Víctimas de crímenes demandan a USCIS por lento proceso de aprobación de visas
Para varios activistas pro-inmigrantes la lentitud de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para procesar trámites, se está volviendo un mal crónico.
La queja por un trabajo más acelerado se hizo tangible este viernes, a través de una demanda en contra de la agencia por parte de un grupo de sobrevivientes de crímenes violentos.
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De acuerdo a la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles (LAFLA), dentro de la queja, USCIS no procesa sus solicitudes de la Visa U y autorización de empleo en tiempos oportunos, lo que complica y hasta paraliza la vida de las víctimas.
La agencia otorga ciertos permisos y visas a las víctimas de crimen, pero el proceso de alivio puede tardar hasta cinco años en finalizarse.
Una portavoz de USCIS dijo que, como cuestión de política, USCIS no comenta litigios pendientes.
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Sin embargo, el abogado Eric Price, quien hace unos días pudo conseguir la visa U para uno de sus clientes alega que el tiempo de espera es superior a los cuatro años, aunque hay casos que son más rápidos.
“De hecho no es difícil conseguir esta visa. Muchas veces, el crimen no tiene que ser reciente, pero si es necesario un récord policiaco y suficiente evidencia para integrar un caso sólido”, opina el abogado Price.
Anualmente, solamente se les permite a 10 mil personas obtener la Visa U en Estados Unidos. Según USCIS, actualmente hay cerca de 250.000 solicitudes de visa U pendiente.
Los agentes federales hacen pública una carta donde culpan a los activistas pro-inmigrantes de difundir noticias falsas en la comunidad y alentar el mal comportamiento entre las personas indocumentadas detenidas.
Todos los demandantes en la nueva querella no han podido obtener trabajo legítimo y se mantienen adecuadamente a sí mismos y a sus familias, según LAFLA. Sin un permiso de trabajo, también son más susceptibles a ser removidos de Estados Unidos y a represalias de los mismos criminales que reportaron, dicen activistas.
La abogada Brigit G. Álvarez sotiene que estos solicitantes provienen de países en donde la corrupción es común y no pueden confiar en la aplicación de la ley para protegerlos.
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