En tres años van 2 mil 823 asesinatos de migrantes en estados del sur de México

El feminicidio de Victoria Esperanza Salazar, la migrante salvadoreña que fue asesinada por elementos de la policía municipal al ser arrestada por una falta administrativa en Tulum, Quintana Roo, el pasado 27 de marzo, solo es la punta del iceberg de la violencia oculta que padecen los migrantes en los estados del sur de México.

Tal como lo señaló el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el problema de la violencia contra los migrantes que ingresan a México por su frontera sur es mayor al que se observa, “hay más agresores y más víctimas”. Pero de esto el gobierno mexicano prefiere no hablar. Todo lo oculta con el discurso oficial de respeto a los derechos humanos y de garantía de libre tránsito por territorio nacional.

Pero en la práctica, la realidad es distinta; cientos de migrantes, centroamericanos, del caribe, del cono sur de América, de Asia y África, se encuentran sometidos a una ola de violencia que ha venido en aumento en los últimos cinco años, en donde tanto miembros del crimen organizado como de las policías locales son los principales agresores.

Los estados que registran mayor índice de agresiones contra inmigrantes son Chiapas, Tabasco y Veracruz. Las primeras dos entidades comparten frontera con Guatemala, mientras que Veracruz es un estado de transito obligatorio para el flujo migrante que desde el sur aspira a llegar a la frontera de México con Estados Unidos, en busca del sueño del asilo político.

Campeche, que hace frontera con Guatemala, y Quintana Roo que limita con Belice –por donde también se registra un constante flujo de migrantes, registran un alto índice de agresiones contra este grupo poblacional, aunque allí los niveles de violencia son menores a los registrados en Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Agentes de migración de México en un operativo en la frontera sur.

México, tierra de migrantes

Por razones obvias, no existe en México una cifra oficial que hable sobre el número exacto de migrantes que ingresan furtivamente al país, pero un estimado de fuentes al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) revela que en promedio anual podrían ser entre un millón y un millón 200 mil personas migrantes las que ingresan de manera ilegal a México.

De esa cantidad de migrantes, según lo refieren las cifras oficiales del INM, solo entre un 7 a un 9 por ciento, es decir entre 84 mil y 108 mil migrantes, son repatriados anualmente a sus países de origen, por lo que cada año en México se van asentado, como residentes irregulares, un aproximado de un millón 100 mil migrantes.

A este número de migrantes con residencia irregular en México se debe restar el porcentaje de aquellas personas en tránsito que sí logran su cometido de cruzar la frontera con Estados Unidos, sea de forma ilegal o mediante la obtención del asilo político, los que se estiman en menos de un 0.5 por ciento cada año, es decir solo cruzan a EE.UU uno de cada 20 inmigrantes del sur.

De esa forma, se calcula que en México cada año son por lo menos un millón 45 mil migrantes en promedio los que se quedan a vivir, y la mayoría de ellos se asientan en los estados fronterizos del norte o del sur del país, pero es en los estados del sur, principalmente Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde este grupo poblacional es mayor objeto de violencia a causa de su propia situación migratoria.

La Persecución, ante Todo

Aún cuando México no se distingue a nivel internacional por la persecución a sus migrantes, las estadísticas oficiales hablan de una férrea política migratoria, apenas superada por la que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos. Ni en ninguno de los países de Europa se persigue con tanta crudeza a los migrantes.

En Europa, según informes públicos del Parlamento Europeo sobre migración, durante 2019 y 2020, en total fueron deportadas 170 mil personas migrantes; España deportó a 37 mil indocumentados, Francia hizo lo propio con 31 mil inmigrantes y desde Italia fueron repatriados a su país de origen otras 22 mil personas con residencia ilegal.

En Estados Unidos por su parte, solo en lo que hace a la población inmigrante mexicana, en 2019 fueron deportadas 211 mil 241 personas que ingresaron al país de manera ilegal, mientras que en 2020 se repatrió a 184 mil 423 mexicanos, según lo refieren las estadísticas oficiales del INM.

Pero en México, donde oficialmente existe una política de libre tránsito para los migrantes del sur que pretenden llegar a la frontera con Estados Unidos, en 2019 se deportaron 182 mil 940 personas, principalmente originarias de los países de Centroamérica y las Antillas, mientras que en 2020 fueron 87 mil 260 los individuos repatriados a sus lugares de origen.

Huyen de la pobreza para encarar la violencia

De acuerdo a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, existen al menos 14 razones documentadas por las que en los últimos años diversos grupos poblacionales han incrementado el flujo migrante hacia México, como paso obligado hacia Estados Unidos, o para quedarse a vivir aquí.

Las razones de la migración se ubican desde falta de empleo, mejorar la calidad de vida, dejar empleos mal pagados, violencia, persecución del crimen organizado y reunificación familiar, hasta violencia doméstica, persecución política, aventura, deudas, búsqueda de un familiar, conocer un nuevo país, evitar la discriminación por orientación sexual y mejorar oportunidades de educación.

