Corte Suprema argentina confirma condena a prisión por corrupción de expresidenta Cristina Fernández

BUENOS AIRES — La expresidenta argentina Cristina Fernández calificó el martes de “monigotes” del poder económico a los tres jueces de la Corte Suprema que ratificaron la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción.

Los magistrados rechazaron el recurso de queja presentado por Fernández (2007-2015) en marzo pidiendo que se revisara la sentencia por el delito de administración fraudulenta dictada en 2022 por un tribunal federal y luego ratificada por la principal cámara penal. Al tomar esta decisión, dejaron a la líder del peronismo opositor y principal figura política de las últimas dos décadas a las puertas de un arresto.

“Este cepo al voto popular no lo propone este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, dijo la exmandataria a sus militantes frente a la sede del Partido Justicialista (peronismo) en la capital.

Con el fallo de la Corte quedó vigente la pena de cárcel e inhabilitación, por lo que Fernández no podrá competir en septiembre por una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tal como había anunciado.

La resolución del alto tribunal indicó que “la imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso... Por ello, se desestima la queja” de Fernández.

Ahora el tribunal oral que dictó el fallo condenatorio hace tres años deberá disponer el arresto de la dirigente peronista, quien se considera víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político. Se espera que la defensa de Fernández solicite el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, uno de los atenuantes que contempla la ley.

Minutos antes de que se conociera el fallo, militantes de la corriente de centroizquierda del peronismo que tiene a la exmandataria como referente cortaban los principales accesos a Buenos Aires. En simultáneo, decenas de partidarios y dirigentes sociales, políticos y sindicales le manifestaban su apoyo a Fernández, que se encontraba en la sede del partido cuando la Corte tomó su decisión.

El ultraderechista presidente Javier Milei celebró el fallo. “Justicia. Fin”, publicó en su cuenta de X, antes Twitter. El mandatario agregó que la “república funciona”.

La también exvicepresidenta (2019-2023) fue condenada en 2022 tras ser hallada culpable de haber cometido un fraude millonario al Estado durante su presidencia mediante la asignación irregular de fondos estatales a un empresario allegado para la realización de obras públicas.

Fernández afirmó la víspera que, si iba presa, el peronismo seguirá de pie. “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor. No hay solución para el país con esta política. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones (legislativas de octubre) no haya alternativa organizada para conducir un proceso político que requiere patriotismo y coraje”, insistió en alusión a las consecuencias que podrían acarrear las políticas de ajuste del presidente ultraderechista Javier Milei.

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los representantes legales de Fernández, anunció que “vamos a llevar este caso ante todos los organismos internacionales de derechos humanos: la Comisión y la Corte Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y todos los foros multilaterales donde se defienda el Estado de Derecho”.

“Cristina está siendo juzgada por un sistema que ya la condenó sin pruebas, sin juicio y sin justicia. Lo que está en juego no es sólo su libertad, sino el pacto democrático”, argumentó el abogado.

La causa judicial, que comenzó en 2016, comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.

Según la justicia, durante esos gobiernos tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública y estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (algo más de 70 millones de dólares, al cambio actual).

Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%.

Fernández ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados y denunció que muchas de las pruebas fueron sumadas fuera de los plazos legales y sin que su defensa tuviera acceso a ellas. Ese planteo fue el que presentó ante la Corte Suprema y fue rechazado el martes.

La exmandataria tiene por delante un complicado escenario judicial. El 6 de noviembre comenzará a ser juzgada como presunta jefa una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios vinculados con la obra pública.

Otro proceso, aún sin fecha de inicio definida, girará en torno a la firma de un memorando de entendimiento con Irán en 2013. Según la justicia ello habría permitido el encubrimiento de los iraníes imputados por la justicia argentina en la causa por el atentado terrorista de 1994 contra una asociación judía en Buenos Aires.

En un tercer caso será juzgada bajo la acusación de lavado de activos y asociación ilícita por un presunto esquema mediante el que empresarios favorecidos con obra pública habrían pagado alquileres de propiedades pertenecientes a la exmandataria y a sus hijos como retorno de las adjudicaciones.