Activistas se preparan para combatir operativos de intimidación a los votantes en el día de las elecciones
Con el fin de una orden judicial que prohibía a los republicanos llevar a cabo operaciones de “seguridad en las urnas” en los colegios electorales, crece el temor a la intimidación de los votantes y a los esfuerzos de represión en los bastiones demócratas en noviembre.
WASHINGTON — Como joven abogado del partido demócrata de Nueva Jersey, Angelo Genova rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal el día de las elecciones de 1981. “Nuestro equipo recibía llamadas de todas partes”, recordó. “Había mucha confusión”.
En las comunidades negras urbanas de Nueva Jersey habían aparecido grandes letreros advirtiendo que los lugares de votación estaban “patrullados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de las Boletas”. Los policías fuera de servicio, algunos armados, llevaban brazaletes y exigían la identificación de los votantes antes de que pudieran sufragar.
El grupo de trabajo fue una invención republicana. Aunque nadie pudo probar cuántas personas estaban demasiado intimidadas para votar, el partido lo consideró un éxito cuando su candidato, Thomas Kean, ganó por 1.797 votos en un recuento de más de 2.3 millones de votos emitidos.
El Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) planeó ejecutar la misma jugada en los estados de todo el país, pero los demócratas obtuvieron una orden judicial federal que lo impedía. El decreto de consentimiento ha limitado las actividades del comité en todas las elecciones desde entonces, hasta ahora.
Un juez federal permitió que tal orden expirara hace dos años, y la falta de salvaguardas legales contra las “actividades de seguridad en las boletas electorales” tiene a los demócratas y defensores del derecho al voto alertas ante posibles intentos de intimidación republicanos el 3 de noviembre.
Cien años después de haber obtenido el derecho al voto, las mujeres sólo representan el 23.7% del Congreso, menos que en muchos otros países desarrollados.
El presidente Trump ha instado a sus seguidores a “acudir a las urnas y observar con mucho cuidado”, y su campaña afirmó que está reclutando ciudadanos para su “Ejército de Trump”, que sirvan como observadores electorales voluntarios.
La iniciativa se lleva a cabo con el Comité Nacional Republicano, que despliega observadores electorales certificados en los lugares de votación junto con sus homólogos del Comité Nacional Demócrata. Normalmente, no se permiten voluntarios adicionales, por temor a interferencias.
“El partido republicano tiene un historial de participar en actividades pensadas para disminuir la participación de la gente, en lugar de aumentarla”, remarcó Genova, quien todavía trabaja como abogado del partido demócrata en Nueva Jersey.
La “retórica de Trump sugiere fuertemente que la estrategia está viva y bien, y tiene un alto potencial para manifestarse en esta elección”, agregó.
Los funcionarios republicanos niegan cualquier plan para intimidar a los votantes y argumentan que el fin del decreto de consentimiento, que limitó la posibilidad del partido de participar en programas de seguridad electoral, los pone en pie de igualdad con los demócratas.
A dos semanas del día de las elecciones, las largas filas, los errores administrativos o los fallos informáticos retrasaron la votación anticipada en algunos distritos. Pero más de 28 millones de personas ya habían sufragado en todo el país hasta el lunes, un récord, y no se reportaron interrupciones organizadas.
Mandi Merritt, portavoz del Comité Nacional Republicano, comentó que los miembros del operativo de observación de las elecciones de la campaña de Trump están capacitados para ser “respetuosos y educados”, y para seguir la ley. “El programa de observación de las urnas está pensado para asegurar que ningún votante legalmente elegible sea privado de sus derechos, que todos los votos sean tabulados de manera precisa y legal, y que los electores no estén confundidos sobre las leyes y los procedimientos”, comentó. “Se trata de conseguir que vote más gente, no menos”.
Ese no es el mensaje de la campaña de Trump.
“Todos sabemos que los demócratas harán sus viejos trucos sucios el día de las elecciones para asegurarse de que el presidente Trump no gane”, dice la portavoz del mandatario, Erin Perrine, en un video para reclutar observadores electorales y voluntarios para el día de las elecciones. “No podemos permitir que eso suceda. Por eso nuestro objetivo es cubrir todos los lugares de votación del país con gente como tú”.
El hijo del mandatario, Donald Trump Jr., también intentó reclutar observadores electorales en un video publicado en Facebook el mes pasado, instando a los partidarios a “alistarse hoy” porque “la izquierda radical está sentando las bases para robarle esta elección a mi padre”.
“Necesitamos que todos los hombres y mujeres hábiles se unan al ejército para el operativo de seguridad electoral de Trump”, afirma en el video. “Necesitamos que nos ayudes a controlar”.
