El coronavirus es un nuevo frente en la guerra entre el sheriff y los supervisores del condado de L.A.

El sheriff Alex Villanueva habla frente a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

Con o sin brote de virus, el sheriff y los supervisores del condado de Los Ángeles continúan su larga disputa...

Abr. 14, 2020 4:13 AM PT

Dos de los funcionarios electos más poderosos del condado de Los Ángeles aparecieron juntos frente a una cámara de noticias el mes pasado para describir los esfuerzos acelerados para combatir el brote de coronavirus.

Esa noche, el teléfono del sheriff Alex Villanueva sonó con un mensaje de texto de la supervisora Kathryn Barger.

“Por lo que vale: hoy estuviste genial”, escribió. “Verdadero liderazgo”.

Es difícil determinar exactamente qué salió mal después de esa muestra de unidad del 12 de marzo. Pero la semana siguiente, la dinámica entre Villanueva y Barger se volvió hostil, y ambos se lanzaron golpes sobre el control de los mensajes en relación al coronavirus.

Llegó a un punto de ebullición cuando la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó, en una medida que dijo estaba en proceso, para poner al jefe ejecutivo del Condado a cargo de la respuesta a la crisis. Al hacerlo, la junta removió a Villanueva como director del centro de operaciones de emergencia. Villanueva calificó el movimiento como un “golpe silencioso”.

Las opiniones difieren en cuanto a cómo se desarrollará este cambio. Los supervisores y otros funcionarios del Condado dijeron que no importará mucho en el funcionamiento diario del centro, y algunos describieron el movimiento como un simple cambio de nombre en la parte superior de un organigrama.

Pero Villanueva está indicando que en algún momento después de esta crisis removerá a sus elementos de las operaciones del centro. Le ha pedido a la junta que proporcione un plan de transición para reemplazarlos.

“Si nos retiramos, muchas cosas se vendrían abajo”, declaró Villanueva. “No vamos a hacer eso. Queremos asegurarnos de que esto se haga correctamente de principio a fin”.

Agregó: “Vamos a retirarnos en algún momento”.

La crisis entre la junta y el sheriff continúa una lucha de poder de larga duración que comenzó al asumir Villanueva el cargo en diciembre de 2018. Pero se produce cuando los funcionarios estatales, locales y federales enfrentan un intenso escrutinio sobre su manejo de los asuntos de vida o muerte en respuesta al brote mortal de coronavirus y arroja las últimas disputas bajo tiempos duros.

Dio inicio cuando el condado de Los Ángeles se estaba preparando para emitir una orden de quedarse en casa.

Villanueva dijo que se enteró de esos planes el 19 de marzo, pero el centro de operaciones de emergencia quedó fuera del circuito. Le envió un mensaje de texto a Barger, la presidenta de la junta, esa tarde, según capturas de pantalla del intercambio proporcionado por el Departamento del Sheriff.

“Tenemos que hablar, me estoy enterando de que te estás saliendo del guión con Los Ángeles y Long Beach”, escribió, preguntando si debería cerrar el centro de operaciones de emergencia para evitar esfuerzos duplicados. Fue siete días después de la conferencia de prensa conjunta.

“¿Quién es este oscuro grupo encargado de la toma de decisiones y quién está a cargo?”

Villanueva dijo que nunca recibió una respuesta.

Una hora y media más tarde, Barger anunció la orden en una conferencia de prensa transmitida en vivo con la directora de salud pública Bárbara Ferrer y funcionarios de Los Ángeles, Pasadena y Long Beach.

“Ni en mis sueños más absurdos anticipé que un supervisor se volvería duro y decidiría ramificarse por su cuenta”, dijo Villanueva en una entrevista. “Ese es un territorio desconocido”.

Barger dijo más tarde que el Departamento del Sheriff fue alertado temprano esa mañana de la orden inminente, y su oficina proporcionó un correo electrónico que se envió a los dos ejecutivos del alguacil a quienes se les aconsejó que notificaran a Villanueva.

En una conferencia telefónica esa mañana, se les pidió a los jefes de departamento su aporte.

“No obtuvimos nada del sheriff”, dijo Barger. “Decir que se quedó fuera es una omisión conveniente de su parte”.

Dos días después de la conferencia de prensa de Barger, Villanueva envió un correo electrónico a la junta y a otros funcionarios quejándose de decisiones tomadas fuera de la estructura de mando establecida, y dos días más adelante de eso, emitió quejas similares en una entrevista televisiva.

Fue de esa entrevista, dijo Barger más tarde, que supo que Villanueva planeaba cerrar las tiendas de armas durante la pandemia, viéndolos como negocios no esenciales. Él fue de un extremo a otro sobre el tema, y finalmente decidió no hacer cumplir los cierres después de que el gobierno federal intervino, llamando a las tiendas esenciales. Él vio la propuesta de la junta de desplazarlo en el centro de operaciones como represalia por su decisión inicial de cerrar las tiendas de armas.

