OPINIÓN: El último movimiento anti-inmigrante de Trump es hacer que solicitar la ciudadanía sea muy caro

Un viernes tranquilo antes del largo fin de semana del Día de los Veteranos fue aparentemente un buen momento para que la administración Trump revelara su último ataque a los inmigrantes: cambios en las reglas diseñadas para disuadir a los que están legalmente aquí de adquirir la ciudadanía que se merecen.

Las nuevas reglas propuestas permiten al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aumentar significativamente las tarifas de la solicitud de ciudadanía. Este y una serie de otros cambios propuestos a las tarifas se publicarán durante un período de comentarios de 30 días a partir del 14 de noviembre, la mitad del tiempo habitual asignado para la participación del público.

Según la propuesta, el costo de naturalización aumentaría de $725 a $1.170 para una sola solicitud, alcanzando un nivel que suma aproximadamente el valor de un mes de ingreso bruto para un inmigrante que gana el salario mínimo federal. Reconociendo la carga que incluso la tarifa más baja había supuesto para los inmigrantes de bajos ingresos, el USCIS ha tenido un sistema de exención de importe que fue fortalecido y extendido por la administración de Obama. Las nuevas reglas eliminarían una opción de precio reducido para las solicitudes de familias con ingresos entre el 150% y el 200% del nivel de pobreza y eliminarían casi por completo las exenciones para todos los demás.

La razón oficial para el sistema de tarifas modificado es que el USCIS necesita mejorar sus ingresos para cubrir sus costos. La necesidad proyectada requiere un aumento total de las ganancias de alrededor del 20%, una cifra que difícilmente justifica un alza de más del 60% en el costo de la naturalización para la mayoría de los solicitantes. Además, la administración Trump propone destinar más de 200 millones de dólares de los recursos de USCIS al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dinero que podría utilizarse para promover que los inmigrantes adquieran la ciudadanía en lugar de perseguir a indocumentados.

En la presentación oficial, el Departamento de Seguridad Nacional sugiere que las cuotas de naturalización anteriores se fijaron por debajo de la recuperación total de los costos para “promover la naturalización y la integración de los inmigrantes”. Al argumentar a favor de las cuotas propuestas -que básicamente producirían una ganancia para USCIS- el DHS ha expresado su preocupación públicamente por el “aumento significativo” de los formularios de solicitud de ciudadanía en los últimos años.

Este incremento va en contra de un consenso bipartidista tradicional de que se debe alentar a los residentes permanentes legales a dar el siguiente paso hacia la plena participación cívica. Los líderes empresariales han estado firmemente a bordo del tren de la naturalización, particularmente dada la evidencia de los beneficios económicos para la sociedad en general cuando la gente se convierte en ciudadanos.

Una serie de estudios del Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes de USC mostró que los incrementos de tarifas anteriores tuvieron un impacto negativo en las tasas de naturalización y tendieron a tener un impacto desproporcionado en los inmigrantes latinos y de bajos ingresos.

En particular, nuestro trabajo en USC mostró que lo que realmente hizo la diferencia para un inmigrante que decide naturalizarse fue la disimilitud en costo entre la cuota de ciudadanía y el cargo menos costoso para renovar una tarjeta verde. Así que es revelador que USCIS está proponiendo reducir el precio de una tarjeta verde en un 9%, casi triplicando el coste entre permanecer como residente permanente legal y convertirse en ciudadano de Estados Unidos.

Se trata de un plan destinado a reducir el número de inmigrantes que se convierten en ciudadanos. Ese puede ser el objetivo.

Al muy respetado USCIS se le está pidiendo que haga un cambio que tendrá un claro impacto político: Los inmigrantes -que tienden a ser liberales y demócratas- tendrían menos probabilidades y menos posibilidades de obtener el derecho al voto.

Después de todo, un reciente análisis del New York Times de las elecciones de Virginia -en las que los demócratas tomaron el control total de ambas cámaras estatales- sugiere que los votantes de los suburbios fueron críticos. Importantes entre esos suburbios fueron los inmigrantes naturalizados que rechazaron visceralmente la retórica xenófoba de Trump; como dijo un elector: “La forma en que él habla, da la sensación de que se está refiriendo a un país diferente. Esa no es la nación que conocemos”.

Las lecciones de la Proposición 187 son claras para muchos observadores de la historia reciente de California: Los inmigrantes enojados por el ataque a los derechos de los inmigrantes de 1994 se naturalizaron, votaron y ayudaron a que el estado se volviera azul. Dados los escombros del republicanismo en el Estado Dorado, algunos podrían concluir que sería mejor hacer las paces con los nuevos estadounidenses, particularmente a medida que ellos y sus descendientes continúan creciendo como parte de nuestra población.

Pero otra ruta posible es hacer más difícil la naturalización y el voto. Esto puede ser consistente con un esfuerzo republicano mayor para privar del derecho al voto al electorado cambiante, pero contrasta con el apoyo generalizado de larga data a los inmigrantes que adoptan la ciudadanía.

Aquellos que han asistido a una ceremonia de naturalización son invariablemente impactados por una profunda verdad: Convertirse en estadounidense no se trata de raza o religión, sino de aceptar un conjunto de principios y valores arraigados en nuestra historia y nuestra Constitución. Hacer que sea más difícil formar parte de la familia estadounidense puede ser políticamente conveniente, pero va en contra de esos valores.

*Manuel Pastor es profesor de sociología y director del Centro de Estudios de Integración de Inmigrantes de USC.

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