Familia de beneficiaria de Daca deportada busca su retorno
Familia y amistades de una estudiante y beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), que fue recientemente deportada, le piden a la comunidad ayuda para traerla a “su hogar”.
Varios agentes de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS) detuvieron a Daniela Ramírez, de 23 años, en diciembre poco antes de la Navidad. De acuerdo a los familiares, los oficiales llegaron una tarde mientras ella trabajaba en el hotel Marriott, en West Covina.
Sonia Meza, una amiga de la familia, recibió una llamada de Ramírez, quien dijo que estaba siendo arrestada antes de que colgara el teléfono.
“Ella sólo quería vivir el ‘sueño americano’. Siempre estaba preocupada por la administración Trump”, dijo Meza.
Las parejas que se separan durante el período de residencia temporal, pueden solicitar la residencia permanente siempre y cuando su relación haya sido genuina desde un principio.
Ramírez, de la ciudad de Azusa, trabajó a tiempo completo en la cocina y como recepcionista en el hotel durante los últimos dos años.
La inmigrante, originaria de México, ingresó a Estados Unidos a la edad de 10 años junto a Carmen Ramírez, su hermana mayor. Ambas se convirtieron en beneficiarias de Daca.
Carmen Ramírez dijo que su hermana se graduó de Azusa High School y que su estatus de Daca expiró hace dos años, cuando intencionalmente no lo renovó por miedo.
“Ella escuchó de alguien que no debía renovarlo porque la enviarían a la cárcel”, dijo la hermana, enfatizando que la joven no tiene antecedentes penales para que las autoridades de ICE la hayan deportado.
No obedecer el nuevo mandato de seguro de salud podría ocasionarle a millones de familia una multa financiera, sostiene la Junta de Impuestos de franquicia del Estado de California.
Daca se otorga por dos años, por lo que los beneficiarios tienen diferentes fechas de vencimiento para sus beneficios.
Durante el año pasado, ICE comenzó a reabrir casos cerrados contra beneficiarios de este alivio migratorio sin antecedentes penales.
“Una vez que obtengamos luz verde de nuestro abogado, proporcionaremos más detalles y brindaremos una actualización”, sostiene la página GoFundMe de la familia.
Actualmente, ICE le está pidiendo a los tribunales de inmigración que reabran los casos de deportación cerrados administrativamente contra los destinatarios de Daca, a pesar de que durante los argumentos orales en noviembre, al menos algunos jueces dejaron en claro que estaban aceptando las garantías del presidente de que terminar con Daca no significaría deportar a los beneficiarios.
Entre los estados donde han ocurrido los casos de deportación se encuentra Nevada, Arizona y Missouri.
Funcionarios estadounidenses anunciaron el viernes el 160to kilómetro (100ma milla) de muro fronterizo construido desde que Donald Trump asumió la presidencia.
Por ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos está considerando si el presidente Trump puede seguir adelante con sus planes para poner fin a Daca. El programa, creado en la era Obama, ha permitido que casi 700.000 adultos jóvenes sin estatus legal pero que han vivido en Estados Unidos desde que eran niños trabajen y estudien sin temor a ser deportados.
Entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2020, el Daca de 232.000 personas expirará, aunque un tercio, 75.400 beneficiarios, han solicitado renovaciones, según el Center for American Progress.
Se espera que la Corte Suprema decida sobre este programa a fines de junio.
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