El sol aún no había salido cuando docenas de pistoleros irrumpieron en la ciudad de Ocotito, en el sur de México, y comenzaron a disparar.
Salvador Alanis Trujillo trató de defenderse, pero su escopeta no estaba a la altura de los rifles de asalto del grupo. Entonces, él y su familia huyeron.
Este tramo accidentado del estado de Guerrero siempre había estado un poco fuera de la ley; era hogar de ladrones de ganado y bandidos de carreteras. Pero cuando los pistoleros se apoderaron de Ocotito, en 2013, la región quedó invadida por docenas de grupos criminales que luchaban por el territorio.
Había otra diferencia clave: los delincuentes ahora llevaban AR-15, AK-47 y demás armas de guerra.
México se enfrenta a una mortal carrera armamentista.
Comenzó como parte de un conflicto creciente entre los principales grupos criminales, y se aceleró en 2006 después de que el ejército del país se enfrentara con los cárteles.
Hoy, millones de armas están en manos privadas, en violación directa de las estrictas leyes de México.
Algunas de esas armas de fuego pertenecieron al ejército o la policía y fueron vendidas al inframundo, pero la gran mayoría fueron contrabandeadas del mercado más grande del mundo: Estados Unidos.
La acumulación de armas generó niveles récord de violencia. El año pasado hubo 20,005 homicidios con armas de fuego en México, casi siete veces más que en 2003.
La impunidad en este país, donde el 95% de los casos de asesinatos no se resuelven, llevó a más personas a tomar las armas y hacer justicia por mano propia.
Después de que Alanis se vio obligado a abandonar su propiedad, que había comprado con ahorros de una temporada como mecánico en Carolina del Norte, fue a las autoridades estatales a pedir ayuda. Como no la obtuvo, él y otros individuos que habían sido desplazados formaron una fuerza policial comunitaria, y comenzaron a adquirir las armas más poderosas disponibles en el mercado negro.
El objetivo del grupo es recuperar eventualmente Ocotito, una ciudad de 6,000 habitantes en la base de una cordillera verde, utilizando un arsenal que incluye docenas de ametralladoras.
Mientras tanto, Alanis y su grupo, el Frente Unido de Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, han recobrado territorios de manera constante. Afirman que están limpiando el campo de pandillas depredadoras, una misión que a veces, reconocen, necesita las mismas tácticas brutales que emplean sus enemigos. Han incurrido e infligido muchas pérdidas en un conflicto que, para Alanis, solo puede describirse como una “guerra civil”. “Los asesinos que nos matan son mexicanos”, afirmó este hombre, de 40 años. “Y las personas a quienes les disparamos también lo son”.
Pero las armas son otra historia. Él señaló las palabras estampadas en el cañón de un rifle de asalto Colt Match Target, colgado del pecho de un luchador adolescente: “HARTFORD, CONN., EE.UU.” “Nos matamos unos a otros”, dijo. “Pero ustedes envían las balas”.
La única tienda de armas en todo México se encuentra en una base militar fuertemente vigilada.
Antes de ingresar a la Dirección de Ventas de Armas y Municiones en las afueras de la Ciudad de México, los clientes deben someterse a verificaciones de antecedentes durante meses y presentar seis documentos que acrediten identidad.
El proceso es tan pesado que el año pasado la tienda vendió solo 15,754 armas, aunque ningún fusil de asalto, que son ilegales aquí.
En contraste, se estima que 13.1 millones de armas fueron vendidas en Estados Unidos, por decenas de miles de traficantes de armas con licencia. Eso incluye rifles de estilo militar, fácilmente disponibles.
Se desconoce el número exacto de armas de fuego traficadas a México, pero en uno de los pocos estudios académicos sobre el tema, los investigadores de la Universidad de San Diego estimaron que se compraron más de 750,000 armas en Estados Unidos entre 2010 y 2012, para ser contrabandeadas a Mexico
Los datos recopilados por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés) también aclaran dónde los delincuentes en México obtienen sus armas. De las 132,823 recuperadas en escenas del crimen entre 2009 y 2018, se descubrió que el 70% tenía origen de EE.UU., principalmente en los estados fronterizos del suroeste, más comúnmente en Texas.
La mayoría de las armas traficadas a México son compradas legalmente en ferias o armerías por testaferros, quienes luego las entregan a los cárteles o intermediarios.
Mover armas a través de la frontera es simple. Más de un millón de individuos y alrededor de $1,700 millones en comercio cruzan la frontera legalmente cada día; México rara vez verifica los productos que se dirigen al sur.
As a result, the black market for guns in Mexico is well stocked.
Como resultado, el mercado negro de armas en México está bien abastecido.
En una tarde reciente en Tepito, un barrio atestado de gente cerca del centro de Ciudad de México, un traficante de armas se preparaba, en su casa, para concretar una venta. Mientras limpiaba tres de las armas que había adquirido recientemente, sus parientes se movían por la oscura cocina organizando el almuerzo.
