Para los miembros de la caravana migrante, el plan de inmigración de Biden significa poco en este momento
Roger estaba de regreso donde comenzó.
Cruzó a Guatemala este mes con miles de compañeros hondureños que buscaban llegar a Estados Unidos, solo para convertirse en uno de los que fueron enviados de regreso.
“Pensamos que iba a ser diferente, pero nos trataron tan mal como en Honduras, o incluso peor”, comentó.
Roger, quien habló con la condición de que no se usara su apellido por razones de seguridad, acababa de bajar de un autobús en el cruce fronterizo de El Florido el miércoles, con unas dos docenas de hombres, mujeres y niños hondureños que habían sido detenidos por las autoridades guatemaltecas.
Fueron recibidos por personas que cambiaban dinero y realizaban negocios desde un banco de madera junto a un letrero que decía: “Bienvenidos a Honduras”.
Era una escena familiar. Durante los últimos cuatro años, la administración Trump presionó con éxito a los gobiernos de Centroamérica y México para detener el flujo de migrantes, antes de que llegaran a la frontera de Estados Unidos.
En sus primeros días en el cargo, el presidente Biden ya ha abandonado muchas de las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor, revirtiendo las prohibiciones de viaje de ciertos países de mayoría musulmana, declarando una moratoria de 100 días en la mayoría de las deportaciones y reiterando su compromiso de proponer una legislación que proporcione un camino hacia la ciudadanía, para aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal.
Pero ninguno de esos cambios de política significa mucho para las personas que huyen de Centroamérica ahora, sino hasta que lleguen a la frontera entre México y su país vecino del norte, y esa caminata se ha vuelto cada vez más difícil. La administración de Biden no ha dado ninguna indicación pública de que instruirá a otros países para que alivien sus represiones contra los migrantes con destino a Estados Unidos.
Aproximadamente 7.500 migrantes, la mayoría de ellos hondureños, comenzaron a caminar hacia México y Estados Unidos en grandes grupos de caravanas hace una semana. Una gran parte ingresó a Guatemala a través del cruce de El Florido, pero solo se habían adentrado 27 millas en ese país antes de que fueran detenidos.
Las fuerzas militares y policiales bloquearon el avance del grupo el fin de semana pasado, en la aldea de Vado Hondo.
El lunes, cientos de soldados y policías despejaron por la fuerza la carretera, empujando a la gente hacia la frontera y disolviendo la caravana.
Roger trepó por las colinas y la maleza para evitar los puntos de control, pero su pequeño grupo se topó con las fuerzas de seguridad dos días después, a unas 40 millas al norte de Vado Hondo. Cojeó al bajar del autobús en El Florido, usando un palo como bastón.
Hasta el jueves por la noche, Guatemala había enviado de regreso a más de 4.517 hondureños, 111 salvadoreños y cinco nicaragüenses durante la semana anterior.
Algunos migrantes se han estado reuniendo a lo largo de la frontera de Guatemala con México, donde se han desplegado cientos de tropas y agentes de inmigración de ambos países para bloquear su paso. Los grupos pequeños lograron cruzar durante toda la semana.
Las caravanas se hicieron comunes durante la administración Trump, que las denunció como una “invasión” y, por otra parte, los gobiernos centroamericanos fuertemente armados y México desplegaron policías y tropas para detener el flujo.
El éxodo de este mes enfrentó nuevos desafíos debido a la pandemia.
Justificando su respuesta sobre el argumento de la salud pública, el gobierno guatemalteco promulgó medidas de emergencia en las regiones fronterizas y desplegó más de 2.000 soldados y policías, junto con personal de inmigración y salubridad.
Los adultos hondureños, salvadoreños y nicaragüenses alguna vez solo necesitaban sus tarjetas de identificación para ingresar a Guatemala, pero ahora también deben mostrar resultados negativos en las pruebas de coronavirus. Muy pocas personas pueden pagar los exámenes.
