La Corte Suprema mantiene “Permanecer en México”, las restricciones de asilo implementadas por Trump

La Corte Suprema otorgó el miércoles otra apelación de emergencia a la Administración Trump y votó para mantener en vigencia la política de “Permanecer en México” que ha obligado a decenas de miles de solicitantes de asilo a permanecer en el lado mexicano de la frontera mientras esperan una audiencia en Estados Unidos.

Los jueces suspendieron un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos de hace dos semanas que declaró ilegal esa política.

Sólo un miembro de la corte registró una disidencia. La jueza Sonia Sotomayor manifestó que votó para rechazar la apelación del gobierno.

La acción del tribunal superior, aunque no es un fallo final, es una victoria significativa para la Administración Trump y sus políticas de línea dura sobre inmigración y asilo.

Mantendrá la política de “Permanecer en México” durante al menos tres meses y probablemente hasta principios del próximo año. Es probable que los jueces otorguen una revisión del caso cuando los abogados del primer mandatario presenten una petición de apelación en junio.

En un comunicado, el Departamento de Justicia declaró que estaba satisfecho con la decisión del tribunal y dijo que la política ha sido “crítica para restaurar la capacidad del gobierno de administrar la frontera suroeste y trabajar en cooperación con el gobierno mexicano para abordar la inmigración ilegal”.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes calificaron la política de cruel, inhumana e ilegal. Dijeron que ha dejado a miles de personas varadas a lo largo de la frontera, sin comida, vivienda, atención médica o protección contra delincuentes, donde esperan semanas o incluso meses para presentar su solicitud de asilo en una audiencia.

Judy Rabinovitz, abogada especial del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo que el tribunal superior debería decidir que la política es ilegal. “Los solicitantes de asilo enfrentan un grave peligro y un daño irreversible cada día que esta política depravada sigue vigente”, aseveró.

En los últimos tres años, el procurador general Noel Francisco ha enviado repetidamente llamamientos de emergencia en nombre de la Administración Trump al tribunal superior, confiando en que su mayoría conservadora suspenderá las decisiones de los jueces liberales en California que se pronuncian en contra de las políticas del presidente.

El viernes, solicitó a los jueces que intervinieran en el caso “Permanecer en México” y evitar lo que dijo que sería “una precipitación en la frontera” de los miles de migrantes que reaccionen a la decisión del Noveno Circuito.

El procurador general manifestó que la política oficialmente conocida como Protocolos de Protección de Migrantes ha demostrado ser una “herramienta enormemente eficaz e indispensable” para hacer frente a “la crisis humanitaria y de seguridad” en la frontera sur.

Les dijo a los jueces que antes de esa política, alrededor de 2,000 migrantes habían llegado diariamente a la frontera sur para ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo. Además, expuso que la “gran mayoría” de ellos no tenían casos sólidos de que estaban huyendo de la persecución política patrocinada por los gobiernos centroamericanos en sus países de origen.

Para detener el flujo de migrantes, los abogados de la administración aprovecharon una disposición en una ley de inmigración de 1996 que decía que el fiscal general “puede devolver al extranjero” a “un territorio contiguo a Estados Unidos” para esperar una audiencia allí.

La disputa legal se centró en si esta disposición se aplica ampliamente a todos los inmigrantes que llegan, como sostienen los abogados de Trump, o sólo a ciertos inmigrantes “extremadamente indeseables”, como los narcotraficantes y traficantes humanos, como lo sostenía el Noveno Circuito.

La política “Permanecer en México” entró en vigencia en enero de 2019. Desde entonces, “ha permitido el regreso temporal de más de 60,000 extranjeros a México”, precisó el procurador general. Su apelación se llamaba “Chad Wolf, acting secretary of Homeland Security vs. Innovation Law Lab” (Chad Wolf, secretario interino de Homeland Security vs. Innovation Law Lab).

Los abogados de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en San Francisco, y en abril del año pasado, el juez federal de distrito, Richard Seeborg, emitió una orden judicial preliminar a nivel nacional para bloquear la política.

Pero un mes después, un panel de la Corte del Noveno Circuito levantó esa orden temporal. Luego, los abogados volvieron a los tribunales argumentando que la administración excedía su autoridad bajo las leyes de inmigración.

Un panel diferente del Noveno Circuito, por un voto de 2-1, acordó el 28 de febrero. Los jueces William Fletcher y Richard Páez dijeron que la “disposición de retorno a un territorio contiguo” en la ley de inmigración siempre se había entendido que se aplica sólo a una pequeña categoría de “otros extranjeros”, no a los miles de inmigrantes que llegan a las fronteras.

También manifestaron que la política violaba los deberes de EE.UU en virtud de los tratados internacionales porque enviaba a los solicitantes de asilo a las áreas donde serían sometidos a tortura y persecución.

Apenas unas horas después de emitir esta opinión, el panel del Noveno Circuito acordó suspender su propia decisión hasta el 12 de marzo, para que la administración pudiera apelar ante la Corte Suprema.

El lunes, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles instaron a la corte a rechazar la apelación. Dijeron que la administración había adoptado “una política sin precedentes que cambió fundamentalmente el sistema de asilo de la nación” y “devolvió a México a más de 60,000 solicitantes de refugio, donde fueron expuestos a secuestros, asaltos, violaciones y otros ataques violentos”.

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