Como parte de sus iniciativas de reforma electoral, Facebook anunció recientemente que prohibiría las publicaciones de reclutamiento de observadores electorales que utilicen “lenguaje militarizado o sugieran que el objetivo es intimidar, ejercer control o mostrar poder sobre los funcionarios electorales o los votantes”.
Un funcionario de Facebook indicó que la regla no se aplicaría de forma retroactiva, pero que retirarían el video de Trump Jr. si era publicado nuevamente.
El presidente ha advertido, sin pruebas, sobre el fraude generalizado con las boletas enviadas por correo y el voto en persona, especialmente en áreas urbanas controladas por demócratas.
En agosto, sugirió enviar agentes del orden a los centros de votación. Y, en el debate presidencial del mes pasado, en lugar de instar a sus partidarios a mantener la calma si los resultados de las elecciones se retrasan el 3 de noviembre, los motivó para “acudir a las urnas” y “observar muy de cerca”.
“El mensaje fue muy claro: está animando a sus seguidores a presentarse e intimidar”, remarcó ante los periodistas Tiffany Muller, quien encabeza el grupo activista contra la inhibición de los votantes Let America Vote, en una conferencia telefónica con los procuradores generales demócratas de Wisconsin, Michigan y Nevada.
Lynette Monroe, una votante demócrata negra, descubrió en 1981 cómo sería eso. Según la demanda que los demócratas presentaron el año siguiente, Monroe fue detenida frente a su lugar de votación en Trenton, Nueva Jersey, e interrogada por miembros del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de las Boletas. “Le preguntaron si tenía su tarjeta de registro de votante y se le dijo que si no tenía la tarjeta, no podía votar”, afirma la demanda, aunque las tarjetas no son obligatorias. Monroe se fue de allí sin sufragar.
El operativo de observación de encuestas de la campaña de Trump ya ha tenido problemas este año. El mes pasado, funcionarios electorales de Filadelfia rechazaron a los voluntarios de la campaña de Trump en las oficinas electorales satélite, argumentando que los sitios no eran centros de votación oficiales. Incluso de serlo, los voluntarios no eran observadores electorales certificados.
Un juez local se puso del lado de los funcionarios de la ciudad el 9 de octubre pasado y dictaminó que las oficinas satélite no eran sitios de votación. “Nos preocupa particularmente que estas personas estén siendo enviadas de forma intencional a comunidades que albergan un gran número de votantes negros y latinos”, comentó Kristen Clarke, directora ejecutiva del grupo no partidista Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law.
“La eliminación del decreto de consentimiento del Comité Nacional Republicano dio como resultado la apertura de temporada de los operativos que buscan sacar provecho de este momento”, agregó Clarke.
Incluso si las amenazas del presidente no equivalen a intimidación, sus palabras podrían tener un efecto escalofriante en algunos votantes, afirman los activistas.
“La amenaza en sí misma genera miedo y puede intimidar a quien va a sufragar”, comentó Wendy Weiser, vicepresidenta del Brennan Center for Justice, un instituto de políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
En teoría, señaló, los lugares de votación deberían tener la protección adecuada. Los funcionarios electorales pueden llamar a la policía para retirar a las personas que interrumpan la votación, y los electores pueden comunicarse con líneas directas no partidistas para obtener ayuda legal.
Históricamente, el derecho al voto en Estados Unidos siempre ha sido cuestionado, agregó Kate Masur, profesora asociada de historia estadounidense en la Universidad Northwestern.
“Nunca en la historia de Estados Unidos ha habido un compromiso total de todos los estadounidenses con la idea de que cualquier persona que sea elegible tiene que votar, y que debe ser alentada a emitir su voto”, expresó Masur.
Durante casi un siglo después de que terminó la era de la Reconstrucción, en 1877, los blancos en numerosos estados apelaron a linchamientos y otras formas de violencia, amenazas e intimidación, además de medios burocráticos, para privar de sus derechos a los ciudadanos negros.
Hasta que se aprobó la Ley Federal de Derechos Electorales, en 1965, los gobiernos estatales y locales aprobaron normas, incluidos los impuestos electorales y los requisitos de alfabetización, que hicieron casi imposible que millones de hombres y mujeres negros se registren o emitan su voto.
Los esfuerzos republicanos por cerrar los lugares de votación, limitar el servicio de correo o restringir el número de casillas electorales son una consecuencia de esos tiempos oscuros, señaló Lorraine Minnite, profesora de ciencias políticas que se especializa en derechos de voto en la Universidad de Rutgers en Camden, Nueva Jersey. “Se hace de ese modo, bajo la apariencia de la ley y el procedimiento, en lugar de emplear un matón ilegal en las calles”, dijo. “Es menos riesgoso de esa forma y más efectivo si el resultado se aplica de manera más amplia”.
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