Pero esas condiciones de las que se huye son finalmente el destino de muchos de migrantes, pues en México, si bien es cierto hay oportunidades de educación, se respeta la orientación sexual y ya no existe persecución política, el principal flagelo es la violencia, la persecución y la extorsión del crimen organizado, que muchas veces se encuentra amalgamado con las autoridades.

De acuerdo a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, 38 de cada 100 migrantes llegan a México en busca de un empleo; el 29 por ciento de esa población flotante aspira a una mejor calidad de vida a la que tenían en sus países, el 12 por ciento busca un trabajo mejor pagado, el 7 por ciento huye de la violencia en sus países y el 5 por ciento es perseguido por el crimen organizado de sus lugares de origen.

Tierra de cárteles

Así sin saberlo, los cientos de miles de migrantes que llegan a México, vuelven a ser víctimas de los fantasmas de los que huyeron; México, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ocupa uno de los sitios más altos de criminalidad de América Latina, al registrar –hasta marzo de 2021- un total de 36 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La causa de esta cifra, es la disputa territorial que mantienen para la ejecución de actividades ilícitas los nueve cárteles de las drogas que operan en todo el territorio nacional, los que asociados con al menos 37 grupos delictivos locales, se dedican –aparte del macro trasiego de drogas- también a la extorsión, el secuestro, el robo, tráfico de personas y narcomenudeo.

Los cárteles de las drogas que, a veces asociados con las policías locales, han tomado como rehenes a los grupos de migrantes, sobre los que se ha focalizado la violencia, son Los Zetas, que a través de las pandillas locales Grupo Operativo de Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas, mantienen el control en el estado de Tamaulipas.

En esa misma entidad, de alto flujo migrante, también el Cártel del Golfo mantiene una importante actividad de sometimiento delictivo sobre los grupos de migrantes, esto a través de las pandillas Los Metros, Los Rojos, El Grupo Dragones, los Fresitas y los Ciclones. En Quintana Roo, el Cártel del Golfo opera a través del grupo delictivo Los Talibanes.

En Tabasco, Chiapas y Veracruz, las principales actividades delictivas están atribuidas al grupo de Los Cuinis, que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación. Allí mismo, también interactúan los grupos de Los Tena y de El Gallito, dos brazos armados del Cártel de La Familia Michoacana y del Cártel de los Caballeros Templarios, respectivamente.

En la zona fronteriza de Chiapas y Campeche, operan los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rojos, asociados con el Cártel de los Beltrán Leyva, además de Los Aztecas Jr., una escisión del grupo de Los Aztecas que operan en Chihuahua, y que con el respaldo del Cártel de Juárez se han extendido hacia la frontera con Guatemala.

Otra organización criminal que se ha asentado en Quintana Roo y ha empujado al alza los índices de violencia contra migrantes, es el Cártel de Sinaloa, el que opera en las principales ciudades de esta entidad a través de los grupos de El Tigre y El 28, los que antes solo estaban presentes en la península de Baja California.

Desde Robos hasta Homicidios

De acuerdo a datos oficiales de las fiscalías de los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Campeche. Desde 2018 a la fecha, los índices de violencia contra los migrantes han venido en aumento, los que se estima se encuentran relacionados también al incremento de la presencia de los grupos delictivos asociados con los grandes cárteles de las drogas.

Solo en lo referente a homicidios contra migrantes, del 2018 al 2020, en Tabasco se han registrado 274, en Veracruz ya suman 436, en Quintana Roo se han registrado 289, en Campeche 278, mientras que en Chiapas ya suman mil 546. Del total de estos homicidios, todos con carpetas de investigación, por lo menos el 92 por ciento está atribuido a miembros del crimen organizado.

En el 63 por ciento de estos 2 mil 823 asesinatos, los homicidios ocurrieron después del secuestro de las víctimas por parte de grupos delincuenciales, el 12 por ciento está relacionado con actos de asalto o robo contra las víctimas y el 11 por ciento se vincula con actos de extorsión o cobro de piso.

De todas las víctimas acumuladas por homicidio, por lo menos el 21 por ciento corresponde a mujeres, y el 79 por ciento fueron hombres; de las mujeres asesinadas por el crimen organizado el 63 por ciento tenía entre 25 y 45 años de edad, el 23 por ciento era de más de 46 años, y el 14 por ciento fueron mujeres entre los 16 a los 24 años de edad.

De todos los hombres migrantes asesinados por el crimen organizado, el 18 por ciento corresponde a jóvenes entre los 14 y los 25 años de edad, el 78 por ciento tenían entre 26 y 50 años de edad, en tanto que el 4 por ciento tenía más de 51 años de edad.