¿Enfrentan inseguridad financiera las guarderías para niños en Los Ángeles?
A pesar de ser una de las economías más grandes del país, California sigue enfrentándose a la falta de fondos cuando se trata de educación y cuidado infantil, dicen expertos del Fondo de Financiamiento sin Fines de Lucro (NFF), California Community Foundation y First 5 LA.
De acuerdo a los activistas, a nivel local muchos programas de cuidado infantil temprano de Los Ángeles están operando con poca seguridad financiera, lo que al final afecta a los menores de edad.
Las tres organizaciones trabajaron en conjunto recientemente para estudiar los desafíos financieros y operativos que enfrentan 26 programas de atención y educación temprana sin fines de lucro (ECE).
El 2018 marcó un número récord de trasplantes de órganos.
Más del 50% de esos proveedores no cubrían ni un mes entero en fondos disponibles para operar (en comparación con sólo el 9% de las organizaciones nacionales sin fines de lucro del mismo sector en 2018), y sólo el 12% tenía tres meses o más en reservas.
“Las organizaciones necesitan ganancias a pesar de que se les llama organizaciones sin fines de lucro”, dice la co-autora de los resultados en conjunto, Annie Chang.
De acuerdo a Chang, los presupuestos ajustados de los proveedores de cuidado infantil temprano pueden evitar que expandan la atención a más niños.
“Descubrimos que los proveedores basados en el condado de Los Ángeles, que brindan principalmente servicios de ECE luchan más con la liquidez que las organizaciones de servicios múltiples que ofrecen una gama más amplia de servicios para niños y familias, lo que probablemente sea el resultado de la falta de inversión pública en los programas de ECE”, afirman los expertos.
Dando énfasis a la crisis que enfrenta la ciudad de Los Ángeles con la indigencia, funcionarios locales quieren ahora penalizar de cierta a forma a los dueños de propiedades sin rentar o abandonadas.
Los proveedores que dependen predominantemente de fondos del gobierno experimentan constantemente restricciones de efectivo, que atribuyen a tasas de reembolso insuficientes.
Los proveedores identificaron disparidades en la atención que reciben los niños de bajos ingresos. Las fuentes de financiamiento como el Programa Preescolar del Estado de California, Head Start y el Programa de Pago Alternativo, tienen requisitos de calidad variables.
Los proveedores de ECE que atienden a niños de las comunidades más desfavorecidas de Los Ángeles tienen mayores restricciones de efectivo en relación con los pares con más acceso a la riqueza, afirma Chang
Particularmente entre las organizaciones que prestan servicios a comunidades de color, los proveedores describieron los desafíos para acceder a miembros de la junta, donantes y/o entidades filantrópicas, todo lo cual es fundamental para subsidiar el costo total de una atención de calidad.
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Encima de la falta de fondos, la fuerza laboral de esta asistencia está compuesta predominantemente por mujeres de color e inmigrantes, quienes reciben salarios muy bajos y mucha carga de trabajo.
Este proyecto estimó una compensación anual promedio de $21.000 por empleado, que cae por debajo del umbral federal de pobreza de 2017 de $24.600 para una familia de cuatro personas.
“Nuestros maestros subsidian esta industria, laborando con salarios por debajo del estándar y trabajando sin los apoyos necesarios en las aulas”, dice un proveedor de ECE, quien no dio su nombre.
“Este es un problema de Comercio Justo, está sucediendo aquí mismo en Estados Unidos y en California. El gobierno quiere obtener el mejor rendimiento por su dinero, pero las personas que prestan el servicio están siendo explotadas. Es un problema de comercio justo y explotación... debemos saber cuánto cuesta y financiarlo”, agrega.
Las organizaciones sostienen que se necesita más inversión pública para cubrir el costo total de los proveedores, comenzando con mayores tasas de reembolso de subsidios bajo la estructura actual.
Los encargados de formular políticas y los donantes filantrópicos deben coordinarse estratégicamente para proporcionar más capital al campo, especialmente fondos continuos y flexibles para apoyar las operaciones y construir las reservas de efectivo necesarias, agregan las recomendaciones.
Añaden que los formuladores de políticas deben comprender mejor las barreras para que los proveedores participen en programas necesarios para atender a las familias.
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