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La violencia política, el otro signo de la democracia mexicana

Familiares y amigos acuden al entierro de Christina Langford Johnson
Familiares y amigos acuden al entierro de Christina Langford Johnson, la última víctima de la emboscada de un cártel en la que murieron 9 mujeres y niños con nacionalidad estadounidense, en la Colonia LeBarón, México.
(AP)

Además de ser considerada como una de las contiendas más reñidas, las campañas político-electorales que iniciaron el pasado fin semana son también hasta hoy las de mayor riesgo físico para los actores políticos que en ella intervienen, no solo porque las campañas se llevan a cabo en medio de la pandemia por COVID-19, sino por el entorno de violencia que prevalece en México.

En la contabilización oficial de la violencia, el primer trimestre del 2021 es uno de los períodos más violentos de los últimos 10 años en México, en donde ya se registran 6 mil 838 homicidios dolosos, lo que por sí mismo ya es una condición de riesgo para todos los aspirantes a cargos de elección popular.

A lo anterior se suma la persistencia de la pandemia por COVID-19, la que no ha sido atendida por los partidos políticos y que pese a que registra altos niveles de contagios ha sido desestimada por los candidatos, quienes han comenzado a convocar a reuniones masivas y actos de campaña de alta concentración para la promoción del voto.

Así, en medio de la pandemia por COVID-19 y en la más alta ola de violencia que se registra en el país, más de 62 mil candidatos a cargos de elección popular abanderados por diez partidos políticos, que disputan 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, mil 063 diputaciones locales y mil 926 ayuntamientos y alcaldías, han iniciado el proceso electoral en donde está de por medio el destino político del país, al menos para los próximos tres años.

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Pero dentro de todas las condiciones de riesgo que encara el proceso electoral en curso, es sin duda el tema de la violencia el que podría afectar los resultados finales del proceso, pues en esta ocasión, igual que sucedió en las elecciones intermedias de 2015 y de 2018, los miembros del crimen organizado también juegan a poner y quitar candidatos.

El proceso electoral iniciado en México –que concluye con las votaciones del próximo 6 de junio- ya está marcado como uno de los más violentos que se registran en la historia del país, al contabilizarse 65 asesinatos de políticos, 20 de ellos aspirantes a un cargo de elección popular, según reconoce un informe emitido por la firma independiente Etellekt Consultores.

De acuerdo a dicho informe, elaborado por un grupo de especialistas que encabeza Rubén Salazar, el actual proceso electoral, al que aún le faltan dos meses para que concluya, se ha convertido ya en el segundo más violento de la historia de México, solo superado por la cifra de políticos asesinados en los comicios intermedios de 2018, cuando se registraron 132 asesinatos de actores políticos, de los cuales 48 eran candidatos.

Sin embargo, las cifras de políticos asesinados en campaña en este proceso electoral en curso ya superan a las registradas en el proceso electoral intermedio de 2015, cuando en todo el país fueron ejecutados 61 actores políticos, seis de ellos aspirantes a cargos de elección popular, cuyas muertes fueron atribuidas a la delincuencia organizada.

Un hombre se despide en el funeral de algunas de las víctimas de una emboscada cometida por sicarios del narcotráfico.

Proporcionalmente, de acuerdo a las cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los asesinatos contra actores políticos en este proceso electoral representan el 0.9 por ciento de todos los homicidios dolosos ocurridos en el país durante el primer trimestre de 2021.

Durante el proceso electoral de 2018, el índice de homicidios de los actores políticos en campaña representó el 1.9 por ciento de todos asesinatos cometidos durante los tres primeros meses de ese año electoral, mientras que los asesinatos de políticos de 2015 representaron el 1.6 por ciento de todos los homicidios dolosos registrados en el primer trimestre de este año.

El Narco también juega a la política

La única forma de entender la naturaleza de las agresiones a los actores políticos -que buscan un cargo de elección popular, dentro de este proceso electoral-, es atendiendo a las razones del crimen organizado; no hay un solo grupo de la delincuencia organizada, de los 53 que la Fiscalía General de la Republica (FGR) reconoce oficialmente como activos en todo el país, que no tenga interés en la vida política local.

De acuerdo al periodista Francisco Sarabia, todos los grupos de la delincuencia organizada que operan en el país mantienen intereses dentro de la vida política nacional, pero esto se manifiesta con mayor énfasis en la vida política local, “en donde a los grupos delincuenciales les interesa mantener el control de los gobiernos municipales y estatales, por los beneficios que con ello alcanzan”.

