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Opinión

Columna: Trump debería leer la Constitución

President Trump at the South Lawn of the White House
El presidente Trump en el jardín sur de la Casa Blanca el viernes.
(Pablo Martinez Monsivais / Associated Press)

Hay momentos en que en Washington las cosas cambian rápidamente, y las últimas dos semanas se han sentido bastante aceleradas.

Para recapitular los eventos más impactantes: después de negar inicialmente que había instado a Ucrania a investigar a Joe Biden, el presidente Trump se jactó de haber hecho exactamente eso, y en público le pidió a China que investigara también a Biden.

Luego, después de que Trump negó que su demanda a Ucrania estuviera vinculada a su decisión de retener la ayuda militar estadounidense, los mensajes de texto entre diplomáticos estadounidenses y una cuenta de un senador republicano confirmaron que sí.

El presidente Trump estaba pasando página en la investigación de Rusia cuando inmediatamente se vio envuelto en un escándalo completamente nuevo.

A medida que aumentaba la evidencia, el presidente acusó a los demócratas de la Cámara de planear un “golpe de estado” y sugirió que un alto miembro del Congreso debería ser arrestado por traición.

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El viernes, los demócratas de la Cámara emitieron una citación a la Casa Blanca para obtener documentos sobre los tratos de Trump con Ucrania y los supuestos intentos de sus ayudantes de encubrirlos. Eso dio inicio a la investigación de juicio político en marcha y probablemente signifique una feroz batalla judicial por delante.

Un hilo une estas colisiones: este presidente no parece saber o preocuparse mucho por la Constitución, especialmente los límites que pone en su poder.

Un segundo denunciante señala que cuenta con información sobre los tratos del presidente Donald Trump con Ucrania, lo que se suma a la investigación de juicio político que rodea a la Casa Blanca y podría desencadenar en más pistas para los demócratas en su pesquisa sobre el comportamiento del mandatario.

“Gozo del Artículo II, donde tengo derecho a hacer lo que quiera”, dijo el año pasado, refiriéndose a la parte del documento fundacional que establece el poder ejecutivo. Pero eso no es lo que hace el Artículo II.

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El artículo II es la descripción del trabajo del presidente. Como cualquier descripción de trabajo, detalla lo que debe hacer y, por implicación, lo que no debe hacer.

Dice que el presidente es comandante en jefe de las fuerzas armadas; que tiene el poder de nombrar funcionarios una vez que el Congreso autorice sus cargos; y, lo más importante, que “se encargará de que las leyes se ejecuten fielmente”.

No le da la autoridad para pedirle a gobiernos extranjeros que investiguen a un oponente potencial en las próximas elecciones o bloquee la ayuda militar de Estados Unidos a un aliado para ayudarlo en su campaña de reelección.

En posición y listo para pelear, el presidente Donald Trump enfrentó cuestionamientos...

Después de probar varias explicaciones para sus acciones, Trump trató tardíamente, en virtud de ocultarlas, diciendo que eran parte de una campaña hasta ahora no detectada contra la corrupción global.

“Tengo un derecho absoluto, tal vez incluso un deber” de investigar la corrupción, tuiteó, incluso pidiendo a “otros países que nos ayuden”.

Pero los derechos de ningún presidente son absolutos. Y si Trump hubiera leído a los Padres Fundadores, sabría que ven a los gobiernos extranjeros entrometerse en la política estadounidense como una amenaza, no una oportunidad.

“Con la frecuencia con que las elecciones suceden, el peligro de una influencia extranjera se repite”, advirtió John Adams, quien se convertiría en vicepresidente de George Washington.

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“Esto es algo básico”, dijo otro futuro vicepresidente. “Los donantes extranjeros, y ciertamente los gobiernos extranjeros, no pueden participar en el proceso político estadounidense”. Dicho por Mike Pence en 2016.

El artículo II también limita los poderes del presidente en casa. No le permite al primer mandatario ordenar al Congreso que haga su apuesta, una característica que parece haber sorprendido a Trump. “El Congreso me parece más difícil, francamente, que muchos de los líderes extranjeros... porque tienen sus propios puntos de vista”, dijo en junio.

Trata a la rama judicial del gobierno de la misma manera. En opinión de Trump, los jueces que fallan a su favor son buenos; los jueces que dictaminan en su contra son malos, o demócratas, o (en un caso) “un mexicano”. Sus abogados han argumentado que el Artículo II protege a un presidente de ser investigado por cualquier delito, un poder que ninguno de sus predecesores afirmó.

Pero el verdadero indicio de la visión autocrática de Trump sobre la presidencia es la forma en que describe a sus oponentes políticos como enemigos del estado.

Él llama al congresista Adam B. Schiff (D-Burbank), presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, culpable de “traición” por parafrasear la conversación de Trump con el primer mandatario de Ucrania de manera irrespetuosa. “Estaba mintiendo sobre el presidente de Estados Unidos”, se quejó Trump.

En las monarquías y dictaduras, la “traición” a menudo cubre la descortesía al jefe de estado. En Tailandia, un hombre fue encarcelado en 2015 por burlarse del perro del rey. El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong Un, ordenó la muerte de un asistente por quedarse dormido durante su discurso.

Pero en Estados Unidos, incluso mentir sobre el presidente no es una traición, lo cual se define cuidadosamente (lo adivinó) en la Constitución como: “imponer la guerra contra [Estados Unidos] o aliarse a sus enemigos”.

La Constitución protege la libertad de Schiff no una sino dos veces: en la 1ra Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, y en la cláusula de discurso o debate del Artículo I, que protege a los miembros del Congreso.

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El juicio político también está en la Constitución, en la parte favorita de Trump, el Artículo II. Es un ejercicio legítimo del poder del Congreso, incluso si no le gusta, no un golpe de estado extraconstitucional, como él afirma.

En cuanto a los denunciantes, no están en la Constitución, pero están protegidos por leyes que son aún más antiguas.

En 1778, durante la Guerra Revolucionaria, el Congreso Continental declaró que era un “deber” de los funcionarios estadounidenses “dar la información más temprana al Congreso o cualquier otra autoridad adecuada sobre cualquier mala conducta, fraudes o faltas”. La ley fue aprobada después de que Rhode Island encarceló a dos oficiales de la Marina por denunciar a un superior.

Trump hizo un juramento para defender la Constitución. En cambio, la está atacando: inflando y abusando de sus poderes, ignorando las leyes que juró proteger y exigiendo represalias inconstitucionales contra cualquiera que se oponga a él.

No importa lo que el presidente imagine que contiene el Artículo II, no tiene el derecho, “absoluto” o de otro tipo, de distorsionar la política de seguridad nacional de Estados Unidos para dañar a un rival político o interceptar las investigaciones legítimas del Congreso. Necesita tomar una hora de su tiempo como ejecutivo y leer la Constitución.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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