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Opinión

En EE.UU cualquiera puede postularse para presidente, incluso un ex convicto, como el magnate del carbón Don Blankenship

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Don Blankenship, a la izquierda, deja un tribunal federal en West Virginia junto con su abogado, en 2015, mientras un jurado sopesaba su rol en un desastre minero. Fue condenado por un solo cargo menor y cumplió un año en la cárcel.
(Chris Tilley / AP)

Don Blankenship anunció el lunes su candidatura a la presidencia en el boleto del Partido de la Constitución

Ah, Estados Unidos, donde cualquier niño nacido en las colinas de Kentucky y criado en una casa de West Virginia con una letrina puede postularse para presidente.

Incluso si ha cumplido una pena de prisión por su papel en la explosión de una mina que cobró la vida de 29 hombres, después de lograr retirarse de su compañía de carbón con una pensión de $15.7 millones.

Hablamos de Don Blankenship, quien era CEO de Massey Energy el 5 de abril de 2010, cuando explotó su mina Upper Big Branch en West Virginia, el peor desastre minero de EE.UU en 40 años.

Teniendo en cuenta esa máxima de que ‘no hay tal cosa como una mala publicidad’, Blankenship anunció el lunes su candidatura para presidente por el Partido de la Constitución (Constitution Party). “Don eligió hoy, el Día de los Veteranos, para hacer su anuncio en reconocimiento de los veteranos de Estados Unidos”, afirma su sitio web.

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No importa la posible entrada en la carrera presidencial por el partido demócrata del ex gobernador de Massachusetts Deval Patrick, o el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg. El verdadero ejemplo de Estados Unidos como tierra de oportunidades es la candidatura de Don Blankenship. Echemos un vistazo a sus cualidades.

Comencemos por su educación, tal como se describe en su sitio web, que gotea falsa humildad. “Como dice el refrán, éramos pobres pero no lo sabíamos”, dice. “Teníamos una letrina que era más bonita que la que tenían la mayoría de nuestros vecinos”.

Blankenship era estudiante en la Universidad Marshall de West Virginia en 1970, cuando prácticamente todo el equipo de fútbol fue aniquilado en un accidente aéreo.

“Esa fue mi primera experiencia con una horrible tragedia”, escribe. “Pero por supuesto, la peor tragedia de mi vida fue el día de la explosión de la mina Massey, el 5 de abril de 2010. También tengo recuerdos vívidos de cuando le dispararon al presidente Kennedy y, desde luego, del 11 de Septiembre. Fueron tres días desgarradores, sin dudas”.

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Eso nos lleva de vuelta a su reinado en Massey. Según el testimonio en su juicio penal, como CEO, Blankenship era un microgerente implacable, que recibía informes diarios de la producción minera y se sabía que “invariablemente presionaba por una mayor producción, incluso en las minas que sabía que no cumplían con las leyes de seguridad”, señaló el tribunal.

Las violaciones de seguridad fueron numerosas: 549 en la mina Upper Big Branch sólo en 2009. En los 15 meses previos a la explosión, un tribunal de apelaciones observó que la mina ocupaba el tercer lugar en Estados Unidos en cantidad de “citaciones de seguridad graves”.

Sin embargo, a pesar de ser “informado repetidamente sobre las violaciones de seguridad en Upper Big Branch”, observó el tribunal, Blankenship “eligió priorizar la producción y pagar multas, en lugar de tomar las medidas necesarias para que no se siguiera violando la seguridad”.

La versión de Blankenship sobre su carrera es que, como ejecutivo del carbón, aprendió y luchó “contra la ignorancia y la maldad de [el gremio] United Mine Workers, gran parte de los medios de comunicación, los ‘greeniacs’ (término despectivo para referirse a los defensores del medioambiente) y buena parte del sector corporativo de EE.UU”.

Claramente, Blankenship se acostumbró a salirse con la suya, según un fallo de 2009 de la Corte Suprema estadounidense. Ese caso se originó en una demanda en la que se le ordenó a Massey pagar $50 millones por una disputa contractual. Mientras el caso estaba en apelación ante la Corte Suprema de West Virginia, Blankenship financió una campaña de $3 millones destinada a destituir a uno de los jueces.