Pero ¿Cómo puede beneficiar un político al crimen organizado?, muy simple -responde Francisco Sarabia-: a través del establecimiento de compromisos que pueden ir desde la entrega de las policías locales y el diseño de políticas públicas discrecionales de seguridad, hasta la instalación de miembros de los grupos delincuenciales en las estructuras de gobierno y el otorgamiento de “moches” presupuestales para el sostenimiento de los grupos delictivos.

Esto, señala el periodista investigador de temas delincuenciales, no es a cambio de nada. Por lo general es a cambio de protección personal, a cambio de una tregua para pacificar las regiones, y en muchos casos a cambio de financiamiento para la realización de la campaña, y en otras ocasiones hasta a cambio de intimidación de los otros candidatos contendientes.

Actualmente, según lo refiere una fuente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del gobierno federal, de los más de 62 mil candidatos a cargos de elección popular, por lo menos 370 aspirantes, principalmente a cargos dentro de diversos ayuntamientos, son objeto de investigación por sus presuntas relaciones con miembros del crimen organizado.

Los 370 candidatos con posibles nexos con el crimen organizado, cuyos nombres se reservan por ser parte de indagatorias federales, ya son sometidos a escrutinio porque o les están apoyando financieramente para sus campañas o reciben protección de seguridad personal o al menos han entrado en diálogo con miembros de la delincuencia.

Buscan curarse en salud

La labor de investigación que lleva a cabo el CNI, para detectar y obligar a la renuncia a los candidatos sospechosos de nexos con la delincuencia organizada, tiene un objetivo mayor, según lo reconoce la fuente consultada: evitar en la medida de lo posible posteriores actos de desavenencias entre alcaldes electos y miembros de la delincuencia, que pudieran derivar en el asesinato de los funcionarios.

La historia de las relaciones de alcaldes con miembros del crimen organizado que terminan en ejecuciones, es lo que ha obligado a la búsqueda de una persuasión a tiempo. Antes, dijo la fuente, solo se dejaba inadvertido el problema y por eso muchos alcaldes, producto de sus relaciones con el crimen organizado, terminaban ejecutados.

Un ejemplo de lo anterior es lo que sucedió entre 2006 al 2018, cuando el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) pese a conocer las relaciones de por lo menos 425 alcaldes con células de la delincuencia organizada, no se hizo nada, y muchos de esos alcaldes terminaron ejecutados, presumiblemente por desencuentros con esos grupos delincuenciales.

90 alcaldes ejecutados

Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón –de diciembre de 2006 a noviembre de 2012- fueron ejecutados 13 alcaldes, mientras que –de diciembre de 2012 a noviembre de 2018- en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueros asesinados 29 presidentes municipales.

De todos esos alcaldes ejecutados por el crimen organizado, el CISEN emitió en su momento, aún en sus períodos de campaña, sendos informes que hablaban de sus condiciones de riesgo por tener nexos con miembros del crimen organizado, lo que finalmente se dejó pasar con el consecuente resultado.

Los estados en donde se registraron la mayor cantidad de asesinatos contra alcaldes fueron Oaxaca con seis asesinatos, y Puebla con cuatro; siguió después en la estadística Michoacán, con tres ejecuciones, y Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Durango, Tamaulipas y Guanajuato con dos homicidio por cada una de las entidades.

A la lista de los 42 alcaldes asesinados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se sumaron las ejecuciones, en esos dos sexenios, de otros siete alcaldes electos y otros 37 que ya habían dejado el cargo, en crímenes que fueron atribuidos a los grupos de la delincuencia organizada.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), hasta hoy, con base en sus estadísticas, los estados con mayor riesgo de muerte para los ediles son Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, seguidos por Chihuahua, Estado de México, Durango, Tamaulipas y Puebla, mientras que en menor medida pero también con riesgo aparecen Coahuila, Morelos, Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Nuevo León.

Entre 2018 a lo que va de 2021 a la lista de los 42 exalcaldes, alcaldes en funciones y electos que han sido asesinados, se suman otros 48 políticos con igual rango que han sido ejecutados por el crimen organizado, para dar un total de 90 ediles abatidos por las balas de la delincuencia organizada.

De todos los alcaldes y exalcaldes que han sido asesinados dentro de la ola de violencia política que se vive en México, en su mayoría son de filiación priista que en conjunto suman 42 políticos ejecutados, entre los alcaldes perredistas fueron 22, los del PAN fueron 11, mientras que los de otros partidos políticos sumaron en conjunto 15 asesinados.

