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Política

En la Corte Suprema, la decisión de Trump vs. ‘Dreamers’ podría depender de Roberts, el presidente del tribunal

Supreme Court Chief Justice John Roberts
El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr. (Win McNamee / Associated Press)
(Win McNamee / Associated Press)

Una Corte Suprema algo reticente escuchará los argumentos, el martes, en el caso de inmigración de mayor alcance de este año, y decidirá si el presidente Trump tuvo justificación al tratar de revocar una política popular de la era de Obama que le permitió trabajar y vivir en el país a más de 700.000 inmigrantes que fueron traídos ilegalmente cuando eran niños.

Dada la mayoría conservadora en el tribunal, la máxima esperanza de victoria de los llamados Dreamers depende casi con certeza del presidente del tribunal, John G. Roberts Jr.

Aunque Roberts dictaminó reiteradas veces que el presidente goza de amplios poderes en lo que respecta a la inmigración, también es uno de los pocos magistrados conservadores restantes que evidenció su disposición al ponerse del lado de los liberales en casos de alto perfil, incluido uno reciente en el cual concordó en que la administración Trump no había defendido bien sus acciones, el mismo problema en juego en el caso de los Dreamers.

Roberts es conservador junto con otros cuatro republicanos a su derecha, incluidos los jueces Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, ambos designados por Trump. Fue él quien escribió el fallo por 5-4 votos, el año pasado, para confirmar la prohibición de viajes del actual mandatario, y señaló que las leyes de inmigración confían su cumplimiento al jefe ejecutivo.

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En lo que podría ser un adelanto de cómo ven el caso de los Dreamers, Roberts y los conservadores de la corte en 2016 bloquearon una orden de Obama similar pero más amplia, que habría protegido a hasta cuatro millones de personas que vivían sin autorización en el país.

Migración

Y en los últimos meses, el presidente del tribunal desempeñó un papel clave en otras dos victorias de inmigración para Trump. A fines de julio, una mayoría por 5-4 -que incluyó a Roberts- revocó a un juez federal en Oakland y despejó el camino para que el presidente empleara $2.500 millones en fondos destinados a construcción militar para pagar por el muro fronterizo. En septiembre, el tribunal revocó la decisión de un juez federal de San Francisco y permitió que Trump aplicara una nueva prohibición de las solicitudes de asilo en la frontera sur, para migrantes que no habían solicitado asilo en México.

Esos dos casos se decidieron como órdenes de emergencia y sin una opinión completa; ambos reflejan lo que se ha convertido en un patrón familiar desde que Trump asumió el cargo. La ACLU y los abogados estatales demócratas se acercaron raudamente a los tribunales federales de California y Nueva York, y ganaron una serie de sentencias rápidas que suspendieron las iniciativas de Trump. Para cuando los casos llegaron a la Corte Suprema, el primer mandatario y sus abogados a menudo habían prevalecido.

No obstante, Roberts está emergiendo como uno de los votos más impredecibles de la corte, y se ha aliado con los liberales dos veces para defender la Ley de Cuidados de Salud Asequibles, también conocida como Obamacare.

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Los conservadores se sintieron igualmente decepcionados en junio pasado, cuando Roberts se unió a los cuatro liberales del tribunal para impedir que la administración Trump agregara una pregunta sobre el estatus de ciudadanía al censo de 2020. El presidente del tribunal acordó que la ley otorgaba al secretario de Comercio, Wilbur Ross, autoridad sobre el censo, pero concluyó no obstante que el secretario había violado la Ley de Procedimiento Administrativo al dar una razón “artificial” y “pretexto” para agregar la nueva cuestión. Casi nadie creyó el postulado de Ross, de que estaba tratando de hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales. Según los críticos, la maniobra estaba pensada para reducir la participación en el censo entre los latinos.

Ese fallo, aunque altamente procesal, dio esperanzas a los abogados de los Dreamers. Entre ellos está Ted Olson, un republicano que fue procurador general de Estados Unidos bajo la presidencia de George W. Bush. Olson argumentó que, cuando Trump puso fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, en 2017, no dio una explicación válida para justificarlo. Los jueces federales en San Francisco, Nueva York y Washington, D.C., concordaron y afirmaron que la derogación de Trump se basaba en la falsa afirmación de que la orden de Obama era ilegal desde el principio.