El comerciante, que habló bajo condición de anonimato, detalló que compra pistolas y revólveres en el mercado negro y los revende por hasta $800. Los rifles de alta potencia, como los AK-47, alcanzan hasta los $2,500 dólares.
A pocas cuadras, en el bullicioso mercado de Tepito, otros emprendedores rentan armas por aproximadamente $50 por día. El comerciante contó que fue arrastrado por el estilo de vida pandillero cuando era adolescente, en la década de 1990. En aquel entonces, la gente peleaba con cuchillos o puños. “Ahora son balas”, reflexionó. En ocasiones trabajó como asesino a sueldo, a un valor de $5,000 por ataque.
El hombre cogió una pistola brillante Smith & Wesson fabricada en Massachusetts que, según dijo, había sido contrabandeada desde Estados Unidos. Luego lo colocó en un bolso blanco y salió para encontrarse con su cliente.
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El control de armas es uno de los temas políticos más divisivos en Estados Unidos, pero el debate rara vez considera cómo las laxas leyes estadounidenses alimentaron la violencia en México.
Expertos, activistas y funcionarios mexicanos rastrean el comienzo de la carrera armamentista hasta un cambio importante en las regulaciones de armas de Estados Unidos: la expiración, en 2004, de un veto del Congreso sobre las armas de asalto de alta potencia.
Así, de la noche a la mañana, cualquier adulto con un historial limpio podía entrar en una tienda en prácticamente cualquier estado —excepto en algunos, que mantuvieron sus propias prohibiciones— y salir con armas que en la mayor parte del mundo están reservadas para uso militar.
Los investigadores de la Universidad de San Diego descubrieron que los traficantes de armas estadounidenses experimentaron un aumento inmediato en las ventas destinadas a México, y que para 2012 las compras anuales triplicaron los totales previos a la prohibición.
El aumento llegó en un momento inseguro. Los narcotraficantes mexicanos se habían enfrentado abiertamente desde 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante mucho tiempo, perdió el poder y los cárteles se encontraron de repente sin la crucial protección política. La afluencia masiva de armas agregó combustible a esos conflictos.
En 2004, una cuarta parte de los homicidios de México eran cometidos con una pistola. Hoy, las armas son las responsables del 72% de los asesinatos.
Con más armas en las calles, “las cosas se volvieron más crueles”, afirmó José Manuel Martínez Hernández, científico forense en fiscalía del estado de Guerrero.
Martínez recuerda bien la conmoción que sintió en 2006, cuando fue llamado para investigar un tiroteo en el balneario de Acapulco, que muchos vieron como un punto de inflexión en la violencia.
Las balas habían volado durante casi una hora en una intersección conocida como La Garita, dejando cuatro narcotraficantes muertos y la calle llena de casquillos de armas de asalto. Cuando Martínez volteó un cuerpo, encontró ocho granadas atadas al pecho del hombre. “Estas son armas de guerra”, pensó en el momento.
Eventualmente, tales escenas se volvieron normales, y el balneario más popular de México se hizo famoso como una de las ciudades más agresivas de la Tierra.
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Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia, a fines de 2006, se enfrentó a una presión en aumento para poner fin a la violencia.
Ese año, en una cena con el embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, Calderón “expresó su grave preocupación por la seguridad en México”, según los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks. Poco después, desplegó la primera ronda de decenas de miles de soldados e infantes de marina para combatir a los narcotraficantes de México, y le pidió ayuda al líder estadounidense de ese momento, George W. Bush. El acuerdo resultante fue la Iniciativa Mérida, una asociación de seguridad multimillonaria basada en una “responsabilidad compartida” para combatir el tráfico.
Según el programa, Estados Unidos proporcionaba helicópteros Black Hawk, aviones de vigilancia y capacitación en tácticas de contrainsurgencia. Al mismo tiempo, México comenzó a importar números récord de armas legales para el ejército y la policía.
Las exportaciones estadounidenses de armas de fuego, municiones, explosivos y partes de armamento a México aumentaron a aproximadamente $40 millones al año, según el grupo de defensa Stop U.S. Arms to Mexico. El ejército mexicano también incrementó enormemente su propia producción de armas.
Pero la afluencia tuvo una consecuencia no intencional: el ejército y la policía mejor equipados estimularon a los cárteles para mejorar también sus arsenales, principalmente mediante el contrabando de aún más armas desde EE.UU.
Pandillas como los Zetas, fundada por desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano, se hicieron conocidas por sus enormes reservas de armamento, incluidos los “tanques narco” caseros, creados para resistir ataques de granadas y fuego de ametralladoras.