Los supervisores votaron por unanimidad para aprobar el cambio la semana siguiente, una medida que dijeron surgió de una auditoría del mortal incendio de Woolsey en 2018 que concluyó que los funcionarios no estaban preparados para evacuaciones masivas y otras interrupciones. La auditoría recomendó que el Condado centralice la coordinación de su respuesta a la crisis.

Villanueva y la junta tuvieron otra disputa, cuando les pidió que aseguraran un pago retroactivo para los empleados en cuarentena que, según él, tuvieron que pasar a su licencia personal por enfermedad antes de que los beneficios federales se aplicaran a los trabajadores afectados. Barger le dijo al sheriff que tenía la autoridad para otorgar a los empleados vacaciones administrativas pagadas. Luego, en una carta redactada, los supervisores le imploraron que corrigiera el texto después de que señalaron que la “información falsa” generó amenazas contra Sachi Hamai, el director ejecutivo del Condado.

El centro de operaciones de emergencia del Condado se activó el 4 de marzo, con un personal de aproximadamente 100 personas, incluidos unos ocho miembros del equipo del Departamento del Sheriff, encargados de coordinar recursos para responder a lo que algunos han llamado una pandemia única en una generación.

Día a día, el personal del centro de operaciones podría ayudar a establecer centros de prueba COVID-19 o inventariar el acceso del Condado a máscaras N95 y otros equipos de protección. Encuentran refugios, alimentos y suministros para personas sin hogar y otras que han estado expuestas al virus pero que no pueden poner en cuarentena en sus hogares. Manejan mensajes públicos y preguntas de campo de funcionarios gubernamentales, empresas y organizaciones de noticias.

John Stedman, un jefe retirado del Departamento del Sheriff que supervisó las operaciones de emergencia, dijo que si el sheriff retira a su personal, podría requerir una transición de dos años y que la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) asuma algunas de las tareas de capacitación del departamento.

“No sé si será más o menos. Podría ser una ventaja si la OEM va a quitar toda esa carga al departamento”, manifestó. “No entiendo el movimiento si lo único que vas a hacer es poner a un tipo diferente a cargo”.

Un informe de 2012 sugirió que el jefe de la OEM estaba mejor preparado que el sheriff para ser el coordinador durante una emergencia. Pero la revisión también descubrió que el OEM tenía “poco personal”, con 15 trabajadores a tiempo completo.

El personal se ha duplicado desde entonces, según Kevin McGowan, quien dirige la oficina y fue asignado por Hamai para dirigir el centro de operaciones de emergencia. McGowan dijo que espera seguir trabajando con el Departamento del Sheriff.

“El sheriff tiene un papel clave que desempeñar en la aplicación de la ley”, manifestó McGowan. “La OEM tiene la responsabilidad de proporcionar liderazgo y apoyo dentro de la función de gestión de emergencias para que funcionen simbióticamente”.

Los alguaciles del condado de Los Ángeles han liderado el centro de crisis desde principios de la década de 1970. Desde entonces, las amenazas y emergencias significativas se han vuelto más complejas. Los expertos dijeron que las agencias gubernamentales locales comenzaron a aumentar la dotación de personal y la capacitación dentro de los programas de respuesta a desastres después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Los cambios del condado de Los Ángeles se alinean con el sistema del condado de Riverside, encabezado por el Departamento de Manejo de Emergencias. El Departamento del Sheriff, mientras tanto, trabaja en la rama de la ley del centro, expuso la portavoz del Condado Brooke Federico.

Otros condados operan de manera diferente. En el condado de Ventura, la Oficina de Servicios de Emergencia, que McGowan dirigió desde 2013 hasta que el condado de Los Ángeles lo contrató el verano pasado, es parte de la oficina del sheriff. Pero las fuerzas del orden público han pasado a segundo plano al ejecutar la respuesta al brote de coronavirus.

“La realidad es que se trata de una emergencia de salud pública, por lo que nuestro papel es muy limitado”, dijo Eric Buschow, capitán del sheriff del condado de Ventura.

En el condado de Ventura, McGowan supervisó la renovación del centro de operaciones de emergencia y dirigió la gestión de emergencias para varios desastres, incluidos incendios forestales destructivos, el tiroteo masivo en Borderline Bar and Grill, un derrame de petróleo y una explosión en el centro de tratamiento de residuos de Santa Clara.

Stewart Gary, un jefe de bomberos retirado cuya auditoría de la respuesta al incendio de Woolsey provocó la sacudida del liderazgo del condado de Los Ángeles, dijo en un comunicado que la aplicación de la ley es “una al volante” del centro de operaciones de emergencia.

“Son realmente buenos socios”, consideró. “Espero que en Los Ángeles ese sea el caso también”.

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