotá, que es la meca del graffiti. Allí, es común que los artistas urbanos pinten otras leyendas sobre los murales si estos no les resultan suficientemente impactantes.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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