Para John Lindsay-Polonia, director de Stop U.S. Arms to Mexico, la acumulación de armas atrapó a México en un círculo perverso. “Si se ataca la violencia armada con violencia armada, aumentará la violencia armada”, aseguró.
Para 2012, el año en que Calderón dejó la presidencia, le rogaba a Estados Unidos que restableciera la prohibición de armas de asalto. “Muchas de estas armas no van a manos estadounidenses honestas”, declaró en un discurso ese año, ante el Congreso de Estados Unidos. “En lugar de ello, miles terminan en manos de delincuentes”.
Pero el lobby de las armas en EE.UU. prevaleció, y se opuso a reinstaurar la prohibición.
Calderón también estaba frustrado con una operación fallida de control estadounidense llamada Fast and Furious, que permitió que las armas de EE.UU. pasaran a manos de presuntos contrabandistas en un intento de identificar a los principales miembros de cárteles en México. La ATF, que comandó la operación, perdió el rastro de cientos de armas, algunas de las cuales fueron utilizadas para matar.
Ocho meses antes de dejar la presidencia debido a los límites de plazo, Calderón erigió una valla publicitaria enorme en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en ángulo hacia Texas. Las letras, formadas con pistolas aplastadas incautadas por las autoridades, deletreaban en inglés ‘No more weapons’: basta de armas.
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En tanto, los delincuentes estaban descubriendo otra fuente de armas: la policía mexicana.
Según los documentos militares mexicanos, más de 22,000 de ellas compradas por la policía estatal y federal se reportaron como extraviadas o robadas entre 2000 y 2015.
En Guerrero, la policía informó que una de cada cinco de las armas que habían adquirido entre 2010 y 2016 se perdieron o habían sido sustraídas.
El año pasado, la fuerza policial municipal en Acapulco fue desarmada temporalmente por autoridades federales después de que sus oficiales no pudieran responder por el 20% de su armamento. Funcionarios estatales señalaron que la fuerza estaba infiltrada por el crimen organizado.
También habían sorprendido a la policía vendiendo armas incautadas por las autoridades.
En Tepito, el traficante de armas llamó a uno de sus proveedores habituales: un oficial de policía local que vende armas recuperadas en escenas del crimen a los delincuentes del vecindario.
“Comandante”, el vendedor dijo alegremente al teléfono. “¿Tienes lo que te pedí?”
“Todavía no”, respondió el comandante, antes de describir otras armas que tenía disponibles para la venta.
Enrique Peña Nieto, quien sucedió a Calderón como presidente, continuó abordando el tema de las armas estadounidenses en conversaciones con sus homólogos del norte. Sin embargo, las incautaciones de armas ilegales cayeron precipitadamente durante su mandato de seis años, en parte porque abandonó una iniciativa de la era Calderón para inspeccionar más a los vehículos que se dirigían al sur, hacia México.
El actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió retomar las inspecciones. Y en julio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, remarcó que el ejército mexicano coordinaría con las autoridades estadounidenses para impulsar operaciones contra el contrabando de armas en toda la frontera.
Al mismo tiempo, en Guerrero y otras partes de México donde el gobierno perdió el control, las autoridades a menudo pasan por alto las violaciones flagrantes de las leyes, y en algunos casos se sabe que suministran armas a los vigilantes.
Alanis detalló que su grupo policial comunitario compra armamento y balas a miembros de las fuerzas armadas mexicanas, y que le paga a un exinfante de marina para que enseñe a sus hombres a disparar.
El otoño pasado, el grupo que dirige Alanis sitió un pueblo de cultivo de amapolas llamado Filo de Caballos. La confrontación duró siete horas, mató a siete personas y dejó hogares y tiendas llenas de agujeros de bala. Para llegar allí hoy, los visitantes deben pasar por múltiples puntos de control, patrullados por hombres armados.
Según Alanis, su grupo liberó a la pequeña aldea de la montaña de una pandilla de narcotraficantes llamada Cártel del Sur, que extorsionaba a los residentes y había controlado la producción local de heroína durante años.
Tal como le había ocurrido a Alanis un lustro antes, en Ocotito cientos de residentes huyeron de la violencia. Algunos pensaban que Alanis había tomado la ciudad para dominar la industria de la amapola y tener acceso a las lucrativas minas locales.
Él no admite ninguna actividad ilegal, pero tampoco la niega. Reconoce que su cruzada a veces se guía más por venganza que por principios. Su esposa lo dejó hace varios años, y ahora él duerme en la base de su agrupación en Filo de Caballos, en la antigua sede del gobierno municipal de la ciudad. Él y sus tropas descansan en turnos. Cuando finalmente se acuestan, siempre es con una protección a su lado. “En lugar de abrazar a tu mujer, abrazas tu arma”, reflexionó.
Cecilia Sánchez, de la oficina de Ciudad de México, contribuyó con este artículo.
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