California entabla demanda contra la política de detención indefinida de niños y familias migrantes promovida por el presidente Trump
California abrió este lunes otro frente en su batalla legal con la administración Trump sobre la política inmigratoria cuando los funcionarios dieron a conocer una demanda federal que intenta bloquear la nueva norma que permite la detención indefinida de niños migrantes y sus familias.
La querella, de 19 estados y codirigida por Massachusetts, fue presentada por el gobernador Gavin Newsom y el procurador general de California, Xavier Becerra, quien criticó al presidente por ignorar un acuerdo de conciliación judicial que limitaba la detención de menores a 20 días.
“Ningún niño merece ser dejado en condiciones inapropiadas y perjudiciales para su edad”, señaló Becerra el lunes. “Las acciones de esta administración no sólo son moralmente reprobables, son ilegales. Los menores no se vuelven infrahumanos simplemente por ser migrantes”.
Jesús se sintió aliviado de que él y su hijo de 6 años habían logrado salir de Honduras rumbo a Estados Unidos, después los funcionarios se llevaron a su hijo.
Como el estado con la mayor población de inmigrantes en el país, incluidos aproximadamente 2.2 millones de personas que residen en EE.UU indocumentadas, los funcionarios de California se han enfrentado repetidamente con Trump por su represión contra los migrantes, entre ellos quienes buscan asilo.
La demanda es el 57º reto legal presentado por California contra la administración Trump, 13 de los cuales involucran políticas de inmigración, como una disputa sobre la financiación por un nuevo muro fronterizo.
En lugar de continuar separando a los niños de sus padres cuando son detenidos al cruzar la frontera, la administración Trump quiere mantener a las familias unidas indefinidamente en centros de detención, dijeron abogados del Departamento de Justicia ante un tribunal federal, el 30 de junio.
Los problemas de inmigración han sido un punto crítico entre Trump y California. La administración demandó al estado en marzo de 2018 para invalidar las leyes de santuario de California, que limitan la cooperación policial con las autoridades de inmigración, aunque un juez federal luego respaldó al estado.
La última acción legal aborda las nuevas regulaciones implementadas la semana pasada, que entrarán en vigor en dos meses a menos que sean bloqueadas por los tribunales. Los estados argumentan que las normas socavan el Acuerdo de Flores, de 1997, y la presunción de que todos los niños son elegibles para ser liberados en la comunidad.
Los agentes fronterizos todavía separan a los niños migrantes de sus padres a pesar de una orden judicial que restringe severamente la práctica, 911 en un año, dice la ACLU.
Según el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el Acuerdo de Flores, que fue reforzado en 2015, fue responsable de la enorme cantidad de familias centroamericanas que llegaron a la frontera de Estados Unidos, y argumentó que las nuevas reglas desalentarían la migración. “El factor impulsor de esta crisis es la debilidad en nuestro marco legal para la inmigración”, expuso el funcionario la semana pasada. “Este acuerdo único ha causado, y continúa alimentando, la actual crisis de las unidades familiares... hasta hoy”.
Trump aseveró la semana pasada que el cambio de política se efectuaba por razones humanitarias. “Tengo muy presentes a los niños en mi mente. Esto me molesta mucho”, afirmó el primer mandatario ante los periodistas en la Casa Blanca. “Cuando vean que no pueden entrar a Estados Unidos... no vendrán. Y mucha gente se salvará. La vida de muchas mujeres no será destruida”.
La demanda anunciada el lunes argumenta que la nueva política interfiere con la capacidad de los estados para ayudar a garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los menores, al socavar los requisitos de licencias estatales para las instalaciones donde estos son alojados. La querella también sostiene que la normativa dará como resultado la gran expansión de los centros de detención familiar, que no son instalaciones autorizadas por el estado y que, se ha detectado, causan un mayor trauma en los niños.
La demanda expresa que la norma conducirá a la detención prolongada de menores, con consecuencias negativas para su salud a largo plazo.
La nueva política también viola la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, argumentan los estados.
Según los funcionarios estatales, las regulaciones eliminan las protecciones garantizadas por el Acuerdo de Flores, que fue el resultado de una demanda colectiva presentada en un tribunal federal en California y que alegaba condiciones de confinamiento deficientes para niños inmigrantes no acompañados.
Esa demanda, llamada así en referencia a la migrante Jenny Lisette Flores, terminó en la Corte Suprema de Estados Unidos antes de que los funcionarios federales sellaran un acuerdo, en 1997. El trato exigió que los niños fueran liberados “sin demora innecesaria” a sus padres, tutores legales, individuos designados por los padres, o a un programa matriculado dispuesto a aceptar la custodia, explicó Becerra.
“Esto es un ataque a la decisión de [el Acuerdo de] Flores”, dijo Newsom la semana pasada en una entrevista en CNN. “Claramente, creo que será rechazado por los tribunales”, remarcó el gobernador, y agregó que “California prevalecerá una vez más en la corte de justicia”.
La demanda presentada el lunes se produjo un mes después de que California y otros estados acudieran a los tribunales con temor de que los menores permanecieran detenidos durante semanas sin acceso a necesidades básicas como jabón, agua limpia, cepillos de dientes, duchas o un lugar para dormir, señaló el fiscal general.
También se sumaron a esta última querella el Distrito de Columbia y otros 18 estados además de California: Massachusetts, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania , Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
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