Panorama poco alentador

En este marco de violencia política, hoy, en el inicio de la campaña electoral, según la contabilidad de Etellekt Consultores, ya se han registrado 262 agresiones contra políticos, en donde, al menos en 65 casos, se han registrado víctimas mortales, de las que nueve eran mujeres.

De las 65 personas asesinadas en lo que va de esta campaña que apenas inicia, 20 de las víctimas eras candidatos o candidatas a cargos de elección popular, en donde 17 eran hombres y otras tres eran mujeres. De todas las agresiones cometidas contra actores políticos, incluidos las y los candidatos ejecutados, el 45 por ciento se cometieron con armas de fuego en actos ocurridos en 199 municipios de 29 entidades del país.

De acuerdo al informe de Violencia Política de Etellekt, con corte al 31 de marzo de este año, a los asesinatos de actores políticos, también se suman 76 víctimas de amenazas y 18 políticos que fueron privados ilegalmente de su libertad. De estos últimos, 16 fueron liberados, uno perdió la vida a manos de sus captores (el alcalde de Temósachic, Chihuahua), mientras que un precandidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic, en Jalisco, permanece secuestrado.

“La violencia contra personas políticas continúa focalizada en el ámbito municipal, pues el 79 por ciento de las 262 agresiones se dirigieron contra autoridades electas o aspirantes a cargos de elección de este nivel de gobierno, así como a militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales”, según explicó Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores.

Cabe resaltar que del total de los políticos asesinados en pleno inicio de campañas electorales, considerando el período de septiembre del año pasado al 31 de marzo de este año, el 88 por ciento pertenecían al ámbito municipal. De los 20 aspirantes a cargos de elección que perdieron la vida, 15 competían por alcaldías y dos por regidurías.

También es de resaltar que 17 de los 20 aspirantes que perdieron la vida en el arranque de las campañas, fueron asesinados por comandos armados. Dos aspirantes más perdieron la vida a manos de pistoleros solitarios y un precandidato a una diputación local por el distrito 1 de Nuevo León, perdió la vida a manos de presuntos asaltantes en la ciudad de Monterrey.

Agresiones al por mayor

De total de las 262 agresiones registradas contra actores políticos en campaña, 73 fueron amenazas de muerte; 65, homicidios dolosos; 19 fueron catalogadas como agresiones contra la dignidad; 18 fueron actos de privación de la libertad, 17 fueron atentados contra familiares de los candidatos, y se registraron 14 robos con o sin violencia.

También hubo ya 13 intentos de homicidio; 13 daños a la propiedad; 10 actos de despojo de oficina; ocho ataques contra colaboradores de los candidatos; en cuatro casos hubo lesiones; en tres actos hubo intimidación cometida por servidores públicos; se registró un caso de intento de secuestro, y otro caso de bloqueo a oficinas.

De los 65 homicidios que se han registrado, 13 ocurrieron en Veracruz, ocho en Oaxaca, siete en Guerrero, cinco en Guanajuato, cuatro en Morelos, Estado de México y Jalisco, respectivamente; en Baja California se han registrado tres, en Michoacán, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Chihuahua, se han registrado dos asesinatos por cada una de esas entidades, mientras que en Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas, se registra un homicidio respectivamente.

PRI, el más golpeado por la violencia

Hasta el momento, de todas las víctimas de la violencia política que ya denota este inicio de campaña, la alianza opositora al gobierno federal, integrada por PAN-PRI-PRD, ya suma un total de 32 militantes asesinados, mientras que los partidos que integran la alianza oficialista “Juntos Haremos Historia”, suma un total de 18 políticos ejecutados.

Por partido político es el PRI el que más víctimas registra entre su militancia al contabilizar 13 actores políticos asesinados, Morena tiene 11 militantes ejecutados, el PRD 10, el PAN nueve, el Partido Verde (PVEM), seis; Movimiento Ciudadano (MC), cuatro; el Partido del Trabajo (PT), Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Por Mexico (FXM), y el Partido Encuentro Solidario (PRS) registran un político asesinado, respectivamente.

Por lo que hace a los partidos políticos locales, los que tienen influencia solo en determinadas regiones del país, ya se registran cuatro víctimas de homicidio doloso, a los que se suman tres candidatos independientes.

Esa es la razón por la que hoy, después de que el presidente López Obrador reconociera el grado de violencia política que existe en el país, por lo menos 560 candidatos han solicitado ayuda oficial para contar con seguridad personal durante el desarrollo de este proceso electoral.

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