El asesinato de 26 personas en un centro de rehabilitación en México podría ser parte de una guerra de cárteles
Las autoridades sospechan que el asalto fue parte de una feroz batalla territorial que ha transformado al industrial Guanajuato en uno de los estados más mortíferos de México.
CIUDAD DE MÉXICO - Los centros de rehabilitación de drogas han sido blanco frecuente de ataques en las sangrientas guerras entre cárteles en México.
Pero la masacre del miércoles en una instalación en la ciudad de Irapuato logró conmocionar a una nación atrapada por la escalada de violencia.
La policía dijo que al menos cuatro hombres con armas de alta potencia llegaron en un vehículo poco después de las 5 p.m., irrumpieron adentro, ordenaron a todos que se tiraran en el piso y luego los tirotearon, al estilo de una ejecución. Al menos 26 personas murieron y cinco resultaron heridas.
Las autoridades sospechan que el asalto fue parte de una feroz batalla territorial entre dos organizaciones criminales, el cártel local de Santa Rosa de Lima y el poderoso cartel de Jalisco Nueva Generación, que ha transformado a Guanajuato en uno de los estados más peligrosos de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió el jueves no “abandonar” a Guanajuato y sugirió que las autoridades estatales investiguen los posibles vínculos entre los funcionarios locales y el crimen organizado.
“Tiene que haber una división, la línea debe trazarse entre criminalidad y autoridad”, dijo.
Los grupos criminales han socavado durante mucho tiempo el sistema de justicia en México al pagar a la policía, fiscales, jueces y políticos.
Investigadores de la UCLA y de México encuentran un aumento dramático en las muertes fuera del hospital en Tijuana.
El ataque en el centro de rehabilitación “Recuperando mi vida” fue uno de los incidentes más sangrientos desde que López Obrador asumió el cargo hace 19 meses. Se produjo cuando el presidente celebraba el segundo aniversario de la aplastante victoria que lo llevó al poder. En un discurso nacional, citó triunfalmente las estadísticas que dijo, mostraban que el crimen se estaba desacelerando.
Pero los críticos cuestionaron lo que llamaron el uso selectivo de números por parte del presidente que minimizó los casos -en aumento- de homicidios y otros delitos.
Los homicidios en todo el país subieron un 54% pasando de 22,545 en 2016 a un récord de 34,668 en 2019.
En el estado de Guanajuato, con una gran industria automotriz y otra industria pesada, el aumento fue mucho mayor durante ese mismo período. Los homicidios se triplicaron, y pasaron de 1.110 a 3.540 en el mismo período.
Eso le dio a Guanajuato, que alberga a 5.8 millones de personas, la mayor cantidad de homicidios que cualquier estado el año pasado. Solo dos de los 32 estados del país, Baja California y Colima, que son mucho más pequeños, tuvieron tasas de homicidio más altas.
En una entrevista radial reciente, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo que las autoridades federales investigarían por qué Guanajuato se había convertido en un “infierno de violencia”.
El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el ataque al centro de rehabilitación demostró que “hoy más que nunca, la intervención de las autoridades federales y estatales es necesaria como el único medio para enfrentar esta situación con éxito”.
López Obrador dijo: “Es nuestra responsabilidad proteger a la gente de Guanajuato”.
Pero no envió tropas adicionales ni a la policía federal, y señaló que las tropas de la Guardia Nacional ya estaban en ese lugar. El presidente dijo que no tenía la intención de “interferir” en las decisiones locales de aplicación de la ley en Guanajuato, un estado controlado por el opositor Partido de Acción Nacional.
El incidente del miércoles se produjo menos de un mes después de un ataque contra otro centro de rehabilitación de drogas en Irapuato, una ciudad de 570,000 personas a 170 millas al noroeste de la Ciudad de México, hombres armados mataron a 10 en un incidente ocurrido el pasado 7 de junio.
Ambos centros se encuentran entre las numerosas instalaciones de tratamiento no registradas en el estado, dijeron las autoridades. El jefe de seguridad del estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, dijo esta semana que algunos de los centros clandestinos están vinculados al crimen organizado.
Las instalaciones de rehabilitación de drogas han sido atacadas muchas veces en los 13 años desde que México declaró la guerra a las bandas transnacionales de drogas, desencadenando un sangriento conflicto civil que está en camino de reclamar un número récord de vidas este año.
En 2010, un asalto a un centro de rehabilitación de Tijuana dejó 13 muertos. Un ataque de 2008 en un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez mató a nueve.
La focalización de dichos centros generalmente está vinculada a conflictos relacionados con el tráfico de drogas. Las instalaciones de rehabilitación a menudo están llenas de adictos en recuperación que alguna vez vendieron drogas para ayudar a financiar sus hábitos. Sus vínculos pasados o presentes con el crimen organizado pueden convertirlos en objetivos.
Cada vez más, la violencia de México se alimenta menos de batallas vinculadas a rutas de tráfico lucrativas hacia Estados Unidos y más a la competencia en un creciente comercio interno de drogas y otras industrias ilícitas, incluidos el robo de combustible y la extorsión.
En algunas partes de México, las autoridades estiman que hasta el 90% de los homicidios están vinculados a la venta local de drogas.
En el estado de Guanajuato, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, han estado luchando por el control de la venta de marihuana y metanfetamina, así como por el dominio de otros productos. Los medios mexicanos también informaron que la organización de Santa Rosa, que se especializa en el robo de combustible, se ha enfrentado con el grupo de Nueva Generación por las rutas del narcotráfico a través del estado de Guanajuato desde la costa del Pacífico hasta la frontera entre Estados Unidos y México.
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