Cómo revertir los desastres inmigratorios de Trump, incluso sin el apoyo del Congreso

De todas las promesas que Donald Trump hizo durante la campaña de 2016, la de tomar medidas enérgicas contra la inmigración es la que estuvo más cerca de cumplir. Desde el principio, la administración Trump fue drástica con la política de inmigración. El derecho de asilo fue atacado con saña; los abusos contra los derechos humanos prosperan en el sistema de detención de inmigrantes. La inmigración legal se desaceleró; se estableció una prohibición de ingreso para personas procedentes de países musulmanes; el esfuerzo para acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); las separaciones familiares en la frontera, y la lista continúa.

Afortunadamente, Joe Biden tiene el poder de revertir esas políticas cuando asuma el cargo, en enero. Debido a que Trump usó decretos para llevar a cabo sus planes de inmigración, el presidente electo puede deshacerlos de la misma manera, incluso sin la cooperación del Congreso.

Noticias recientes sugieren que Biden planea tomar medidas rápidas para restablecer el programa DACA, derogar la prohibición musulmana y poner fin a “Permanecer en México”, que ha dejado a los solicitantes de asilo languideciendo en campos de refugiados a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Pero gran parte del daño causado al sistema se debió a cientos de cambios más pequeños en las políticas de inmigración que no recibieron mucha atención pública o de la prensa, a pesar de haber causado un daño enorme a los inmigrantes.

La administración de Biden puede poner fin a algunas de estas políticas de un plumazo. Por ejemplo, puede dejar de amenazar a las víctimas de la trata de personas con la deportación si son rechazadas sus solicitudes de visas U y T, destinadas a víctimas de delitos. De manera similar, las políticas que exigen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice “arrestos colaterales” (personas a las que ICE no apunta de primera mano, pero que son halladas durante operativos) y que prohíben a la agencia ejercer discreción en los procedimientos de deportación también podrían modificarse de inmediato.

El fiscal general de Biden también podría revertir algunos de los cambios utilizando su autoridad para emitir decisiones que interpreten la ley de inmigración. Por ejemplo, el nuevo procurador general podría revocar decisiones emitidas por el ex fiscal general Jeff Sessions, quien hizo casi imposible que las víctimas de violencia doméstica obtuvieran asilo y prohibió a los jueces de inmigración administrar sus expedientes para darles a los inmigrantes tiempo para solicitar su residencia a través de familiares.

Otras políticas requerirán cambios formales de reglas. El Departamento de Seguridad Nacional de Biden debería, por ejemplo, revisar una regulación que limita en gran medida la capacidad de los solicitantes de asilo para obtener un permiso de trabajo mientras esperan que su solicitud sea considerada, en el sistema sobrecargado y retrasado. También debería derogar otra regulación que amplió el uso de la deportación acelerada, que permite que muchos inmigrantes indocumentados sean repatriados sin una audiencia.

Lo que será más difícil de reparar es la cultura de anarquía en el departamento, que empeoró en la era Trump. A la administración Obama le costó que ICE y la Patrulla Fronteriza llevaran a cabo sus objetivos de política. De hecho, el sindicato de ICE hasta demandó a la administración Obama por DACA, alegando que exigía que los agentes de inmigración violaran su deber de hacer cumplir las leyes de inmigración. La administración Trump, por otro lado, alentó el incumplimiento de las normas y los empleados de Seguridad Nacional aprovecharon al máximo la falta de supervisión y de estándares de conducta. El resultado es una agencia que ha violado repetidamente los derechos de las personas en nombre de la aplicación de la ley de inmigración, y que luego miente al respecto en los tribunales.

Será difícil para los candidatos políticos entrantes restablecer el estado de derecho, pero deben intentarlo. Parece poco probable que Biden “anule ICE”, pero deberían pensar estratégicamente sobre cómo reformar el departamento.

Incluso si logra deshacer los cambios de política de Trump y establece un nuevo liderazgo para modificar la cultura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todavía nos quedaríamos con el sistema de inmigración que existió durante los años de Obama, que estaba lejos de ser perfecto. Si bien ese gobierno avanzó con algunas políticas pro-inmigrantes mediante decretos —DACA y las prioridades de aplicación que centraron la atención de ICE en inmigrantes con antecedentes penales son los ejemplos más conocidos— también supervisó más de tres millones de deportaciones y permitió que ocurrieran numerosas tragedias evitables. Por supuesto, esa administración y sus aliados en el Congreso no lograron aprobar una reforma migratoria integral, que se necesitaba con desesperación.

El Senado republicano dificultará la aprobación del proyecto de ley de reforma migratoria en el Congreso, pero Biden tiene otras herramientas a su disposición. Por ejemplo, hay millones de inmigrantes indocumentados que serían elegibles para solicitar tarjetas de residencia, excepto que no fueron “aceptados o admitidos provisionalmente” en el país. Su única opción ahora es regresar a casa y soportar un largo proceso de exención que puede mantenerlos separados de su familia durante años. Biden podría usar su poder para “conceder la admisión provisional en el lugar” a estas personas, de modo que puedan solicitar tarjetas de residencia sin salir del país.

También podría reducir drásticamente el número de inmigrantes encerrados mediante el uso de alternativas a la detención, como monitores de tobillo. Podría reformar los tribunales de inmigración mediante la elaboración de normas administrativas para que proporcionen un control real e independiente del poder de deportación del DHS. Estas acciones no reemplazarían la reforma legislativa integral, pero ayudarían a mitigar algunos de los aspectos más crueles del sistema actual.

A pesar de la demonización de los inmigrantes por parte de Trump, la opinión pública se está volviendo más pro inmigración. La mayoría de los estadounidenses ahora creen que debería ser más fácil obtener asilo en EE.UU y apoyar una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. Más estadounidenses quieren un aumento de la inmigración, en lugar de una disminución. Los últimos cuatro años han demostrado al público cuán cruel e inhumano puede ser este sistema inmigratorio quebrantado. Ahora le toca a Joe Biden repararlo.

Nicole Hallett es profesora asociada de derecho y directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago.

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