Crecen en México los actos de extrema violencia: 27 personas murieron carbonizadas en el ataque a un bar
Los atacantes trabaron las puertas y las salidas de emergencia. Luego rociaron el club de striptease con gasolina, y le prendieron fuego.
El infierno que envolvió el bar Caballo Blanco, en el sur de México, el martes por la noche, mató a 27 personas e hirió a más de una docena. Las fotos tomadas después de que se extinguieran las llamas muestran los cuerpos de mujeres semidesnudas, esparcidos entre taburetes, carbonizados.
El ataque, que tuvo lugar en la ciudad de Coatzacoalcos, en la costa del Golfo, fue probablemente una represalia, después de que el dueño del bar se negara a permitir que una pandilla vendiera drogas allí, afirmó el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García. El propietario fue secuestrado antes del incendio en el club, precisó.
Un comando disparó y luego fue provocado un incendio...
El ataque se produjo casi ocho años después de que un siniestro similar, en un casino en la ciudad norteña de Monterrey, mató a 52 personas, y suscitó la preocupación de que los grupos criminales de México puedan volver a cometer el tipo de actos espectaculares de violencia que caracterizaron antiguos períodos de inseguridad en el país.
La tasa de homicidios en México se encuentra en el nivel más alto en su historia registrada, con un promedio de 90 personas asesinadas cada día. Sin embargo, en los últimos años, gran parte de la violencia se desarrolló como una guerra de baja intensidad, con una gran cantidad de homicidios individuales y menos asesinatos en masa diseñados para crear titulares espeluznantes.
Sin embargo, eso parece estar cambiando.
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En abril, 13 personas fueron asesinadas cuando hombres armados abrieron fuego en un bar durante una celebración familiar en Minatitlán, Veracruz. El 8 de agosto, los residentes de Uruapan, Michoacán, se despertaron con la noticia de que 19 cuerpos habían aparecido durante la noche en un gran bulevar, algunos de ellos colgados de un paso elevado de la carretera.
Los analistas creen que hay muchas razones por las cuales los grupos criminales podrían llevar a cabo actos de violencia más dramáticos. Por ejemplo, una facción podría hacerlo para enfocar la atención policial en una región controlada por otro sector.
Alejandro Hope, un analista de seguridad con sede en la Ciudad de México, consideró que tales actos se llevan a cabo “para reforzar la reputación de un grupo en particular”. “Intimida a los rivales”, afirmó. “Crea miedo”.
Al hablar en su conferencia de prensa diaria, el miércoles por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el ataque al bar como un hecho “lo más inhumano posible”.
Según el presidente, las autoridades creen que uno de los organizadores de la embestida fue un miembro del cártel local identificado como Ricardo “N”, que usa el alias “La Loca”.
El hombre había sido arrestado recientemente pero luego fue liberado, detalló López Obrador, al tiempo que pidió que se investigue a los fiscales locales para ver por qué el presunto autor había quedado en libertad. “Es lamentable que el crimen organizado actúe de esta manera”, aseveró el mandatario. “Y es más lamentable que pueda haber un complot con las autoridades”.
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La oficina del procurador general del estado respondió con una declaración en la cual negó cualquier colusión y afirmó que fueron las autoridades federales las responsables de la liberación de “La Loca”. Tal señalamiento es particularmente común en Veracruz, donde la desconfianza entre los diferentes sectores del gobierno es alta.
El estado rico en petróleo estuvo gobernado por una sola facción política, el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, durante más de un siglo hasta 2016, cuando el entonces gobernador, Javier Duarte, huyó del país en medio de acusaciones de corrupción. Duarte fue finalmente arrestado y condenado por cargos que incluyen asociación ilícita y lavado de dinero.
El Partido de Acción Nacional de centroderecha, o PAN, ganó una elección para reemplazar a Duarte en 2016, y el partido de izquierda del presidente, Morena, ganó la gobernación dos años después.
Tal rápida rotación política ha alterado los acuerdos entre los cárteles y los funcionarios públicos, remarcó Falko Ernst, analista sénior para México en International Crisis Group. También parece haber creado divisiones entre aquellos en el gobierno ahora enfilados con Morena, y los fiscales aún alineados con el PAN.
“No hay confianza entre estas distintas facciones del gobierno”, señaló Ernst. “Ni siquiera se hablan”. “Lo que estamos viendo es el fracaso de dos transiciones políticas para abordar las causas profundas de la violencia”, dijo.
Para los expertos, otro cambio político también ha obstaculizado la capacidad de México para combatir el crimen. El sistema de justicia del país afronta una revisión importante y está pasando de un sistema basado en argumentos escritos a otro en el cual la evidencia se presenta de forma oral.
La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la transición es necesaria, pero como la policía y los fiscales no recibieron la capacitación adecuada en muchas partes del país, los jueces desestimaron muchos casos debido a errores de investigación.
El pasaje al nuevo sistema de justicia estaba en marcha antes de que López Obrador asumiera el cargo, en diciembre pasado, y los críticos afirman que el nuevo mandatario no ha hecho lo suficiente para apoyarlo. De hecho, recortó drásticamente los fondos del gobierno durante sus primeros nueve meses en el cargo, incluidas las fuerzas policiales de México y la oficina del procurador general.
“La policía no se ha adaptado al nuevo sistema, y tampoco los fiscales”, consideró Hope, analista de seguridad, que se desempeñó como asesor de uno de los opositores de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. “Hay una falta de fondos crónica en el sistema de justicia penal, pero la construcción de instituciones no es el fuerte [de López Obrador]”.
La estrategia de seguridad del mandatario se centró en la creación de dos elementos: una nueva guardia nacional y un programa de transferencia de efectivo que brinda fondos del gobierno a los jóvenes matriculados en la escuela o en pasantías.
Ninguno de los dos ha tenido un efecto inmediato sobre el delito, que va en aumento. Lo que se necesita, indicó Hope, son policías y fiscales mejor capacitados, y una mejor aplicación de las leyes del país. La impunidad generalizada implica que los grupos criminales tengan pocos incentivos para abstenerse de ataques como el de bar, dijo. “Si un evento extraordinario como este no genera una reacción extraordinaria, estos hechos simplemente sucederán una y otra vez”.
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