“El ejecutivo puede cambiar el rumbo de las políticas de cumplimiento de las leyes, pero no de manera arbitraria y sin fundamento”, escribió. Su informe argumentaba que los presidentes habían usado durante siete décadas la “libertad condicional” o la “acción diferida” para proteger a grandes grupos de inmigrantes y refugiados, incluidos húngaros en la década de 1950, cubanos en la década de 1960, y vietnamitas y camboyanos en la década de 1970. “DACA es legal. La administración podría haberla dejado en vigor. No había necesidad de poner fin a esta política humanitaria, que permite que casi 700.000 personas se queden en el único país que realmente han conocido”, señaló.

En noviembre de 2018, el Tribunal del Noveno Circuito confirmó la orden de un juez de distrito que había bloqueado la derogación de Trump.

El profesor de UCLA Hiroshi Motomura, experto en derecho de inmigración, consideró que la opinión del juez Kim McLane Wardlaw “recuerda mucho a la postura del presidente del tribunal, Roberts, en el caso del censo”. Según Motomura, el magistrado dictaminó que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) podía rescindirse, pero que debía haber una razón válida y clara. La decisión no podía basarse en la “premisa errónea” de que DACA era ilegal, dijo el juez.

Por su parte, Trump siguió insistiendo en que la orden del presidente Obama violó la ley porque excedió los poderes presidenciales. Era un “documento totalmente ilegal”, tuiteó en septiembre. El presidente Trump indicó que el Congreso podría aprobar leyes para proteger a los Dreamers, pero los intentos de hacerlo fallaron en el pasado, en gran parte porque el primer mandatario insistió en que los demócratas también acordaran aceptar nuevos límites a la inmigración legal, a cambio de la protección para los Dreamers.

El procurador general de Trump, Noel Francisco, tuvo el argumento más fácil en el tribunal superior. Si Obama como presidente fue libre de otorgar alivio temporal a los Dreamers, Trump como presidente es libre de cambiar de rumbo, consideró. Esto es especialmente cierto para la “decisión del primer mandatario de rescindir una política discrecional de incumplimiento contra una categoría de personas que están violando la ley de manera continua”, escribió.

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración en Los Ángeles afirma que ahora hay más de 700,000 beneficiarios de DACA en esta ciudad. Llegaron en promedio a los siete años de edad, han vivido aquí más de 20 años y son padres de 256.000 niños que son ciudadanos estadounidenses.

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La política de DACA surgió de la estrategia de la administración Obama para apuntar a delincuentes, narcotraficantes, amenazas de seguridad y repetidos cruces fronterizos, con la mira puesta en arrestarlos y deportarlos. Como tal, no tenía sentido perseguir a los jóvenes que habían sido traídos al país cuando eran niños y que no tenían antecedentes desde entonces.

En 2012, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, emitió un memorando que estableció la nueva política, basado en “el ejercicio de nuestra discreción fiscal”. “Las leyes de inmigración de nuestra nación deben hacerse cumplir de manera firme y sensata. No están diseñadas para ejecutarse a ciegas, sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso”, remarcó. “Tampoco están creadas para trasladar a jóvenes productivos a países donde tal vez no hayan vivido jamás, o donde incluso no hablen el idioma”.

Quienes tenían menos de 16 años de edad y habían vivido en Estados Unidos durante al menos cinco años fueron alentados a presentarse. Si pasaban una verificación de antecedentes, se les podía otorgar una acción diferida “caso por caso”, para que obtuvieran así un permiso de trabajo.

Un año después, Napolitano fue nombrada presidenta del sistema de la Universidad de California y es una de las principales demandantes en las querellas para preservar DACA. Uno de los tres casos que se escucharán juntos el martes se llama Departamento de Seguridad Nacional vs. Regentes de la Universidad de California. “Espero que los jueces de la Corte Suprema no pierdan de vista las vidas que están en cuestión”, expresó Napolitano. “Son realmente estadounidenses en todos los sentidos. Han crecido aquí, han triunfado aquí en la UC. Son el tipo de jóvenes que queremos”.

Los sondeos de opinión hallaron que más de tres cuartas partes de los encuestados -tanto republicanos como demócratas- se manifestaron a favor de otorgar un estatus legal permanente a los Dreamers.

Sin embargo, hace un año, los abogados de la administración instaron a la corte superior a abordar el tema y respaldar la derogación de Trump.

Los magistrados esperaron y no tomaron medidas durante meses, tal vez con la esperanza de que el Congreso y el presidente resolvieran el estado legal de los Dreamers.

Sin perspectivas de acción en el Congreso, los magistrados anunciaron el último día de su plazo, a fines de junio, donde fallarían sobre la revocación de DACA por parte de Trump.

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