El candidato victorioso de Blankenship, Brent Benjamin, se negó a recusarse cuando surgió el caso Massey, y votó para revocar el veredicto de $50 millones.

“Los hechos que tenemos ante nosotros son extremos en cualquier medida”, escribió el juez Anthony M. Kennedy para la mayoría, por 5-4 votos, de la Corte Suprema de Estados Unidos. “Las partes no señalan ninguna otra instancia que involucre contribuciones de campaña judicial que presente un sesgo comparable a las circunstancias en este caso”. La Corte Suprema devolvió el caso a West Virginia, donde los jueces —esta vez con ausencia de Benjamin— dictaminaron nuevamente a favor de Massey.

Blankenship fue acusado en 2014 en relación con políticas de supervisión que sistemáticamente colocaron las ganancias por encima de la seguridad. Fue declarado culpable por un jurado federal en 2015 de un solo delito menor, por conspirar para violar las regulaciones federales de minas, y sentenciado a un año de cárcel, un término que completó en mayo de 2017.

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El desastre de la mina y su posterior condena no afectaron mucho los recursos personales de Blankenship. Según la declaración de representación de Massey en 2010, le habían pagado un total de $38.2 millones durante sus últimos tres años como CEO y tenía derecho a una pensión valorada en $5.7 millones, así como a $27.2 millones en una cuenta de compensación diferida y un “beneficio de jubilación con continuación salarial” que le pagaría hasta $18.241 por mes durante 10 años después de su retiro.

Sin embargo, Blankenship se propuso blanquear su reputación, decidido a apelar su condena hasta la Corte Suprema. A los pocos días de su salida de prisión, escribió una carta abierta al presidente Trump para compadecerse de la experiencia -compartida por ambos- de los “ataques implacables y falsos a nuestra reputación por parte de los medios liberales”. En la carta, se describió a sí mismo como poseedor de “un muy especial afecto por los mineros del carbón y, por lo tanto, un gran interés en la seguridad de estos”.

Blankenship también publicó un panfleto que lo retrataba como “un prisionero político estadounidense”, con base en el argumento de que había sido engañado por “mala conducta por parte de fiscales, jueces, secretarios y el FBI, así como el senador Joe Manchin y el jefe de la Administración de Seguridad y Salud de Minas”. El demócrata Manchin es un ex gobernador de West Virginia. Las apelaciones de Blankenship fueron rechazadas y la Corte Suprema se negó a tomar el caso.

Sin embargo, más recientemente, un magistrado estadounidense en ese estado recomendó que se anulara la condena de Blankenship, y descubrió que el gobierno no había entregado documentos posiblemente exculpatorios. En su opinión del 26 de agosto, el magistrado no encontró “ni... una pizca de evidencia” de que los fiscales en el juicio de Blankenship “actuaran de mala fe o con malicia”.

El juez agregó que, si bien es posible que Blankenship no habría sido declarado culpable si se hubiesen entregado los documentos, “es igualmente probable” que hubiera sido condenado de igual manera. Un juez federal considera ahora si debe revocar el veredicto.

En cuanto a los intereses políticos de Blankenship, se postuló para el Senado de Estados Unidos en West Virginia con la boleta del Partido de la Constitución, de extrema derecha, que exige la eliminación gradual del Seguro Social y se opone a los derechos LGBTQ, entre otras posiciones.

Su campaña fue notable por lo que pareció un ataque racista contra el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Kentucky) al sugerir que McConnell estaba esclavizado por el “pueblo chino” asociado con su esposa, la secretaria de transporte Elaine Chao, quien emigró a EE.UU desde Taiwán cuando era niña.

Blankenship no llegó a la boleta electoral, y Manchin ganó la reelección.

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Ahora Blankenship se postula nuevamente por el Partido de la Constitución, esta vez para presidente. Su candidatura casi nos enorgullece de ser estadounidenses; casi.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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