Los factores que impulsan a la gente a huir también han cambiado. La pobreza y la violencia de las pandillas llevan años empujando a los migrantes hacia el norte. Pero la última caravana, además, estuvo llena de personas cuyas vidas se vieron trastornadas por dos huracanes de categoría 4 que azotaron Centroamérica en noviembre.
Roger fue uno de los más de 500.000 hondureños que tuvieron que evacuar. Cuando las lluvias provocaron la inundación de los ríos, todos en su vecindario de San Pedro Sula tuvieron que irse.
La mayoría de sus vecinos buscaron refugio en una escuela, pero Roger, su esposa y sus dos hijos, de 9 y 11 años, se reunieron en la casa de su hermano. Desde entonces han podido regresar a casa, pero las inundaciones destruyeron todas sus pertenencias.
“Perdimos todo en la casa”, comentó Roger.
Tenía la esperanza de llegar a Estados Unidos y encontrar trabajo para enviar dinero a su familia, pero más allá de eso no tenía planes concretos.
Al menos algunos hondureños de la caravana tenían el propósito de buscar asilo en Estados Unidos, mientras que otros esperaban que se les permitiera permanecer en México por motivos humanitarios.
La administración Trump argumentó que la mayoría de los migrantes centroamericanos no calificaron para el asilo porque huían de dificultades económicas, no de persecución por motivos de raza, religión, creencias políticas u otros factores como lo exige la ley.
Para desalentar las solicitudes, se instituyó una política conocida como “Permanecer en México”, que obliga a decenas de miles de centroamericanos a esperar allí mientras se adjudican sus reclamos, un proceso que puede prolongarse durante años.
El gobierno de Biden ha dejado de enviar nuevos solicitantes de asilo de regreso a México, mientras revisa esta política.
Según el Banco Mundial, Honduras gasta menos que la mayoría de los demás países latinoamericanos en salud, educación y otros servicios sociales.
Muchos de los migrantes arremetieron contra su gobierno por corrupción y por no hacer más para mantener a los ciudadanos.
La reelección en 2017 del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, un aliado cercano de Estados Unidos, fue ampliamente impugnada, lo que desató meses de protestas contra el fraude electoral y una represión violenta.
Una misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos declaró que no pudo validar los resultados debido a irregularidades. Pero Washington reconoció a Hernández como el vencedor.
Menos de dos años después, un tribunal de Estados Unidos condenó al hermano del presidente y ex congresista Antonio Hernández, por tráfico de drogas y cargos de armas. Se señala que el mandatario es un co-conspirador no acusado en el caso.
Los fiscales estadounidenses también han implicado a la policía y las fuerzas militares hondureñas en el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Biden se ha comprometido a apoyar los esfuerzos anticorrupción en los países del norte de Centroamérica, y sus planes para la región incluyen un paquete de ayuda de 4.000 millones de dólares. No está claro si su administración tomará alguna medida contra el presidente hondureño. Pero algunos se preguntan si enviar más efectivo a la región es la estrategia correcta, en una zona donde la ayuda extranjera rara vez llega a los más necesitados.
“Distribuir ayuda en gobiernos corruptos, depredadores y fuerzas de seguridad abusivas no es la respuesta”, señaló Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo Latinoamericano, una organización de derechos humanos con sede en Washington, en un comunicado. “La respuesta tampoco es promover la inversión privada”.
Heidi Arely García, de 19 años, tiene necesidades más inmediatas. Huyó de Honduras con la caravana con la esperanza de llegar a algún lugar para encontrar trabajo con el fin de albergar, alimentar y vestir a su pequeño.
García solía ganar cuatro dólares al día ayudando a un vecino a hacer bocadillos para vender, pero perdió su trabajo cuando su vecino se enfermó. Luego, los huracanes inundaron su comunidad en Colinas, 60 millas al suroeste de San Pedro Sula.
“El agua hizo estragos allí”, expresó en Vado Hondo, antes de que el ejército y la policía guatemaltecos desmantelaran su caravana.
“Estoy lista para lo que Dios decida”, señaló García, “ya sea que lo supere o no”.
Cuffe es un corresponsal especial.
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