La Junta de Supervisión certifica finiquitar el banco público de Puerto Rico
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San Juan — La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó hoy finiquitar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), creado hace décadas para desarrollar Puerto Rico, a solo 2 días de que termine la moratoria a la “congelación” de demandas judiciales de los acreedores y de la convocatoria de un paro general.
La séptima reunión de la entidad federal de control al Ejecutivo de la isla celebrada en Nueva York vio además cómo se certificaban, con enmiendas, los planes fiscales de las otras tres grandes corporaciones públicas de Puerto Rico.
Además, se dio a conocer que en cualquier momento podrá convocarse una reunión extraordinaria para autorizar la utilización del título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), que supondría iniciar un proceso de quiebra para atender la deuda supervisado por los tribunales.
La entidad de control presidida por José Carrión certificó un plan fiscal para el BGF que prevé que la entidad financiera estatal, que durante su historia emitió deuda por valor de miles de millones de dólares para financiar el crecimiento de Puerto Rico, termine sus operaciones.
La JSF aceptó la propuesta presentada para terminar con el banco público de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), entidad creada con el propósito de actuar como agente fiscal y asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico que asumió la mayoría de las responsabilidades de BGF.
La JSF aprobó también, con enmiendas, los planes fiscales de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
La JSF le dio a la AEE un plazo de hasta 60 días para presentar los pasos a seguir que permitan reducir las tarifas eléctricas a 21 centavos por kilovatio.
La entidad de control al Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló pidió a la AEE además que se encamine hacia el establecimiento de Alianzas Público Privadas o la privatización del sistema de generación de electricidad.
La JSF exigió por otro lado a la AAA que presente en 30 días un plan de 5 años de revisión de tarifas que debe ser efectivo a partir de enero de 2018, para lo cual se tendrán que poner en marcha revisiones periódicas de las tarifas para evitar aumentos elevados.
La entidad pidió que el plan detalle el impacto de dicho aumento tarifario en todos los consumidores y confirme que el calendario propuesto permitirá que la AAA logre balance estructural.
A la ACT la Junta le ordenó presentar en 30 días un nuevo plan que demuestre la fortaleza de sus activos en su red de carreteras, medios de transporte masivo y el Tren Urbano que funciona en el área metropolitana de San Juan.
La entidad recomendó que una nueva corporación se responsabilice exclusivamente de la gestión del Tren Urbano, entre otras medidas.
Además, la JSF sugirió medidas más agresivas para incrementar los ingresos para atender los costos operacionales proyectados.
“Los planes certificados hoy proveen el balance adecuado entre mediadas financieras y reformas estructurales que darán certeza y visión al futuro de estas entidades”, dijo al final de la reunión la presidenta de la JSF, Natalie Jaresko.
La séptima reunión de la JSF en Nueva York se celebró a dos días del fin de la moratoria que “congela” las demandas de los acreedores de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares contra el Gobierno de San Juan, lo que significa que el lunes, en teoría, el Ejecutivo puertorriqueño podrá empezar a ser objeto de procesos judiciales encabezados por los tenedores de bonos.
Respecto a ese asunto, la Junta acordó la posible convocatoria, en cualquier momento, de una reunión extraordinaria para autorizar la utilización del título III de la Ley Promesa.
El título III permitiría reestructurar la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la vía judicial.
Recurrir al título III supondrá constatar el fracasó del título VI de Promesa hasta ahora utilizado, que a grandes rasgos establece una negociación pactada sin recurrir a la vía judicial, lo que hasta el momento no fue posible.
El proceso de recurrir al capítulo III comienza con una petición de quiebra ante la Corte del Distrito federal para Puerto Rico, que de aceptarla supondrá la paralización de todas las demandas, a lo que seguirá una petición de reclamaciones de los acreedores que el Gobierno podrá objetar y sobre las que decidirá el tribunal.
Si la Corte federal acepta la objeciones del Gobierno los acreedores podrán recibir menos de lo reclamado o nada.
